Traducido por Leslie Hurtado
Esta investigación fue apoyada por una beca del Fund for Investigative Journalism. También fue producida con el apoyo de Blue Shield of California Foundation, que trabaja para cambiar la conversación sobre la violencia doméstica, y de The Pivot Fund, que invierte en el periodismo hecho por y para comunidades marginadas.
Los residentes de los refugios para migrantes en Chicago fueron arrestados con más frecuencia que el promedio de toda la ciudad cuando la policía respondió a llamadas por violencia doméstica, a pesar de que hubo menos incidentes que el promedio general. Registros revisados por el Weekly muestran que, entre 2023 y 2024, la policía arrestó a residentes en el 33% de las respuestas por violencia doméstica en los refugios para migrantes, casi el doble del 18% registrado en toda la ciudad durante el mismo período. La ciudad ha cerrado desde entonces los refugios exclusivos para migrantes, pero aún hay preguntas sobre cómo se manejan los casos de violencia doméstica en su sistema One Shelter.
Políticas controvertidas en distintos niveles contribuyeron a esta desigualdad. Nuestra investigación que duró un año reveló que la ciudad creó condiciones en los refugios para migrantes que violaban las reglas de seguridad reconocidas a nivel internacional, rompiendo con la política estatal. El Departamento de Policía de Chicago (CPD) dio prioridad a realizar arrestos durante los incidentes de violencia doméstica, a pesar de que hay evidencia de que los arrestos no garantizan la seguridad de las personas sobrevivientes.
La violencia doméstica afecta a una de cada cuatro mujeres en todo el país. En los últimos dos años, la policía de Chicago respondió a unas 2,000 llamadas por violencia doméstica cada mes. Por las reglas estrictas y porque los refugios estaban muy llenos, los residentes enfrentaron situaciones de violencia con frecuencia.
Carmen Medina, de treinta y seis años, apenas dormía cuando la voz de su hijo adolescente la despertó en medio de la noche. Ella abrió sus ojos con dificultad bajo las luces brillantes del techo, que permanecían encendidas todo el tiempo. Con cuidado de no despertar a su esposo, a sus otros dos hijos y a las cuatro familias con las que compartían el cuarto, Medina se levantó despacio para acompañar a su hijo al baño, al que no se sentía cómoda dejando ir sola a sus hijos. No tenía que preocuparse por hacer ruido al abrir la puerta. Las puertas nunca se cerraban para que el personal de seguridad pudiera hacer sus rondas.
Medina, una madre venezolana de tres hijos que vivió con su esposo y su familia durante cuatro meses en un refugio administrado por la ciudad en un antiguo edificio del Cuerpo de Marines en Albany Park, dijo que le resultó difícil adaptarse a las condiciones estresantes y el espacio tan reducido.
“La gente estaba desesperada, enojada. Los niños tenían hambre”, dijo Medina a través de un traductor. “Fue una experiencia trágica y sorprendente. No estábamos acostumbrados a eso”,
La comida sabía mal. La gente peleaba con frecuencia en el comedor. Había poco descanso del ambiente ruidoso y lleno de gente. Los residentes tenían movimientos restringidos: sólo quienes tenían permiso podían entrar y salir del refugio con facilidad. Durante los dos años y medio que funcionaron los refugios, Injustice Watch y el Investigative Project on Race and Equity encontraron que muchas quejas no fueron atendidas en refugios de toda la ciudad.
Los refugios para migrantes de Chicago parecían haber creado las condiciones que, según organizaciones internacionales, dicen que pueden causar violencia: demasiada gente en poco espacio, poca privacidad y límites para entrar o salir.
Cynthia Nambo, asesora comunitaria del Concejo Municipal sobre buenas prácticas en refugios para migrantes, dijo que en ambientes tan controlados y tensos, la violencia era inevitable.
“La gente tiene miedo, y cuando estás en una situación donde las personas no tienen recursos ni su propio espacio, la violencia ocurre”, dijo Nambo, basándose en su experiencia como asesora de seguridad en el refugio voluntario Todo Para Todos.
