La lucha por quedarse

“Por dónde empezar….

Mi esposo llegó del trabajo, le di de comer y se bañó. Y yo le dije, ‘vamos a ir al parque con los niños, ¿no quieres ir?’ Me dijo ‘no, váyanse ustedes.’ Nos fuimos y veinte minutos más tarde me llamó, y le dije, ah, ahora sí quieres venir. Bueno, dijo, ‘Estamos llamando porque le vamos a llevar a su esposo. Traiga llaves y venga pronto para cerrar la casa.’ Vinimos corriendo y todos estaban allí. Le pregunté a uno por qué estaban llevando mi esposo. Y me dijo que no nos podía decir, no nos podía explicar nada. Los niños llorando, ay, y yo andando como loca, buscándolo.

Fui a todas las prisiones para buscarlo. Los policías preguntaron como eran, los que habían venido. Y yo pues, no me fijé bien, todos estaban vestidos de negro. Los policías dijeron que habían sido los de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos]. Yo empecé a temblar y dije, ‘tengo que ver a un abogado.’ Andaba desesperada, porque yo nunca había pasado por este momento.”

-Josefa Gonzalez

Wilson Gomez-Pu fue deportado al fin de noviembre después de que su DUI atrajo la atención de los oficiales de inmigración. Su pareja, Josefa Gonzalez, y sus dos hijos siguen en Chicago. Gonzalez refiere a Gomez-Pu como su esposo, pero no están legalmente casados. Sufriendo de la depresión y de la diabetes, Josefa está inundada con la responsabilidad de criar a dos hijos sola y pagar sus deudas. Josefa Gonzalez es parte del grupo de personas que permanecen aquí, solas, después de que sus familiares fueron deportados. Ella y su familia comparten el castigo que recibió su sustentador.

Familias navegando el proceso complicado entre estatus ilegal y legal vieron una luz de esperanza este otoño, cuando el presidente Obama anunció dos programas que se van a implementar en los próximos meses. El presidente hizo este anuncio el 20 de noviembre del 2014—en la misma semana que Gomez-Pu fue deportado. DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia) que fue establecida en 2012, será extendida para incluir a más gente. DAPA (Acción Diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales) les permite a los padres de hijos nacidos en los Estados Unidos ser diferidos. La acción diferida es el uso de discreción para posponer temporariamente la deportación de un individuo. Los que han sido elegidos para la acción diferida están autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

Rosi Carrasco, una directora de programas para Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD) está feliz que una orden ejecutiva haya sido implementada, pero se siente decepcionada por sus limitaciones. “Desafortunadamente excluyó a la gente que no tiene hijos ciudadanos, o que no tiene hijos. Excluyó a los miembros de la comunidad gay, excluyó a gente que ha trabajado por tantos años aquí.” Carrasco propone usar educación y movilización de la comunidad para parar las deportaciones. “Para nosotros, el trabajo continua.”

Isabel Anadon es una analista política para Latino Policy Forum, una organización que pone la importancia en la educación y en trabajando a varios niveles de apoyo y reforma. Ella recalca la preocupación que estos programas pueden cambiar dependiendo de quién tiene el poder político. “Creo que los desafíos que están viendo son que son solo temporarios, y no estamos seguros cómo, en dos años cuando haya otra elección de presidente, el nuevo presidente cambiará o no las leyes.”

No hay una aplicación todavía para los dos programas, entonces los que piensan que califican deben tener cuidado de la gente fraudulenta que promete admisión temprana a los programas. Anadon sugiere que la gente que cree que califica para DACA o DAPA debe hablar con servicios legales certificados ahora mismo para entender su caso y para estar lista con los documentos necesarios cuando las aplicaciones se abran.

Adquirir la Acción Diferida no es simple. Para calificar, es necesario cumplir varios requisitos estrictos. Tiene que probar que llegó a los Estados Unidos antes de cumplir los dieciséis años, ha vivido ininterrumpidamente aquí desde el primer dia de enero del 2010, y ha graduado, ha obtenido un GED, o sigue en la escuela. Puede ser difícil obtener documentos que demuestran estos eventos.

Candidatos tienen que tener pruebas—prueba de identidad, evidencia de presencia ininterrumpida en el país y prueba de estatus como estudiante o militar. Los indocumentados tienen que mostrar documentos que muestran el dato de su llegada y su presencia en los Estados Unidos—documentos como una acta de nacimiento, recibos de giros bancarios o documentos de la iglesia. Además, tienen que pagar una multa de 465 dólares.

