Originally published on May 27, 2020, in English
Traducido por Gisela Orozco
Si ves un mapa de los casos confirmados de coronavirus en Chicago, claramente el suroeste está sufriendo. Barrios como Pilsen, Brighton Park, La Villita y Las Empacadoras, están señalados en color oscuro. En el sur de ciudad, tanto las tasas de casos, como el número de casos confirmados, son entre los más altos de la ciudad, según el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH por sus siglas en inglés). Muchos de estos barrios son más del ochenta (80) por ciento “hispanos”, siguiendo la tendencia nacional de que las comunidades latinas son más afectadas.
En toda la ciudad, casi el treinta y cinco (35) por ciento de los que han dado positivo son latinos, el sector más grande de cualquier grupo demográfico racial. El rastreador del South Side Weekly, basado en datos de la oficina del Examinador Médico del Condado de Cook, muestra que La Villita es el barrio de latinos con más muertes por COVID-19, y ocupa el tercer lugar de todos los vecindarios. El código postal 60632, que cubre el área de Brighton Park y Archer Heights y que es ochenta y ocho (88) por ciento “hispano”, tiene una tasa de prueba positiva del treinta y siete (37) por ciento, con sesenta y cinco (65) por ciento de esos casos en la población “hispana”, según los datos de IDPH a finales de mayo.
Los códigos postales cercanos como el 60623 (que incluye La Villita), 60629, y 60804 (en Cicero, suburbio al oeste), tienen tasas positivas similares y números de casos confirmados y se encuentran en áreas mayoritariamente mexicanas.
Un código postal predominantemente latino en el norte, 60639, que cubre Belmont-Cragin, también está en azul oscuro en el mapa. Mientras tanto 60654, un código postal anglosajón en el Loop, tiene una tasa de prueba positiva de catorce (14) por ciento, según los datos de mayo.
Para aquellos que brindan atención médica a las comunidades del suroeste, los datos no son nada sorprendentes, ya que anteriormente han visto las mismas cifras. La Dra. Evelyn Figueroa, profesora de Medicina Familiar Clínica en la Universidad de Illinois en Chicago, directora ejecutiva de la Iniciativa de Salud Social Pilsen (Pilsen Social Health Iniciative), y fundadora y directora de la despensa de comida Pilsen Food Pantry, dijo que “se ve el mismo mapa una y otra vez en Chicago. Es la misma infografía para la inseguridad alimentaria, fondos por niño por escuela, violencia: los lados sur y oeste tienen lo peor de cualquiera que sea la situación”.
Los resultados en materia de salud suelen ser el resultado de desigualdades sociales estructurales. Como muchos residentes del suroeste son inmigrantes que no hablan inglés, es más probable que tengan los trabajos peor pagados y menos probabilidades de tener seguro médico. La larga historia de la práctica discriminatoria conocida como “redlining” (el racismo institucional en el sector inmobiliario que le impidió a los afroamericanos acceder a la vivienda de calidad), también limita el acceso a los recursos de salud para los residentes del sur.
Para llegar al Centro de Salud Esperanza, que ha realizado la mayoría de las pruebas de coronavirus en el suroeste, la mitad de los pacientes atendidos en su localidad de La Villita tienen que viajar una distancia desde el sur de la autopista Stevenson (I-55).
Y aunque nadie estaba preparado para el impacto de COVID-19, el suroeste de Chicago, que durante mucho tiempo ha estado afectado por la pobreza y que es bien conocido como un “desierto de salud”, lo estaba aún menos.
Después de su primera semana de pruebas de coronavirus, Project Vida, una organización de salud comunitaria en La Villita, detectó que el ochenta (80) por ciento de los examinados no tenían seguro médico, y que el noventa (90) por ciento de los examinados se identificaron como mexicanos o latinos. La falta de seguro, un gran obstáculo para la atención de la salud, suele deberse a una segunda barrera: concretamente, la residencia legal, que impide que muchos inmigrantes cuenten con los requisitos para recibir prestaciones públicas como Medicaid, o el simple hecho de solicitar atención médica debido a los altos costos y al temor de ser identificado como indocumentados.