Las organizaciones humanitarias internacionales han enfrentado la violencia doméstica en campamentos de refugiados durante décadas. Desde 1991, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha publicado guías para prevenir la violencia de género, de la cual la violencia doméstica es una forma, en estos lugares.
Muchas de las recomendaciones son específicas: los refugios familiares mixtos deben tener áreas separadas para mujeres y niños, ofrecer suficiente espacio privado para las familias, mantener buena iluminación en las zonas de baño y contar con personal capacitado en prevención y atención de la violencia de género. El ACNUR advierte que cuando hay demasiadas personas en un mismo lugar, crecen las tensiones y puede haber más casos de violencia doméstica.
Los refugios para migrantes de Chicago no cumplieron con varias reglas básicas, sobre todo las relacionadas con tener demasiada gente en poco espacio y la falta de privacidad para las familias.
Las peleas físicas y verbales entre parejas eran comunes, contó Medina. Aunque ella no lo vio con sus propios ojos, escuchó muchas historias de parejas donde las peleas terminaban con la policía llevándose a uno de ellos.
Según registros obtenidos por el South Side Weekly , la policía recibió al menos 90 reportes de violencia entre parejas en refugios para migrantes administrados por la ciudad y el estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2024. La mayoría de los casos no llegó ante un juez, muchas veces porque la víctima no quiso presentar cargos. Aun así, una tercera parte terminó con un arresto. En toda la ciudad, menos de una de cada cinco llamadas terminó con una detención.
Las personas que sufren violencia doméstica enfrentan dificultades especiales al tratar con la policía. Muchas siguen dependiendo económicamente o tienen hijos con la persona que las agrede. En muchos casos, no quieren que arresten a su pareja. Ellos solo quieren que la violencia se detenga.
Leigh Goodmark, profesora de Derecho en la Universidad de Maryland y titular de la posición Marjorie Cook, es autora del libro Decriminalizing Domestic Violence. “Tenemos esta idea de seguridad que dice que, una vez que se hace un arresto, la persona sobreviviente está a salvo, y eso simplemente no es cierto”, dijo Goodmark durante un simposio virtual sobre violencia doméstica en septiembre. El encarcelamiento puede empeorar los factores que contribuyen al abuso. La persona arrestada puede perder su trabajo o su vivienda.
Las parejas con más problemas económicos tienen más casos de violencia entre sí que las que tienen menos dificultades. Algunos estudios dicen que ese número puede ser hasta tres veces mayor.
“Entonces, lo que hacemos para intervenir en realidad puede crear las condiciones para que la violencia baje con el tiempo”, dijo Goodmark.
Los altos niveles de arrestos en los refugios de la ciudad reflejan la política federal sobre cómo debe de responder la policía a llamadas por violencia doméstica. Sin embargo, esto se aparta de la Ley de Violencia Doméstica de Illinois (IVDA), que recomienda dejar el arresto a discreción de la policía.
El Weekly obtuvo ocho versiones de los manuales de políticas que el Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo (DFSS) distribuyó al personal de los refugios.
Lo que se mantuvo fue la dependencia de la policía para resolver los conflictos domésticos. Todos los manuales indicaban que el personal de los refugios debía llamar al 911 cuando ocurría un acto de violencia.
Antes de la década de 1990, el sistema de justicia penal consideraba la violencia doméstica un asunto privado que debía resolverse entre la pareja. La Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) de 1994 ordenó a la policía hacer un arresto cuando hubiera razones suficientes para creer que existía violencia doméstica. Esto se conoce como “arresto obligatorio”. Como resultado, el número de arrestos por violencia doméstica se duplicó en las décadas siguientes.
“No hacemos eso en ningún otro tipo de caso; en ningún otro asunto decimos: ‘Policía, deben hacer un arresto’”, dijo Goodmark. Las versiones más recientes de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), en 2005 y 2013, cambiaron el lenguaje a “arresto preferido”, lo que significa que se recomienda arrestar, pero no es obligatorio. La Ley de Violencia Doméstica de Illinois establece que el arresto es discrecional, es decir, deja en manos de los oficiales decidir cómo actuar ante un caso de violencia doméstica, lo que también da más poder a las víctimas para decidir si quieren o no que arresten a su agresor.
