Una empresa intermediaria de datos que brinda acceso a información sobre personas encarceladas podría actuar como una “puerta trasera digital” que permite a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acceder a datos personales de miles de inmigrantes en el condado.
En una reunión de la Junta del Condado de Cook el año pasado, los comisionados expresaron su preocupación por el uso que hace la Oficina del Alguacil del sistema llamado VINE (Victim Information and Notification Everyday o Información y Notificación Diaria para Víctimas), pero votaron a favor de mantenerlo. VINE notifica a las víctimas de delitos cuando una persona acusada o condenada es liberada de la cárcel, transferida o cambia su estatus de detención.
El acceso de ICE a esos datos va mucho más allá del que tiene el público, ya que permite a los agentes combinar los registros carcelarios de VINE con datos personales para crear perfiles que pueden precisar dónde viven y trabajan las personas. Los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que esa información, originalmente destinada a la notificación a víctimas, se ha reutilizado en bases de datos comerciales que ICE utiliza para localizar y arrestar a inmigrantes.
Ahora, los defensores están renovando su campaña para que la Junta modifique el contrato del condado con VINE una vez que el acuerdo actual finalice en noviembre.
En 2011, la Junta del Condado de Cook adoptó una ordenanza de “ciudad santuario” que prohíbe que la Oficina del Sheriff colabore con ICE o con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el cumplimiento de “detainers” o solicitudes para avisar cuando un inmigrante encarcelado vaya a ser liberado. La ordenanza también prohíbe el uso de recursos del condado para hacer cumplir leyes migratorias federales.
Esta política local es distinta a la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago y a la ley estatal conocida como el TRUST Act, que también limitan la colaboración de las autoridades policiales con los procesos administrativos de detención y deportación de ICE.
Sin embargo, desde 2015, la Oficina del Sheriff del Condado de Cook (CCSO) ha compartido datos en tiempo real sobre encarcelamientos y liberaciones con la empresa Appriss como parte del sistema VINE.
Appriss Insights —la división de Appriss que administra VINE— es propiedad de Equifax. Según el contrato del Condado de Cook, una disposición llamada cláusula ‘Risk Solutions’ permite que Appriss comparta datos carcelarios con LexisNexis Risk Solutions, una empresa completamente distinta. Luego, LexisNexis incorpora esos datos en su base de datos Accurint, que ICE utiliza bajo un contrato multimillonario.
Los defensores no están pidiendo a la Junta que elimine por completo a VINE, sino que quieren que los comisionados modifiquen el contrato de la empresa para eliminar la cláusula llamada “risk solutions” que autoriza a Appriss a compartir ciertos datos carcelarios con empresas externas, incluyendo LexisNexis Risk Solutions.
LexisNexis tiene un contrato vigente con ICE por un valor de hasta $22.1 millones, que le otorga a la agencia acceso a datos en tiempo real sobre ingresos a cárceles, así como nombres, direcciones, registros judiciales, información de licencias de conducir, datos telefónicos y más.
Las preocupaciones comunitarias por el acceso de ICE a estos datos han ido creciendo, según Cinthya Rodríguez, ex organizadora nacional de Mijente y conductora de la campaña “#NoTechforICE”, que expone la vigilancia tecnológica de comunidades inmigrantes.
Rodríguez dijo que algunas personas en Estados Unidos han sido arrestadas por ICE de formas que sugieren vigilancia basada en sus datos, incluso en casos de individuos con poca o ninguna historia criminal.
“La gente estaba siguiendo casos de deportación y todos tenían la misma pregunta, sin importar en qué parte del país estuvieran”, dijo. “Todos preguntaban: ‘¿Qué tipo de ayuda está recibiendo ICE? ¿Cómo están obteniendo los nombres, direcciones, lugares de trabajo y vehículos de las personas?’”.
Rodríguez contó el caso de Francisco, miembro de la organización de derechos de los inmigrantes Centro Sin Fronteras, quien fue detenido en 2022 por ICE en el lado norte de Chicago. “Estaba bañándose cuando ICE entró y literalmente lo sacó de su casa”, relató. El incidente provocó preguntas urgentes en la comunidad. “La gente se preguntaba, ‘¿Cómo supo ICE dónde vivía y que estaba en casa en ese momento exacto?’”.
La detención de Francisco motivó a Just Futures Law, una organización legal y de defensa que colabora con grupos comunitarios para desmantelar sistemas de vigilancia masiva, a presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) a ICE ese mismo año. Los documentos obtenidos confirmaron que la oficina de ICE en Chicago utilizó herramientas de LexisNexis para realizar más de 13,000 búsquedas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias civiles en 2021.
En 2022, la comisionada del Condado de Cook del distrito 7, Alma Anaya, presentó una resolución solicitando una investigación sobre cómo se estaba compartiendo o vendiendo la información personal de los residentes del condado, una práctica que, advirtieron los defensores, podría violar las leyes santuario locales y estatales. Anaya se unió a organizadores pro inmigrantes en una conferencia de prensa para exigir acción a la Junta de Comisionados. El 27 de julio de 2022, la Junta tuvo una audiencia pública para examinar el tema.
