Traducido por Alma Campos. Lee en inglés aquí.
El 4 de octubre, el agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum disparó contra la residente de Chicago Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense que se había unido a un grupo de respondedores rápidos que seguían a Exum y a otros agentes de inmigración en el suroeste de la ciudad. Luego, presumió de haberlo hecho.
“Disparé 5 veces y ella tenía 7 heridas de bala. Pongan eso en su libro, muchachos”, escribió Exum en un mensaje de texto que se hizo público en documentos judiciales en noviembre.
Los mensajes salieron a la luz en la corte mientras el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) se preparaba para llevar a juicio a Martínez y a un hombre llamado Anthony Ian Santos Ruiz, acusándolos de haber agredido u obstaculizado a agentes federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a la Patrulla Fronteriza, los calificó de “terroristas domésticos” en un comunicado de prensa del 4 de octubre.
El departamento afirmó que Martínez y Santos Ruiz utilizaron sus vehículos para embestir a los vehículos de los agentes de la Patrulla Fronteriza en Brighton Park ese mismo día, mientras omitía que Exum disparó varias veces contra Martínez, describiendo el hecho como “fuego defensivo”. El DOJ emitió un comunicado el 5 de octubre anunciando los cargos contra ambos.
Menos de tres semanas después de que los mensajes de texto de Exum se hicieran públicos y de que él comparece ante la corte, los fiscales federales solicitaron desestimar el caso. La jueza del distrito Georgia Alexakis lo desestimó con perjuicio el 20 de noviembre.
Ahora, se prevé que se haga público aún más material del caso. Alexakis dijo en una audiencia judicial la mañana del viernes 6 de febrero que concedería en gran medida la moción de Martínez para modificar una orden de protección que en la corte había impuesto sobre material relacionado con su procesamiento ya desestimado. Esto incluye mensajes de texto adicionales enviados por Exum, grabaciones de cámaras corporales de otros agentes el día en que disparó contra Martínez (Exum no tenía prendida su cámara corporal en ese momento) e imágenes recopiladas por cámaras de vigilancia Flock en Chicago.
“Ahora vamos a correr el telón y ustedes podrán ver cómo el propio gobierno responde a la interacción con estos agentes en los momentos posteriores a que ocurre uno de estos tiroteos. Creo que es importante que la gente lo vea”, dijo a la prensa Christopher Parente, abogado de Martínez, después de que Alexakis emitiera su fallo el viernes, en referencia a los asesinatos cometidos por el DHS de Renée Good, Alex Pretti y Silverio Villegas González.
Martínez presentó la moción para modificar la orden de protección en la última semana de enero. En el documento expresa su deseo de informar al público “sobre cómo responde el DHS en casos en los que sus agentes usan fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses” y de contrarrestar la acusación continua del gobierno federal de que ella es una terrorista.
“A pesar de desestimar voluntariamente los cargos contra la Sra. Martínez, funcionarios gubernamentales de alto nivel continúan sosteniendo que el conjunto y la esencia de los hechos alegados en la acusación contra la Sra. Martínez son verídicos”, señala la moción. “Hasta el día de hoy, la Sra. Martínez es descrita como una ‘terrorista doméstica’ que ‘embistió a agentes federales con su vehículo’ en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional”.
Martínez reiteró ambos objetivos cuando habló en un foro congresional bicameral (aunque no bipartidista, ya que ningún legislador republicano asistió) el 3 de febrero sobre las acciones violentas de agentes del DHS en Washington, D.C.
Testificó ante senadores y representantes demócratas junto a Luke y Brent Ganger, hermanos de Renée Nicole Good, a quien el agente de ICE Jonathan Ross disparó y mató en Minneapolis el 7 de enero; Aliya Rahman, residente de Minneapolis y ciudadana estadounidense con una lesión cerebral, a quien agentes federales sacaron violentamente de su automóvil y detuvieron cuando se dirigía a una cita médica el 13 de enero; y Daniel Rascon, quien junto con otros familiares fue confrontado violentamente por agentes federales armados en el sur de California durante dos días distintos en agosto pasado. En uno de esos encuentros, mientras Rascon y sus suegros conducían, un agente disparó contra su vehículo.
Martínez presentó un testimonio preparado y respondió preguntas de seguimiento de los legisladores presentes. Dijo que lo que más deseaba del gobierno era una admisión de culpa.
“Solo un ‘lo sentimos, usted no es una terrorista doméstica’. Eso es todo”, le dijo al representante demócrata de California Ro Khanna durante la audiencia. “Eso es lo único que quiero, eso es todo lo que estoy pidiendo. Que admitan que se equivocaron”.