A medida que el clima político bajo la administración de Trump empeora, los inmigrantes indocumentados lo piensan dos veces para atender sus necesidades médicas. Esther Corpuz, directora ejecutiva de Alivio, un centro de salud comunitario en Pilsen fundado para atender a los inmigrantes indocumentados, dijo que “con el tema de la carga pública, [los de nuestras comunidades inmigrantes] no quieren aceptar ningún tipo de beneficios públicos porque eso podría afectar su camino hacia la ciudadanía. Cuando Trump fue elegido, inmediatamente bajaron nuestras visitas. La gente dejó de venir, incluso después de muchos años de tener viniendo a Alivio, estaban muy asustados”.
La barrera del idioma es otra cuestión estructural que agrava la disparidad en cuanto a la salud. Figueroa se ofreció como voluntaria en una escuela de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS por sus siglas en inglés) ubicada en el suroeste, y se sorprendió al descubrir que las clases en esa escuela se realizaban completamente en español, ya que la escuela no podía costearse un plan de estudios de Inglés como Segundo Idioma (ESL). Aunque eran nacidos en Chicago, los estudiantes hablaban solamente español. “Esto es sistemático. Era una escuela primaria de CPS. Es inconcebible”, dijo Figueroa. La inhabilidad de hablar inglés limita las oportunidades para los latinos nacidos en Chicago, incluyendo el acceso a recursos de salud. “Cuando la gente habla de navegar el sistema, no entienden lo mucho que tienes que ser capaz de leer y hablar [el idioma] para lograrlo”.
Las desigualdades estructurales perpetúan la disparidad en el cuidado de salud y además, causan enfermedades crónicas. Algunas de las afecciones más comunes en las clínicas como Alivio y Esperanza son: diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, hipertensión, ansiedad y depresión.
La distribución de los recursos de salud en el suroeste de Chicago es, más allá de las desigualdades estructurales, también limitada, según Figueroa. La falta de seguro médico, los problemas sociales que afectan la salud y no hablar inglés con fluidez, hacen difícil que los proveedores de salud se mantengan a flote. Los proveedores de salud que eligen servir al suroeste son desafiados por las cargas administrativas causadas por la pobreza y los pagos más bajos de seguro público como Medicaid, así como por los costos generados por servir a inmigrantes indocumentados y contratar personal bilingüe, intérpretes o servicios de traducción.
Jim Sifuentes, director ejecutivo del Hospital Saint Anthony, dijo que las finanzas son especialmente difíciles para Saint Anthony, el cual se categoriza como un hospital de red de seguridad, comprometido a servir a cualquier persona en la comunidad, independientemente de su estatus migratorio o de su seguro médico. Cuando se le preguntó cuál era el mayor desafío de Saint Anthony, dijo: “No es la gente. No es la clínica. No es servir a la gente. Es que se nos pague”.
Mientras que los ingresos de un hospital promedio en los EEUU provienen aproximadamente de un sesenta y siete (67) por ciento de pagos de seguros privados comerciales, Sifuentes dijo que Saint Anthony, sólo tiene un cuatro (4) por ciento de pagos provenientes de seguros privados y casi un ochenta (80) por ciento de Medicaid o Medicare, con el resto de los pacientes no asegurados o indocumentados.
El mes pasado, Saint Anthony presentó una demanda contra el programa Medicaid de Illinois, diciendo que a mediados de febrero, las seis organizaciones de cuidado gestionadas del estado —aseguradoras privadas delegadas para reembolsar a las clínicas que ven pacientes de seguro público— le debían al hospital veintidós (22) millones de dólares. “Tuvimos que usar todo nuestro dinero para pagar las cuentas, porque no nos están reembolsando”, dijo Sifuentes.