“La respuesta preferida del oficial es arrestar al agresor”, dice una directiva del Departamento de Policía de Chicago (CPD) sobre llamadas por violencia doméstica. “Aunque la Ley de Violencia Doméstica de Illinois (IVDA) no incluye una disposición de arresto obligatorio, los oficiales deben usar todos los medios razonables para evitar más abusos…incluyendo arrestar al agresor cuando exista causa probable”,
Para las personas migrantes que sobreviven a la violencia doméstica, los riesgos aumentan al tener contacto con la policía. Las familias enfrentan un sistema de inmigración en el que cualquier encuentro con las autoridades puede provocar una deportación—posiblemente de toda la familia—o una separación familiar.
De los 90 reportes de violencia doméstica que revisamos, 50 involucraron parejas con hijos que vivían con ellos en el refugio“. Muchos migrantes dependen de su pareja para mantenerse estables, ya sea económicamente o emocionalmente”, dijo Joel Rivas, supervisor de apoyo legal en Mujeres Latinas en Acción. “Por eso no quieren arriesgarse a que la otra persona sea arrestada o deportada”.
En las parejas con estatus migratorio mixto, la violencia doméstica muchas veces incluye otras formas de control además del abuso físico. “Es muy común que las personas agresoras usen el estatus migratorio como una amenaza y digan que llamarán a las autoridades”, explicó Anna Hori, asistente de investigación en la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Esa es una de las principales razones por las que muchas víctimas no denuncian”.
Rivas ha apoyado a unas veinte personas sobrevivientes de violencia doméstica que vivían en refugios para migrantes durante los últimos dos años. Ninguna buscó ayuda de la policía al principio. Aunque los reportes policiales muestran los casos donde hubo contacto con las autoridades, muchas víctimas buscan apoyo en hospitales, líneas de ayuda para violencia doméstica y organizaciones comunitarias, caminos que no aparecen en los datos de la policía.
Por eso, los casos registrados probablemente no reflejan la cantidad real de incidentes de violencia en los refugios.
Los reportes de la policía de los refugios eran una mezcla de denuncias hechas por las propias víctimas y de reportes hechos por el personal del refugio o por otros residentes. A pesar de las difíciles condiciones de vida, Medina dijo que el personal actuó correctamente. “Hicieron un gran trabajo”, ella dijo. “Dieron lo mejor de sí y fueron atentos con los migrantes que seguían las reglas”.
Según Rivas, la policía muchas veces no estaba preparada para atender las necesidades de las víctimas. “La barrera del idioma es probablemente el mayor problema cuando los migrantes que hablan español intentan comunicarse con la policía”, dijo Rivas. “Es común que digan que, cuando llaman, los primeros oficiales que llegan no hablan español”.
La pareja, de unos veintitantos años, llegó junta a Chicago desde Venezuela. Durante varios meses vivieron junto a más de 200 recién llegados en el refugio administrado por voluntarios Todo Para Todos, donde se ganaron la reputación de tener peleas fuertes con frecuencia.
A pesar de las múltiples discusiones, la mujer nunca dejó a su pareja e incluso la ayudó a volver a entrar al refugio después de que se le prohibiera la entrada. Pero todo se salió de control una tarde de junio de 2023. Lo que comenzó como un desacuerdo se intensificó , con las voces resonando en el área común del refugio. Los demás residentes ya estaban acostumbrados a sus peleas, pero esta vez volaron vasos y uno alcanzó a golpear por accidente a otra persona.
Cuando Nambo, encargada de la seguridad del refugio, llegó al lugar, otros residentes ya habían intervenido y separado a la pareja. Algunos acompañaron al hombre afuera para tranquilizarlo. El ambiente seguía tenso mientras las familias con niños pequeños miraban asustadas.
Nadie llamó a la policía.
“Vemos a la policía como una opción solo en situaciones muy graves, para evitar una muerte o un daño físico que pueda tener consecuencias a largo plazo”, explicó Nambo, quien también trabaja como directora en una escuela secundaria alternativa. En cambio, los voluntarios de Todo Para Todos confiaba en la ayuda y mediación de la comunidad para evitar que la violencia llegara a ese punto.