Imelda Salazar, una coordinadora de la comunidad para El Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP) está optimista pero cautelosa. “Yo creo que por lo menos con las familias con las cuales yo he trabajado, están listos, están ahorrando el dinero, quieren aplicar. La multa es de 465 dólares, es una lástima que no sea menos, pero el alivio es invaluable. Que una mamá pueda dormir tranquilamente porque no va a venir inmigración es invaluable.” Salazar fue una intermediaria entre Josefa Gonzalez y SWOP y visita la familia frecuentemente para traer comida.

Pero para muchos, es una decisión difícil. Según el Instituto para Policía Migratoria, solo 55% de los inmigrantes jóvenes que calificaron aplicaron para DACA en 2012. Un reportaje publicado por el Instituto en agosto del 2014, “DACA después de dos años” dice que las razones por las cuales que 45% decidieron no aplicar a DACA son el precio para aplicar, no poder probar que han estado en los Estados Unidos continuamente y no poder adquirir los requisitos educativos necesarios. Como estos nuevos programas no han empezado a aceptar aplicaciones, no se puede saber si van a ser más exitosos.

El éxito mediocre del programa del 2012 muestra que no hay comunicación clara entre la administración y los inmigrantes indocumentados. Si los inmigrantes sin documentos quieren ser legalizados y tener protección contra la deportación, y el gobierno les ofrece esa protección, es raro que ni siquiera una mitad de los que califican aplique. Sea desconfianza en el gobierno, sea falta de educación sobre el programa o sea error de juicio de la parte del gobierno, este caso muestra que hay una brecha entre legisladores y la populación sin documentos. Por un residente sin documentos, es riesgoso anunciarse al gobierno.

El gobierno mide el estatus legal usando factores como lugar de nacimiento y presencia ininterrumpida en el país. Lo que los grupos de inmigración enfatizan es la idea que la deportación y el estatus de inmigración deberían ser medidas desde el punto de vista de la participación social en la comunidad.

Grupos de inmigración como OCAD usan su voz colectiva para probar que los que están en peligro de ser deportados son queridos y activos en la comunidad del sur de Chicago. Carrasco explica, “Lo que hemos aprendido es que cuando hay una comunidad organizada hace una gran diferencia…Lo más importante para nosotros es entender eso claramente, que siempre las autoridades tienen la facultad en cada caso de usar discreción. Entonces, con esa convicción, una de las estrategias es precisamente darle la importancia que tiene a las contribuciones de nuestras familias.”

OCAD y sus aliados tienen la capacidad de influir las restricciones estrictas de la policía. Forzan a los oficiales de inmigración a reconocer que cuando ejecutan y aceleran las deportaciones, están negando amnistía a los que ya trabajan y viven como americanos. Carrasco continua, “Creo que la comunidad va a seguir presionando porque al final la gente nuestra tiene raíces en este país—tienen sus casas, sus trabajos, sus hogares— y entonces tienen que seguir luchando por su derecho a vivir aquí con dignidad y con justicia.”

Aun en el caso de Gomez-Pu, Carrasco está segura que los oficiales podían usar la discreción y ser menos severos. Carrasco estuvo involucrada en el caso. Los detalles de su caso no ofrecen ninguna conclusión obvia. Wilson Gomez-Pu vino a los Estados Unidos en 2000 para escapar las pandillas en Guatemala que mataron a su hermano y su padre. Él volvió a los Estados Unidos sin inspección en 2001. Después de conocer a Josefa Gonzalez, se establecieron en Gate Park en el sur de Chicago. La pareja tiene dos hijos, Dalila y Wilson Jr.

En 2013, Gomez-Pu fue condenado por manejar bajo la influencia del alcohol. Este incidente atrajo la atención de oficiales de inmigración. En agosto del 2013, agentes de ICE le sacaron de su casa y le pusieron en detención. Gomez-Pu describió la situación peligrosa en Guatemala y fue referido a la Oficina de Asilo en Chicago y Servicios de Ciudadanía y Inmigración de los Estados Unidos. En una entrevista, un oficial de asilo decidió que Gomez-Pu no tenía suficiente “miedo legitimo” de regresar a Guatemala.