Durante la reunión, miembros del público y testigos expertos argumentaron que VINE funcionaba como una “brecha digital” en la ordenanza santuario del condado. Representantes de Just Futures Law recomendaron enmendar la ley santuario para prohibir el intercambio indirecto de datos con ICE a través de terceros como LexisNexis, así como auditar los contratos existentes que comparten datos judiciales o carcelarios, y reforzar futuros acuerdos para restringir explícitamente el acceso o la reventa de información sensible. El objetivo, enfatizaron, es evitar que la recolección de datos locales alimente silenciosamente la aplicación federal de leyes migratorias.
Cuando el contrato del condado con Appriss expiró en octubre de 2024, la Junta votó para extenderlo un año más, pese a la creciente presión de grupos pro-inmigrantes para cancelarlo. Miembros de organizaciones como Mijente, la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR) y Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD) asistieron a la reunión y hablaron en contra de los peligros de la laguna legal.
En enero, las llamadas de emergencia a la Red de Apoyo Familiar y Línea Directa de OCAD aumentaron significativamente: de recibir unas pocas llamadas diarias en 2024, pasaron a recibir entre 100 y 150 a principios de 2025.
Xanat Sobrevilla, organizadora de OCAD que ayuda a familias a enfrentar la incertidumbre que surge cuando un ser querido es detenido por ICE sin previo aviso, expresó su preocupación por la forma en que ICE obtiene información que lleva a arrestos y localiza a personas de maneras que la comunidad no comprende —a menudo sin órdenes judiciales ni justificación clara. “Estamos viendo a personas detenidas, y esto enciende alertas sobre cómo ICE las encuentra tan rápido”, dijo.
Aunque no se ha fijado una fecha de votación formal, se espera otra decisión antes de que el contrato expire nuevamente a finales de 2025.
“Tenemos todas las razones para pensar que esta herramienta de LexisNexis es una de las piezas clave en la caja de herramientas de ICE para encontrar personas”, dijo Laura Rivera, abogada principal de Just Futures Law. “ICE no tiene que entrar a las cárceles porque los datos llegan a ellos”.
ICE no necesita acceder directamente al sistema VINE para obtener datos sobre inmigrantes, dicen los defensores. Cuando se ingresa información sobre liberaciones de cárcel en VINE, esta queda disponible a Appriss. Appriss es una subsidiaria de LexisNexis Risk Solutions, lo que según los defensores significa que los datos pueden canalizarse luego hacia bases de datos más amplias de LexisNexis, incluyendo Accurint.
Accurint es una herramienta de vigilancia comercial propiedad de LexisNexis Risk Solutions y utilizada por ICE para localizar y rastrear personas, según un informe de 2022 del Electronic Privacy Information Center.
El 3 de junio, el Weekly presentó una solicitud de FOIA a ICE para obtener documentos recientes relacionados con el uso de LexisNexis Accurint y Appriss por parte de agentes de su oficina en Chicago. La respuesta a esa solicitud sigue pendiente.
Los defensores también afirman que LexisNexis recopila datos de residentes del Condado de Cook de otras formas, lo que también afecta a personas sin antecedentes penales, ya que bases comerciales como Accurint extraen información de una vasta red de registros públicos, datos de consumo y actividad en línea.
Claudia Marchán testificó en una reunión de la Junta del Condado de Cook en octubre de 2024 sobre cómo estas prácticas de intercambio de datos la habían afectado personalmente, a pesar de que nunca ha sido arrestada ni ha estado involucrada en el sistema judicial. “Nunca fui arrestada. Nunca fui condenada. No estoy en el sistema judicial. Y aun así, mi información personal apareció en una base de datos policial debido a LexisNexis”, dijo.
Rodríguez, de Mijente, quien también asistió a esa reunión, le dijo al Weekly que algunos funcionarios reconocieron haber escuchado sobre el problema antes de la reunión, pero no conocían los detalles del contrato, mientras que otros parecían no estar al tanto de las implicaciones hasta ese día. “Todos estaban como ‘no teníamos idea’ o echándose la culpa entre ellos”, dijo.
Marchán dijo que solicitó una copia de su archivo de datos a LexisNexis y se sorprendió al descubrir que tenía 46 páginas.
“Quedé realmente impactada”, dijo al Weekly. “Lo que más me llamó la atención fue ver mi número de Seguro Social completo y hasta información detallada sobre mis familiares. Vengo de una familia con estatus migratorio mixto, y si ese tipo de información llegara a manos de ICE, podría ponernos a muchos en peligro”.
Añadió que espera que la Junta finalmente “tome una decisión que demuestre a la comunidad que los respalda”.
Según Rivera, los datos de Marchán probablemente entraron al sistema de LexisNexis a través de una red de registros públicos y comerciales como facturas de servicios, escrituras hipotecarias o bases de datos de consumo, más que por una conexión con el sistema carcelario o VINE.
Aun así, el caso de Marchán muestra el alcance y el peligro de estos sistemas de vigilancia comercial y por qué los defensores dicen que el Condado de Cook no debería alimentar con sus datos carcelarios a estas plataformas.
