Ilustración: Alejandra Fernández

Opinión: Una causa justa para los inquilinos de Chicago

Organizadores comunitarios y concejales continúan presionando para establecer una nueva norma en los desalojos

Originally published on April 27, 2020, in English

Traducido por Gisela Orozco

Actualmente la ley en Chicago permite a los propietarios desalojar a cualquier inquilino que no tenga un contrato a largo plazo por cualquier motivo, siempre y cuando le den un aviso de 30 días. Según un análisis del Comité de Abogados para una Mejor Vivienda, de 2010 a 2017, uno de cada veinticinco inquilinos de Chicago vivió un desalojo. 

Cerca del 60 por ciento de estos casos terminaron en una orden de desalojo. Sin embargo, a menudo los inquilinos son obligados a salirse, incluso en los casos que son descartados por un juez, ya que se mudan “voluntariamente” para evitar un registro de desalojo; esta acción puede afectar negativamente su capacidad y opciones para encontrar una vivienda de calidad en el futuro tanto como si el desalojo se hubiese llevado a cabo.

El desalojo es una experiencia traumática y desestabilizadora, y estos desalojos “sin causa”, como se le conocen, empeoran las situaciones de pobreza y desigualdad y, a menudo, enriquecen a los propietarios que buscan lucrar en barrios en proceso de gentrificación. Si bien el Comité de Abogados detectó que en el 82 por ciento de las solicitudes de desalojo realizadas entre 2010 y 2017 se hicieron reclamos de renta atrasada, el número de desalojos “sin causa” no es insignificante. 

Además como resultado de la arraigada segregación en Chicago y la brecha en la riqueza racial y de ingresos, las personas de color están desproporcionadamente más vulnerables a ser desalojadas. Durante décadas, organizaciones como la Organización Metropolitana de Inquilinos (MTO, por sus siglas en inglés) han abogado por cambios en dicho sistema. 

De acuerdo a John Bartlett, director ejecutivo de MTO, exigirle a los propietarios una razón justa para que desalojen a los inquilinos, ha sido desde 1981 una meta del movimiento de inquilinos de Chicago. MTO tiene sus raíces en una convocatoria comunitaria realizada ese año, la cual se llevó a cabo para encontrar soluciones y hacer frente a la ya antigua crisis de vivienda que continúa afectando a la ciudad. Una de esas soluciones consiste en crear una organización que defienda los intereses de los inquilinos de todo Chicago.

En dicha convocatoria comunitaria, también se creó una plataforma con tres principales propuestas políticas: una ordenanza de desalojo de causa justa, un proyecto de ley sobre los derechos de inquilinos y una ordenanza de renta, destinada justamente a limitar los aumentos arbitrarios en el alquiler. 

Bartlett también comentó que las demandas de la comunidad en ese entonces, se resumieron a la ley de los derechos de inquilinos; en 1986, después de una batalla legal de cinco años, el Concilio Municipal aprobó la ya histórica Ordenanza Residencial para Inquilinos y Dueños de Chicago (RLTO por sus siglas en inglés). La RLTO detalla los derechos y responsabilidades de los dueños de propiedad e inquilinos, incluyendo una lista de recursos para los inquilinos, como es la posibilidad de detener el pago del alquiler cuando los propietarios se niegan a hacer reparaciones. 

Mientras que esta legislación fue un logro significativo que ha ayudado a innumerables inquilinos de Chicago, MTO todavía está presionando para la aprobación completa de la plataforma original. Desde la fundación de MTO, en su línea de ayuda a los inquilinos reciben llamadas constantes de estos pidiendo ayuda después de haber recibido avisos de desalojo de treinta días a causa de haber pedido a sus propietarios que realicen reparaciones. El MTO también ha visto muchos “desalojos masivos”, que Bartlett describe como desalojos en todo un edificio, mismos que ocurren cuando los propietarios quieren convertir la propiedad en una con alquileres más altos. 