Los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC por sus siglas en inglés), como Esperanza y Alivio, reciben financiamiento del gobierno federal, y pueden atender más fácilmente a sus pacientes latinos cobrando por servicios en una escala de pago variable. Aquellos que no están asegurados no pagan nada. Aun así, Esperanza sigue participando en la recaudación de fondos privados y solicita subvenciones para cubrir a pacientes no asegurados. Además, establecer nuevos FQHC y puntos de acceso es extremadamente competitivo y regulado, dijo la directora de Alivio, Esther Corpuz. Y los proveedores de salud más pequeños, como Project Vida, tienen aún más problemas para cumplir con los requisitos de financiación, como son las guías administrativas.
Lo que es más frustrante para los administradores de los hospitales, es que muchos de los proveedores de salud del suroeste son técnica y culturalmente competentes y cuentan con la confianza de la comunidad a la que sirven, pero la financiación no llega fácilmente. “No se pueden imaginar la calidad de las enfermeras, los médicos, e incluso las personas auxiliares”, dijo Sifuentes. “Podrían estar trabajando en otros lugares. Eligen venir aquí porque… creen que servir a las personas que no siempre tienen oportunidad es lo más importante”.
Sifuentes dijo que mientras otros hospitales de redes de seguridad se han visto obligados a cerrar servicios como pediatría y terapia de lenguaje para llegar a fin de mes, Saint Anthony es extremadamente consciente del dinero y hace todo lo posible para mantener los servicios operando. “Ve las necesidades de la comunidad. No hay manera de cerrar [estos servicios]. No sólo mantuvimos el departamento de pediatría abierto, tenemos un neonatólogo, que es algo único, nunca se vería eso en un hospital comunitario, y mucho menos, en una comunidad de redes de seguridad. Pero ese es nuestro compromiso”.
La pandemia del coronavirus ha puesto bajo la lupa los retos del sistema de salud, tanto de los residentes como de los proveedores de atención médica en el suroeste de Chicago, así como las desigualdades estructurales que los ocasionaron. De muchas maneras, COVID-19 ha aumentado las dificultades de vivir en una comunidad marginada de bajos ingresos en el centro de un desierto de la salud, dando como resultado la explosión de casos confirmados entre los residentes latinos en esa parte de la ciudad.
Dado que muchos residentes latinos del suroeste son trabajadores esenciales —con mayor representación en sectores laborales como la construcción, el servicio de alimentos, el transporte y el traslado de materiales— están en mayor riesgo de contraer COVID-19. Algunos continúan yendo a trabajar porque necesitan los ingresos, ya que muchos inmigrantes indocumentados no pueden recibir cheques de estímulo y beneficios de desempleo, o porque temen el desalojo u otras consecuencias financieras.
Otros trabajan porque sienten la presión de sus lugares de trabajo. Jerome Montgomery, director ejecutivo de Project Vida, compartió que “hemos atendido a individuos que nos han dicho que dieron positivo y que sus empleadores les han dicho que tienen que ir a trabajar, lo que va en contra de todas las recomendaciones del Departamento de Salud Pública que yo conozco”.
Además, los factores culturales impiden que la comunidad del suroeste de la ciudad siga al pie de la letra las recomendaciones de distanciamiento social. Como muchos viven en hogares multigeneracionales muy estrechos, el aislamiento no siempre es algo realista o posible. Puede que no sea posible dormir solo en una habitación o tener su propio baño. Sifuentes dijo que no es raro que tres o cuatro personas del mismo hogar sean hospitalizadas por COVID-19.
Otros desafíos parecen mundanos, pero son significativos. “Algunas de los empleados de la recepción nos preguntaron si podían usar sus uniformes para trabajar porque no querían ir a la lavandería tan a menudo porque estaban preocupados de contraer COVID-19”, dijo Dan Fulwiler, director ejecutivo de Esperanza. “Cosas tan pequeñas como esas son las que la gente no necesariamente piensa cuando tiene más dinero, y en nuestra comunidad, son verdaderos factores de estrés”.
