La semana pasada, la Junta de Comisionados del Condado de Cook votó 7-0 a favor de renovar un contrato de un año por un millón de dólares con la empresa de análisis de datos Appriss Insights; 10 comisionados se abstuvieron de votar. En agosto, el Weekly informó que el acuerdo del condado con Appriss podría permitir que agentes federales accedieran a la información personal de miles de inmigrantes, exponiéndolos a la deportación.
Appriss administra el sistema estatal de Información y Notificación Diaria a las Víctimas (VINE), que alerta a las víctimas de delitos y a sus familiares cuando cambia la situación judicial o carcelaria de una persona acusada. El servicio se considera esencial para la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes de derechos de las víctimas, pero una cláusula del contrato que hace referencia a “Soluciones de Riesgo” permite que dichos datos se compartan o se vendan a terceros.
Los defensores argumentan que el condado puede seguir ofreciendo el mismo servicio sin depender de Appriss, cuya empresa matriz, Equifax, es conocida principalmente por sus informes de crédito para consumidores.
Esta no es la primera vez que surge este problema. Durante años, activistas y comisionados han instado al condado a tomar medidas más enérgicas, eliminando específicamente la cláusula de “Soluciones de Riesgo” del contrato o modificando la Orden de Detención del ICE del condado para eliminar cualquier posibilidad de que las autoridades federales de inmigración accedan a la información personal a través de proveedores externos.
Este año, la Fiscalía del Condado de Cook (CCSAO) propuso un único cambio al contrato: una frase que prohíbe a la empresa y a sus subcontratistas compartir datos directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Si bien los funcionarios describieron la enmienda como un paso hacia una mayor protección, activistas y varios comisionados cuestionaron si la medida realmente cierra la brecha legal.
Durante la reunión, la comisionada Alma Anaya (Distrito 7°) señaló que otras jurisdicciones, como la ciudad de Nueva York, han fortalecido con éxito sus contratos para limitar el intercambio de datos con las fuerzas del orden. “Eso significa que nosotros también podemos”, destacó.
Tras la votación del jueves, Anaya declaró al Weekly que el contrato de Nueva York con Appriss no incluye una cláusula de Soluciones de Riesgo. “Esto significa que cualquier dato compartido entre la ciudad de Nueva York y Appriss permanece exclusivamente en Nueva York. Los proveedores externos no tienen permiso para acceder a esos datos ni para compartirlos con terceros. Es fundamental que el contrato del Condado de Cook también elimine la cláusula de Soluciones de Riesgo”, explicó.
Laura Rivera, abogada principal de Just Futures Law, afirmó que la enmienda no impide que el ICE obtenga datos del Condado de Cook a través de otras agencias.
“La enmienda no será efectiva”, declaró Rivera. “Eliminar el acceso de ICE a través de esa vía no impedirá que otras agencias compartan el acceso con ICE. Necesitamos ir a la raíz del problema y eliminar por completo la cláusula de Soluciones de Riesgo”.
Rivera calificó la redacción de esa cláusula relativa a Appriss como “un eufemismo que autoriza a Appriss a vender datos a agencias policiales de todo el país”.
Jacinta González, miembro de Mijente y activista por los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo, expresó que la falta de acción de la junta resultaba especialmente alarmante, debido a los operativos federales continuos en Chicago.
“Es increíblemente decepcionante que, en este momento en que helicópteros sobrevuelan vecindarios y padres son baleados en la calle, no se tomen medidas más decisivas”, dijo González. “Vamos a seguir presionando para que no sólo se elimine la cláusula de Risk Solutions del contrato actual, sino también para que se cierre la laguna legal en la Ordenanza de Detención”.
González reconoció que la enmienda era un intento de impedir que ICE obtuviera datos de VINE. “Pero lamentablemente, no es suficiente”, destacó. “Equifax y LexisNexis aún pueden vender nuestra información a quien quieran. Nuestras comunidades no pueden permitirse esperar otro año mientras continúa este intercambio de datos”.