Mediante un contrato de $22.1 millones con LexisNexis, ICE tiene acceso a informes personales detallados como el de Marchán —parte de una vasta base de datos que incluye información de ciudadanos y no ciudadanos. LexisNexis, ampliamente conocida por sus herramientas de investigación legal, también opera como un poderoso corredor de datos.
En esa reunión de octubre de 2024, Adam Newman, asistente especial de asuntos gubernamentales y legislativos en la Fiscalía del Estado, abordó directamente las preocupaciones sobre el contrato con Appriss. Reveló públicamente que Equifax, propietaria de Appriss, había advertido al condado que eliminar el acceso de ICE podría resultar en un aumento del precio del contrato.
También dijo que Appriss había dado una garantía por escrito de que los datos carcelarios del Condado de Cook no serían compartidos con ICE a través de las plataformas de LexisNexis. El Weekly solicitó comentarios y una copia de la garantía por escrito, pero no recibió respuesta.
Los defensores proinmigrantes afirman que este acuerdo no es suficiente, ya que no hay mecanismos legales de cumplimiento ni transparencia para garantizar su cumplimiento. Señaló que, a diferencia del contrato del Condado de Cook, el acuerdo del Departamento de Correcciones de Nueva York con Appriss no contiene la cláusula Risk Solutions, lo que demuestra que es posible estructurar un contrato que no canalice datos hacia ICE a través de terceros.
La comisionada Anaya le dijo al Weekly que desde la votación de octubre de 2024, la Junta ha mantenido múltiples reuniones con las partes interesadas para abordar las preocupaciones sobre el contrato con Appriss. Señaló que, aunque Appriss también opera en la ciudad de Nueva York, ese contrato no incluye la cláusula “Risk Solutions”.
“Seguimos reuniéndonos con las partes interesadas para comprender las complejidades y desafíos en este tema”, dijo Anaya, “y trabajamos juntos para garantizar que se tomen las medidas correctas sin causar consecuencias no deseadas”. Añadió que, en un momento en que las libertades civiles están siendo debilitadas en todo el país, es fundamental que el Condado de Cook siga siendo un líder en la protección de todas las personas que interactúan con el gobierno del condado.
En la reunión de octubre de 2024, la Junta aprobó una renovación del contrato por un año sin enmiendas. Los comisionados dijeron que planeaban revisar el contrato en los meses siguientes. La demora dejó frustrados a los defensores, quienes criticaron la falta de un escrutinio más riguroso antes de aprobarlo.
Los defensores sostienen que la relación del condado con Appriss contrasta fuertemente con su postura pública como jurisdicción santuario.
Rivera, de Just Futures Law, explicó que es difícil trazar una línea directa entre las herramientas de vigilancia de ICE como LexisNexis y arrestos individuales porque ICE no está obligado a registrar o revelar qué herramienta de vigilancia o base de datos utilizó para localizar a alguien, por lo que a menudo no hay un rastro oficial que vincule un arresto con un método o consulta específica. “Esta información generalmente no forma parte del expediente de ICE de una persona”, dijo Rivera.
Pero señaló que, al examinar documentos federales de contratación pública, está claro que ICE considera las herramientas de LexisNexis “fundamentales para sus operaciones”.
“Esa es su palabra: ‘fundamentales’. Estas plataformas son esenciales para que ICE localice y apunte a personas, especialmente en lugares donde las fuerzas del orden locales no pueden cooperar legalmente”, agregó.
En agosto de 2022, grupos proinmigrantes como Mijente, Just Futures Law y OCAD presentaron una demanda contra LexisNexis Risk Solutions, alegando que la empresa fue utilizada por ICE para acceder a datos personales y relacionados con cárceles sin consentimiento, violando leyes de privacidad y protección al consumidor de Illinois. Marchán también fue demandante.
Su preocupación es que la plataforma Accurint de LexisNexis Risk Solutions actúe como un conducto digital que le permite a ICE rastrear y localizar personas usando datos que originalmente provienen de gobiernos locales, incluyendo el Condado de Cook, incluso en jurisdicciones santuario.
En abril de 2024, la Corte de Circuito del Condado de Cook rechazó el caso, al dictaminar que los demandantes no tenían legitimación legal y no demostraron fundamentos suficientes para las reclamaciones.
Los defensores dicen que no están en contra de programas de notificación a víctimas de delitos como VINE, pero quieren mayores protecciones frente a su uso indebido por agentes federales de inmigración. “No estamos en contra de mantener a las víctimas informadas”, dijo Rivera. “Pero, ¿por qué estamos pagando por un sistema que también alimenta deportaciones?”.
“Como mínimo, los funcionarios locales deberían auditar estos contratos. Si estás financiando algo que pone en riesgo a tus residentes, eso es un problema de rendición de cuentas pública”, agregó. “Aunque esto no sea ilegal, eso no lo hace correcto. Hay una responsabilidad moral y política de asegurarse de que los datos no se utilicen para dañar a las personas que se supone deben proteger”.
Alma Campos es la reportera de inmigración y editora de proyectos del Weekly.