Las comunidades inmigrantes en todo el país están en alerta máxima después de que el presidente Donald Trump comenzara su segundo mandato firmando una serie de órdenes ejecutivas que ponen a las familias latinas en riesgo de deportación. Mientras decenas de agentes de ICE se despliegan en Chicago, los funcionarios públicos y grupos comunitarios están tomando medidas para mantener a sus vecinos informados de su entorno y sus derechos.
El viernes, 24 de enero, los padres de Back of the Yards se asustaron cuando se difundió la noticia de que agentes federales habían intentado entrar en la Escuela Primaria Hamline después de días de incertidumbre sobre cuándo la administración de Trump seguiría sus planes de atacar a Chicago. La directora impidió que los agentes entraran en la escuela y más tarde se reveló que no eran de ICE, sino agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Los residentes de la ciudad se mantuvieron cautelosos el resto del fin de semana en respuesta a las amenazas del “zar de la frontera” Tom Homan de perseguir a los “criminales” y la ampliación de poderes que Trump le concedió a otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades santuario.
Los empleados de los distritos políticos del suroeste y noroeste salieron a las calles de manera proactiva bajo temperaturas gélidas para repartir folletos con recursos en español y tarjetas que se pueden deslizar por debajo de la puerta si ICE llega a sus hogares, declarando su derecho a permanecer en silencio y su derecho a un abogado.
Los dueños de negocios de La Villita asistieron a una sesión de “Conozca sus derechos” en el Restaurante Nuevo León organizada por la oficina del congresista Chuy García para compartir estrategias sobre cómo interactuar con ICE si ingresaban a sus tiendas para ir tras empleados o clientes, y organizaciones sin fines de lucro como el Proyecto Resurrección y el Southwest Organizing Project realizaron talleres bilingües dirigidos al público en general.
Se animó a las personas a denunciar cualquier posible actividad de ICE a la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) llamando al (855) 435-7693.
Ese domingo, varios vecindarios y suburbios, incluyendo Logan Square, South Chicago y Cicero, sufrieron redadas de inmigración, según grupos de respuesta rápida—grupos de vigilancia que surgieron durante la primera administración de Trump en apoyo de los inmigrantes. Se difundieron videos en Facebook y TikTok que supuestamente mostraban arrestos nocturnos de ICE en el lado oeste y afirmaban que los agentes usaron explosivos para ingresar a las casas.
En una declaración, el alcalde Brandon Johnson dijo: “Ha habido informes confirmados de actividad de ICE en Chicago hoy, domingo 26 de enero. Según el código de la ciudad, la policía de Chicago no estuvo involucrada en esta actividad de aplicación de la ley de inmigración. Mi equipo y yo estamos en estrecha comunicación con los funcionarios de la ciudad, incluyendo CPD. Es imperativo que todos los habitantes de Chicago conozcan sus derechos constitucionales y compartan la guía de Conozca sus derechos con sus vecinos y la comunidad”.
Los agentes de inmigración conducen vehículos civiles y con placas regulares, por lo que la paranoia está por los cielos. La carga de verificar la presencia de ICE ha recaído sobre grupos de respuesta rápida, como La Villita Se Defiende, cuando los funcionarios públicos no pueden hacerlo. A través de sus canales de redes sociales, los grupos de vecinos han desmentido noticias falsas e imágenes manipuladas de vehículos de ICE en los barrios.
A pesar de la renuencia de la oficina de ICE de Chicago a proporcionar suficiente información a los medios de comunicación locales, los medios nacionales han informado que los agentes de inmigración están aplicando cuotas, que según CNN son 75 por día en Chicago.
En X (el sitio anteriormente conocido como Twitter), la cuenta oficial de ICE ha publicado un recuento diario de arrestos a nivel nacional y fotografías de detenidos seleccionados junto con su nombre, ciudad y presuntos delitos. Un ciudadano mexicano fue arrestado en Chicago el 22 de enero que supuestamente tenía dos DUI en su historial, según una publicación.
Bloomberg informó que ICE tenía en la mira a 260 personas en Chicago el domingo, pero solo un puñado tenía órdenes de arresto.
Para dramatizar aún más las operaciones de ICE hasta el punto de convertirlas en un espectáculo, se le permitió al personaje de televisión Phillip McGraw, conocido popularmente como el “Dr. Phil”, acompañar a los agentes de ICE en Chicago para transmitir en vivo y entrevistar a inmigrantes mientras son arrestados. En un video que fue ampliamente compartido, McGraw acusó repetidamente a un hombre de Tailandia esposado por delitos sexuales que involucraban a un menor de edad. Sin embargo, no está claro si había una orden de arresto para el hombre.
El lunes por la tarde, el concejal Michael Rodríguez (22°) dijo que hubo “informes confirmados de actividad de las autoridades federales, posiblemente ICE, en La Villita hoy” y que miembros de la comunidad de la Red de Apoyo de Inmigración del Distrito 22 estaban en el lugar monitoreando y verificando las pistas. Grupos comunitarios en Facebook publicaron múltiples videos que aparentemente mostraban a agentes deteniendo a conductores en la calle 26, el corredor comercial del vecindario.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35°) confirmó que detuvieron a personas en los vecindarios de Belmont Cragin y Hermosa.
Los grupos de defensa de los inmigrantes Organized Communities Against Deportation, ICIRR, Brighton Park Neighborhood Council y Raise the Floor presentaron una demanda el sábado solicitando una orden judicial contra el plan de deportaciones masivas, argumentando que las operaciones violan la Primera Enmienda y son represalias debido a la oposición de Trump a las ciudades santuario. Un juez federal negó su solicitud de una audiencia de emergencia porque los demandantes no eran el objetivo de las operaciones.
Los republicanos han pedido al alcalde Johnson y a otros alcaldes de ciudades santuario que testifiquen en una audiencia del Congreso el 11 de febrero sobre el impacto que tiene el estatus de santuario en la seguridad pública y nacional.
Jacqueline Serrato es la editora en jefe del Weekly.