Informar a las personas sobre los sitios de pruebas, los recursos de salud y las mejores prácticas pandémicas, está demostrando ser un gran desafío a la hora de abordar el COVID-19. La desinformación inspira miedo y pone en peligro el comportamiento de la gente. Figueroa dijo que el recorte de precios en artículos como guantes de plástico engaña a la gente en prácticas que, en realidad, no garantizan la seguridad. “Si usted escucha acerca de la higiene de las manos, todo dice que debe lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos, y sin embargo, cuando está en la tienda… persona tras persona, llevan guantes puestos y eso no ofrece protección. El virus de COVID vive hasta tres días en el plástico”.
Y es difícil para los latinos del suroeste entender y acceder a información precisa. “La gente altamente educada no entiende el COVID”, continuó Figueroa. “Entonces, ¿cómo se le va a decir a alguien que para empezar tiene un bajo nivel de alfabetización en español, y luego traducirlo a información de salud?”.
Al mismo tiempo, la noticia de que los residentes latinos son los más afectados por el virus sigue generando miedo. “Un paciente entró a la sala de emergencia pensando ‘Dios mío, soy positivo, voy a morir’. Y ellos lo creen”, dijo Sifuentes. El programa de bienestar del Hospital Saint Anthony está conectado con unas cien organizaciones comunitarias y trata de mantener los canales de comunicación lo más abiertos posible, para educar y llegar a las personas necesitadas.
Los medios de comunicación son una herramienta eficaz. Corpuz destacó que los medios en español son quizá la manera más poderosa de educar a la gente, junto con la información que va de boca en boca. En el sitio de pruebas de Alivio, los trabajadores médicos tratan de abordar pacientemente los miedos y proporcionan información educativa sobre las llamadas de seguimiento con aquellos que se hacen la prueba.
Organizaciones como Esperanza, Alivio, Saint Anthony, Project Vida y UI Health, están proporcionando sitios de pruebas de coronavirus en comunidades mayoritariamente mexicanas. Aunque la práctica en cada sitio varía, típicamente aquellos que desean hacerse la prueba hacen una cita, llenan los formularios necesarios y se someten a una prueba que se realiza en la nariz con hisopos que se envía a un laboratorio.
Los sitios son de autoservicio o sin cita previa y están equipados con personal que habla español. Los sitios son “drive-thru” o las personas pueden pasar caminando. Las pruebas son gratuitas o completamente cubiertas por el seguro, incluso para las personas indocumentadas que no están cubiertas bajo la Ley CARES, la cual cubre todos los costos de salud relacionados con coronavirus. Los resultados llegan en cualquier momento, en un lapso de 24 horas a 2 días.
Los sitios de pruebas ven una demanda variable y cada uno realiza entre treinta (30) y ciento cincuenta (150) pruebas al día. La mayoría de las organizaciones no han tenido que rechazar a la gente, aunque Alivio reportó escasez frecuente de equipos de prueba. Sin embargo, el acceso a los equipos de prueba es un desafío que tienen en común. Esperanza ha tenido que abastecerse de diferentes componentes de diferentes proveedores, lo que Fulwiler atribuye a la falta de una respuesta única y unificada a la pandemia. El Hospital Saint Anthony recibió recientemente tecnología de un donante para realizar una prueba más precisa que tarda sólo quince minutos, pero no ha sido capaz de obtener los reactivos necesarios para su uso. La lucha por obtener recursos cruciales para las zonas desatendidas, incluso en medio de una pandemia, continúa.
Algunas de las consecuencias de COVID-19 todavía no se han desarrollado para los proveedores de salud en el suroeste. Fulwiler cree que la Ley CARES no asignó suficiente dinero para reembolsar a los proveedores de atención médica el costo de las pruebas y el cuidado de los pacientes con COVID-19 no asegurados. Corpuz se preocupa por los retos de facturación con las compañías de seguros y la salud financiera de Alivio. Y Figueroa dijo que aunque la Ley CARES cubre los costos relacionados con el coronavirus para aquellos que no están asegurados, algunos hospitales siguen dándole facturas a los pacientes, quizás por costumbre, alimentando los temores preexistentes de la población no asegurada.