“Hay una diferencia de poder cuando nosotros somos de este país, hablamos inglés, conocemos los sistemas, y las personas con las que trabajamos no”, dijo una voluntaria que presenció varios casos de violencia doméstica en el refugio.
El modelo se basaba en respetar las decisiones de las personas sobrevivientes, incluso cuando los voluntarios no estaban de acuerdo con ellos. “No podemos obligarla a ella a separarse de él”, dijo Nambo.
El hombre regresó al refugio con la ayuda de otros residentes varios días después de que se le prohibiera la entrada. Esta vez, todo se salió de control. Según los reportes policiales y los testimonios de los voluntarios, él golpeó a su pareja en la cara, una situación grave que llevó a que llamaran a la policía. El incidente apareció después en los registros del Departamento de Policía de Chicago (CPD) en agosto de 2023.
Todo Para Todos cerró en septiembre de 2023.
Los voluntarios lograron encontrar apartamentos para más de 260 personas, incluida la pareja. Actualmente no saben dónde están, aunque un voluntario dijo que finalmente se separaron.
El sistema de refugios para migrantes de Chicago cerró en diciembre de 2024. La política del CPD sobre arrestos en casos de violencia doméstica sigue igual. A nivel nacional, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) todavía exige que parte del dinero para apoyar a las comunidades se use en programas de arresto obligatorio o preferido, aunque estudios muestran que estas medidas pueden empeorar los mismos problemas que buscan resolver. Los estados que reciben fondos de la VAWA deben usar al menos el 25% para la policía y otro 25% para las fiscalías.
En 2023, $3.4 millones del dinero federal de Illinois para la prevención de la violencia doméstica se destinaron a la policía y los tribunales, mientras que $1.7 millones se dirigieron a servicios para víctimas.
Bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, incluso estos recursos están en riesgo, especialmente para las personas migrantes que sobreviven a la violencia doméstica.
Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump prohíbe usar fondos federales para programas de “diversidad, equidad e inclusión ilegales”, lo que dificultará que organizaciones que trabajan con comunidades migrantes, como Mujeres Latinas en Acción, soliciten fondos. Este año, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica eliminó los servicios y datos específicos sobre migración.
En septiembre, agentes de ICE arrestaron a dos personas afuera del tribunal de violencia doméstica del condado de Cook, lo que aumentó el miedo de que pedir ayuda pueda causar problemas con inmigración. Además, el medio The 19th reportó que entre enero y marzo bajaron mucho las solicitudes de la visa U, una visa que ayuda a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos a denunciar sin miedo a ser deportadas. Activistas dicen que esto muestra el temor a la deportación entre quienes están registrados en inmigración.
El financiamiento local también se está viendo afectado. El jueves pasado, el alcalde de Chicago Brandon Johnson presentó el presupuesto propuesto de la ciudad para el año fiscal 2026, que incluye un recorte del 43% en los fondos destinados a las personas sobrevivientes de violencia de género y a las organizaciones que las apoyan.
La nueva One System Initiative de Chicago, que en enero unió los refugios para migrantes y personas sin hogar, tiene capacidad para 7,400 camas, donde solicitantes de asilo conviven con otros residentes vulnerables en cinco ubicaciones. El Weekly encontró cuatro nuevos reportes de violencia doméstica en los primeros meses de 2025 que involucraron a residentes tanto extranjeros como estadounidenses.
Las autoridades de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentario sobre si los protocolos de capacitación han cambiado o qué medidas se están tomando para abordar las fallas en las políticas que llevaron a un mayor número de arrestos en el sistema de refugios para migrantes.
“Necesitamos reducir la dependencia del sistema penal para responder a la violencia entre parejas y empezar a verla como un problema económico, de salud pública, de comunidad”, dijo Goodmark. “Como un problema de derechos humanos”.
Wendy Wei es periodista independiente y productora de audio que cubre temas sobre migración y solidaridad interracial. Ella es la coordinadora de capacitación del Investigative Project on Race & Equity.