En 2018, MTO se unió a otras treinta y seis organizaciones de defensa de la vivienda para crear “la Liga de la Justicia de la Vivienda en Chicago”, que elaboró un conjunto de políticas públicas y principios a fin de crear oportunidades de vivienda más equitativas en toda la ciudad. La ordenanza “Just Cause”, o Causa Justa, es una parte importante de la defensa de la coalición y han estado colaborando con los miembros de los grupos latinos y Progresistas del Concilio Municipal quienes planean presentar la ordenanza esta primavera, según informó Block Club Chicago a principios de abril.

En entrevista con el Weekly, Byron Sigcho-López, concejal del distrito 25 y principal patrocinador de la ordenanza de “Just Cause”, calificó a los desalojos como una acción traumática. “No podemos permitir que los constructores y las empresas sigan redactando leyes e imponiendo su voluntad a costa de la gran mayoría de la población”, aseguró. Por su parte Sigcho-López trabaja con MTO y el resto de la Liga para elaborar una nueva ordenanza de “Causa justa”. Esto con la ayuda de otros miembros del Comité Progresista, y Harry Osterman, concejal del distrito 48, a quien en mayo pasado la alcaldesa Lori Lightfoot nombró presidente del Comité de Vivienda y Bienes Raíces del Concilio Municipal.

Como ex director de la organización comunitaria Pilsen Alliance, Sigcho-López está sumamente familiarizado con la escasez prolongada de viviendas asequibles en Chicago, especialmente para comunidades de color. El año pasado después de ser elegido para su cargo en el Concilio, Sigcho-López reinició las conversaciones en torno a “Just Cause”, una propuesta que había estado latente durante la administración del ex alcalde Rahm Emanuel, quien fue “buena gente” con los constructores.

‘Just Cause’ en la actualidad 

Mientras que la ordenanza continúa en proceso y es seguro que se enfrentará a la oposición de los propietarios, los constructores y sus abogados, la idea principal de “Just Cause” es que requerirá que los propietarios den una razón concreta para el desalojo — como no pagar el alquiler o infringir las condiciones del contrato— y ampliar el período de preaviso, y se requerirá más tiempo de notificación cuando se vayan a presentar aumentos a la renta.

En situaciones más ambiguas, tales como cuando un nuevo propietario de un edificio esté convirtiendo el edificio en unidades no disponibles para rentar, o cuando un propietario venda un edificio a un constructor, la ordenanza requeriría que el propietario dé tiempo suficiente a la gente para reubicarse o pague la asistencia de reubicación. Una vez que se finalice la ordenanza, Sigcho-López planea presentarla lo antes posible. Tiene la esperanza de que pase el Concilio Municipal, especialmente dado que Lightfoot dijo en febrero, en su discurso al City Club, que apoya “Just Cause” y otras protecciones para inquilinos. Sin embargo, el proyecto de ley probablemente se enfrentará a una oposición significativa; una propuesta similar que fue presentada por el entonces concejal del primer distrito Proco Joe Moreno, fue puesta a un lado en 2018, después del escándalo que armaron los propietarios de Chicago.

La labor de Sigcho-López en el tema de vivienda asequible se ha vuelto aún más urgente dada la pandemia actual y la orden de quedarse en casa emitida a nivel estatal. El distanciamiento social es imposible cuando no se tiene dónde vivir, y a nivel nacional, en el mes pasado millones de personas han perdido sus empleos y sus fuentes de ingresos. Sigcho-López también sugirió que se aplacen las evaluaciones de los impuestos sobre la propiedad con el fin de proporcionar alivio a los dueños de casa, y una asistencia de alquiler proactiva para garantizar que nadie acumule deudas grandes o se vea obligado a abandonar su hogar en plena crisis.