Sin embargo, después de protestar esta decisión, un juez de inmigración decidió que en realidad, sí tenía suficiente “miedo legitimo.” Pero al fin, después de un proceso arduo, fue negado por el juez y Gomez-Pu fue deportado. El juez juzgo que la manera en que Gomez-Pu explicó los eventos en Guatemala era contradictoria y insuficiente. En la decisión de la corte, se puede ver que pusieron mucha importancia en discrepancias pequeñas en la narración de Gomez-Pu.

Carrasco cita el doble estándar que está presente en la penalización de los inmigrantes indocumentados. “Aunque dice en las regulaciones que si tiene un DUI no puede ser incluido, nosotros sabemos que sigue todavía la discreción de parte de las autoridades. El problema es que castigan a la gente con la deportación. Si es un ciudadano él que comete un error, tiene opciones de tomar un curso, de pagar sus multas, de corregir y enmendar el daño que hizo o pagar las consecuencias.

El doble estándar que Carrasco cita está presento en el caso de Gomez-Pu. Ella continúa, “Pero la deportación no debería ser una consecuencia, así que queremos que la gente corrija los errores que cometió. En el caso del señor Wilson, tenía sus hijos, tenía su hogar, su familia, cometió un error, pero siempre los agentes de inmigración pueden usar la discreción y no lo hicieron.”

OCAD y SWOP no sólo ayudan a publicitar los casos, circular peticiones y ofrecer ayuda legal. Como muchas organizaciones que pelean por los derechos de los inmigrantes, los grupos locales también prestan atención a los efectos de las deportaciones en la comunidad: la salud mental y el bienestar de los miembros de la comunidad que han sufrido la deportación de un querido.

Salazar dice de la importancia de los servicios de salud mental en la comunidad, “La salud mental es una gran parte de SWOP, de nuestro equipo de inmigración. Porque sabemos lo devastador que es para una familia, que alguien, especialmente el sostén, no este allí. Para la mamá, quiere decir una vida diferente. Para la mamá que se queda en casa, ahora tiene que encontrar trabajo, y los hijos no van a tener un hogar con dos padres, es una vida completamente nueva.”

Este centro de atención está liado al reconocimiento de los seres humanos en cada caso de deportación. OCAD acentúa la conexión a través de testimoniales y gran atención personal a cada caso. Salazar lo dice bien: “Somos seres humanos, y todo lo que queremos es reconocimiento y de ser tratados con dignidad.”

“El niño estaba muy apegado con su papá. Ellos preguntan cuándo va a regresar su papá, y la verdad es que ya no sé ni qué decir porque no los voy a estar engañando. Ya quieren que regrese a casa, se sienten muy tristes y la verdad. Ha sido ay no….me ha ido tan mal. Yo trabajo para una compañía de limpieza, pero nos pagan bien poquito. 15 dólares para una casa. No miento. Esta semana, de lunes a sábado, no saque ni 200 dólares. Ya apliqué para otros lados. Ya me desespero. Me desespero porque mis hijos necesitan zapatos, necesitan ropa.”

—Josefa Gonzalez

Separada de su esposo y lejos de sus otros familiares, a Josefa Gonzalez le cuesta sobrevivir después de la deportación. Mal pagada, estresada y deprimida, para ella y para muchos otros, la importancia de servicios para la salud mental es innegable.

La figura del inmigrante ilegal es una simplificación que defina una persona por su estatus político en el país. Esta simplificación no considera que estamos hablando de una persona verdadera, con un pasado, una familia, y una experiencia única de inmigración.

Sin duda, el caso de Wilson Gomez-Pu es complicado. De un lado hay las referencias positivas de los detenidos y los oficiales en su centro de detención y la devoción de su familia. Del otro lado hay una reentrada ilegal y un DUI. Después de catorce meses de suspensión, el gobierno finalizó su deportación.

¿Mereció quedarse? Ésa es la pregunta al centro de este caso, y todos los casos de inmigración. Aunque las leyes cambien, el gobierno siempre responde definitivamente si o no a esta pregunta. Midiendo el mérito está al centro de las leyes de inmigración, una cosa que es bien problemática. La pregunta es: Quién merece ser americano?

Cristina Ochoa, Alejandra Arce, y Rachel Schastok ayudaron traducir y corregir el artículo.