Al cierre de esta edición, la declaración del DHS que califica a Martínez como terrorista sigue disponible en su sitio web, y un portavoz del departamento indicó que no estaba dispuesto a retractarse de esa etiqueta.
“El DHS respalda nuestros comunicados de prensa y declaraciones”, dijo un portavoz del DHS al Weekly. “Los hechos de lo ocurrido no han cambiado”.
El viernes, la jueza Alexakis ordenó a las partes que se reunieran para discutir modificaciones a la orden de protección vigente. Parente dijo a la prensa que se reuniría con los abogados del gobierno durante el fin de semana y que no se debía esperar la orden modificada, ni ningún nuevo material que se desclasificara, antes del lunes 9 de febrero.
El fallo de Alexakis se produjo después de que tanto la defensa de Martínez como el DOJ presentaran argumentos contrapuestos sobre su moción. El DOJ afirmó inicialmente que Alexakis carecía de jurisdicción para decidir sobre el asunto, dado que organizaciones de medios tenían su propia apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito respecto al acceso a materiales sellados. Suponiendo —correctamente— que Alexakis no aceptaría ese argumento, los fiscales luego instaron a la jueza a no modificar la orden de protección respecto a los mensajes de texto que Exum envió a su esposa, hermano y compañeros de trabajo, los cuales formaban parte del descubrimiento del juicio abortado de Martínez y Santos Ruiz.
Los abogados del DOJ argumentaron que los mensajes no tenían “ninguna relación con la base central” de la moción de Martínez y que “solo servirían para manchar aún más al agente Exum, a su familia y a sus compañeros de trabajo”.
El gobierno también buscó mantener selladas las imágenes captadas por cámaras lectoras de placas y cámaras de seguridad Flock en Chicago, alegando que eran “sensibles para las fuerzas del orden”.
El gobierno sostuvo que, si se hicieran públicas, las imágenes “podrían revelar la ubicación de numerosas cámaras Flock y LPR utilizadas por las fuerzas del orden, lo que causaría daño a futuras investigaciones y podría comprometer la seguridad pública”.
Martínez respondió en un escrito separado presentado el jueves pasado, reiterando que su objetivo era combatir la narrativa del gobierno, no comprometer los intereses de las fuerzas del orden. En cuanto a si los mensajes de texto enviados por Exum mancharían aún más su reputación, la defensa de Martínez respondió que él ya se había manchado por sí mismo.
“El agente Exum envió estos mensajes en los minutos, horas y días posteriores al tiroteo”, señala la respuesta. “Estas son sus propias palabras. En la medida en que puedan ‘manchar’ su reputación más de lo que ya lo han hecho sus mensajes de texto previamente revelados y repugnantes, se trata de una mancha plenamente merecida y autoimpuesta”.
Alexakis se puso mayormente del lado de Martínez. Permitió que se hicieran públicos los mensajes de texto de Exum, siempre que se realizaran tachaduras para proteger a terceros, como su esposa y el nombre de otro agente federal con el que se comunicó. Prohibió la divulgación de las imágenes captadas por las cámaras lectoras de placas, citando su preocupación de que pudieran atraer atención indebida hacia personas no involucradas. Señaló que las cámaras Flock ya están ubicadas en espacios públicos y son fácilmente localizables en línea.
“Puedes buscar en Google ‘cámaras Flock’ y tener una idea bastante clara de qué estarías buscando”, dijo Alexakis.
Martínez no habló con la prensa el viernes, pero Parente enfatizó que fueron los recientes asesinatos cometidos por el DHS en Minneapolis los que la impulsaron a solicitar la divulgación de los materiales de su caso.
“No fue hasta los asesinatos del Sr. Pretti y la Sra. Good que esto surgió. Es porque sabemos, en cierto modo, cómo se ve lo que hay detrás del telón, y es aterrador”, dijo Parente.
Martínez sí expresó su deseo de justicia para las familias de las personas asesinadas por agentes del DHS cuando se dirigió a los legisladores la semana pasada, diciendo que sentía la necesidad de hablar por las víctimas que ya no pueden hacerlo.
“Si no hay justicia para el pueblo”, dijo en sus palabras finales, citando al revolucionario mexicano Emiliano Zapata, “que no haya paz para el gobierno”.
Dave Byrnes es un periodista independiente de Chicago que informa sobre la ofensiva antiinmigrante de la administración Trump. Vive en Lincoln Square y ha sido fanático de los White Sox toda su vida.