Durante la reunión de la junta, Anaya agradeció a la Fiscalía Estatal la nueva cláusula, pero dijo que el condado debe garantizar que “ninguna información que tengamos se entregue para el beneficio de empresas privadas”. Señaló que “otras jurisdicciones lo han logrado, por lo que nosotros también podemos”.
La comisionada Bridget Gainer (Distrito 10°) abogó por un criterio más amplio durante el debate.
“No vendemos datos públicos”, afirmó. “Si la respuesta a la pregunta de si estamos vendiendo o pagando menos por un contrato porque permitimos que se vendan datos no es ‘no’, entonces debemos oponernos”.
Gainer también expresó su frustración porque el tema ya se había planteado el año pasado, sin que se le hubiera dado solución.
“Esto se trató el año pasado y se suponía que recibiríamos un informe sobre los avances logrados”, agregó. “Ya hemos tenido estas conversaciones antes, pero no podemos seguir repitiendo lo mismo una y otra vez”.
La Fiscalía Estatal informó que esta renovación será la última prórroga del acuerdo de 2021 y que se iniciará un nuevo proceso de licitación para servicios de notificación a víctimas antes del comienzo del próximo mandato en noviembre de 2026.
Según los registros de la Junta del Condado de Cook de 2021, el condado aprobó un contrato inicial de $786,000 con Appriss Insights, adjudicado directamente a la empresa. Dicho contrato incluía una cláusula que hacía referencia a Risk Solutions, marca vinculada a LexisNexis Risk Solutions, empresa que mantiene contratos multimillonarios con ICE.
Desde entonces, dos aumentos consecutivos han elevado el valor del contrato a aproximadamente $1.06 millones. La enmienda aprobada el jueves añade $278,764 para el período 2025-2026, con fondos provenientes del presupuesto de la Fiscalía Estatal. Se presentó como una licitación directa, es decir, sin licitación pública.
Una solicitud de acceso a la información pública presentada por Just Futures Law reveló vínculos claros entre Appriss, LexisNexis e ICE. De marzo a septiembre de 2021, la Oficina de Campo de ICE en Chicago realizó más de 13,000 búsquedas en la base de datos LexisNexis, generando aproximadamente 1,800 informes para la aplicación de las leyes de inmigración. A nivel nacional, ICE accedió a datos de más de 276 millones de personas en tan sólo siete meses, lo cual es el tipo de riesgo de intercambio de datos que la política de santuario del Condado de Cook buscaba prevenir.
En junio, el Weekly presentó una solicitud similar de acceso a la Ley de Libertad de Información (FOIA), solicitando documentos que demostraran cómo desde 2021, la Oficina de Campo de ICE en Chicago ha utilizado los datos de LexisNexis y Appriss. La agencia aún no ha respondido.
Los activistas afirmaron que no piden al condado que elimine el sistema VINE. Simplemente quieren que el Condado de Cook lo administre sin la cláusula de Risk Solutions. “No nos oponemos a mantener informadas a las víctimas”, señaló Rivera. “¿Pero por qué estamos pagando por un sistema que también fomenta las deportaciones?”.
La CCSAO se negó a responder a las preguntas enviadas por correo electrónico del Weekly sobre si, antes de la renovación, realizó una revisión de privacidad.
La renovación deja al condado con un año más bajo un sistema que, según han advertido sus propios líderes, puede debilitar su promesa de ser un lugar santuario. A medida que se intensifican las redadas y se expande el mercado de datos personales, los activistas afirman que se le acaba el tiempo al condado para elegir entre la seguridad pública y el lucro privado.
“Si hubiéramos hecho esto hace cuatro años… quién sabe qué impacto habría tenido”, destacó González. “Hemos estado luchando contra ICE durante mucho tiempo. Siempre hemos sabido que ICE es una agencia corrupta que no respeta los derechos de las personas, violenta y dispuesta a asesinar a personas. Estamos en un momento en el que todos pueden verlo, y la cantidad de datos e información que se obtiene es cada vez mayor; no creo que la gente comprenda del todo la magnitud del problema”.
Alma Campos es reportera y editora del proyecto de inmigración del Weekly.