Por ahora, estas organizaciones comunitarias de salud se concentran en la mejor manera de servir al suroeste de Chicago durante esta crisis, buscando activamente educar a los residentes y proporcionar cuidados vitales.
Podría haber un lado positivo de una pandemia que es devastadora. A medida que los centros de salud comunitarios comienzan a derribar las barreras a la atención médica para los residentes del suroeste, pueden estar construyendo un futuro en el que esas barreras desaparezcan. A la luz de las circunstancias actuales, ahora los trabajadores de la salud pueden cobrar por la telemedicina hasta en su forma más básica de llamada de voz, reduciendo costos como el tiempo y el transporte asociados a acudir a una consulta en persona.
Como anécdota, Figueroa compartió que los pacientes realmente disfrutaron de las consultas por teléfono con médicos que ya conocían, aunque todavía hay barreras como que sean dueño de un teléfono o una computadora o tengan acceso a internet. Además, los centros de salud como Alivio llevan un registro de las personas que se hacen la prueba, su historial médico y su principal proveedor de atención médica o la falta de ello.
Aunque Alivio ha interrumpido las visitas generales, ha hecho la transición a la telesalud, ofrece recetas a domicilio, y supervisa a las personas mayores de 65 años, un grupo particularmente vulnerable al virus. “En lugar de sólo hacerles la prueba, les preguntamos: ‘¿Tiene alguna clínica? ¿Va con un médico? Si no, entonces, cuente con nosotros para que seamos su clínica”, dijo Corpuz. “Y entonces es que empezamos a conocer los problemas de salud que pueden tener”.
Más allá de las nuevas conexiones que los centros de salud están estableciendo con los pacientes, los residentes latinos del suroeste de la ciudad pueden volverse más proactivos sobre sus preocupaciones de salud después de la pandemia. “Creo que [COVID-19] ha asustado a la gente hasta el punto de que están cuidando su salud con mayor preocupación y tratando de abordarlos, en lugar de posponer las cosas”, dijo Corpuz.
Durante la crisis, los gobiernos estatales y locales también han tomado mayor conciencia de los grupos afectados de manera desproporcionada y de la necesidad de hacer frente a las desigualdades estructurales que perpetúan sus desafíos actuales. “La alcaldesa (Lori Lightfoot) dio recientemente una conferencia de prensa sobre COVID-19 en las comunidades latinas”, dijo Fulwiler. “Y fue alentador… Realmente se están movilizando para proporcionar vivienda a las personas vulnerables [al COVID] para permitirles que se pongan en cuarentena fuera de la casa con su familia, lo cual es un gran costo. Es algo realmente consciente”.
Cuando se le preguntó si pensaba que la pandemia cambiaría el futuro del suroeste de Chicago, Montgomery dijo: “¿Sabes?, tengo esperanzas. Si lo hiciera a mi manera, atraería más atención a la necesidad de cuidado de universal, independientemente de la ciudadanía. Eso permitiría comprender la necesidad del aumento al sueldo mínimo y un ingreso familiar básico.
“Le prestaría más atención a la importancia de la población inmigrante para la existencia misma de los Estados Unidos, y no sólo para nuestra economía sino también para quienes somos en el tejido de los Estados Unidos. Me gustaría ver que después de COVID, la gente se preocupe más por los demás y cómo sus acciones impactan a los demás. ¿Pero de que se haga una realidad? No lo sé”.
Susy Liu creció en Boston y actualmente estudia economía y sociología en la Universidad de Chicago. Su artículo anterior publicado en el Weekly es acerca de estudiantes de medicina que dan atención médica en las calles del sur de la ciudad.