Sin embargo, para promulgar tales medidas, el gobernador J.B. Pritzker tendría que levantar la actual prohibición estatal del “control de renta”, algo que está en su poder en caso una emergencia, según un memorando legal comisionado por la Organización Comunitaria Kenwood-Oakland. Pero Pritzker ha dicho que no tiene la autoridad legal para levantar la prohibición del control de alquileres y su oficina no ha respondido a una solicitud de aclaración. En ausencia de tal “congelación de la renta”, la semana pasada Matt Martin, concejal del distrito 47, propuso una ordenanza que daría a los inquilinos un período de gracia de doce meses para pagar el alquiler si perdían ingresos debido a la crisis del coronavirus. Hasta el momento, cuenta con diecisiete copatrocinadores.

Incluso antes de que surgieran las actuales crisis económicas y de salud pública, organizaciones como Lift the Ban Coalition habían presionado a los legisladores estatales para que revoquen la Ley de Prevención del Control del Renta, que fue empujada en la Asamblea General del estado en 1997 por el ultra conservador American Legislative Exchange Council, para que los residentes no pudieran siquiera debatir los beneficios o inconvenientes de tal política, según informó el Chicago Reader en 2017.

Sigcho-López enfatizó que la ordenanza “Just Cause” sería más efectiva si también se promulga el control de renta; de lo contrario, los propietarios podrían aumentar el alquiler para quien ya no quieran tener en el edificio, y luego desalojarlos por falta de pago. Las protecciones para los inquilinos, como son el control de alquileres y “Just Cause”, son esenciales, ya que limitan los aumentos arbitrarios de la renta para que la gente no sea desplazada y los vecindarios puedan sostener una variedad diversa de ingresos.

Vivienda, un derecho humano

Tal y como Duncan Kennedy, profesor de derecho de la Universidad de Harvard que ya está jubilado, testificó en apoyo a proyectos de ley de control de alquileres en Massachusetts,”los aumentos gigantescos de los alquileres sin una mejora equivalente en las condiciones de vivienda, junto con el desplazamiento, representan una gigantesca transferencia de riqueza de los inquilinos de ingresos bajos y medios a los propietarios y promotores inmobiliarios”. Ese dinero se invertiría mucho mejor asegurando que la vivienda no sea un recurso tan escaso, porque es un derecho humano.

Más allá de la ordenanza “Just Cause”, Sigcho-López enfatizó en la protección adicional a inquilinos, como el derecho a un abogado en los procedimientos de desalojo, que según los informes del Comité de Abogados y del Chicago Reader, han disminuido la probabilidad de desalojo. También hay una necesidad urgente de aumentar la cantidad de vivienda asequible, algo que los gobiernos pueden hacer mediante la construcción de “viviendas sociales” que sean propiedad de los municipios (con financiación del gobierno federal) que se alquilen a precios asequibles y estén disponibles para todos los residentes de la ciudad.

Si bien durante años Chicago ha necesitado una importante reforma en su política de vivienda, la crisis del coronavirus está haciendo aún más evidente que “Just Cause” es una de las muchas políticas que serán necesarias para aumentar y preservar la oferta de vivienda asequible en la ciudad. Como concluyó un informe del Centro Conjunto para Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard publicado en enero, “sólo el gobierno federal tiene el alcance y los recursos para proporcionar asistencia en materia de vivienda a una escala adecuada a las necesidades en todo el país”.

Aumentar el apoyo federal a los gobiernos estatales y locales no es muy probable, pero todavía hay muchas medidas que los políticos estatales y locales podrían tomar para asegurar que nadie sea desplazado como resultado de las actuales crisis de salud pública y económica. En última instancia, tal como RLTO, “Just Cause” podría ser un paso crucial para ayudar en Chicago a miles de inquilinos.

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Bobby Vanecko es un colaborador del Weekly. Es estudiante de segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Loyola de Chicago y su interés es el Derecho Penal; es pasante de Asistencia Jurídica en el Westside Justice Center. Anteriormente escribió para el Weekly un artículo de opinión en el que aboga por un transporte público gratuito en la ciudad, libre de carbono y libre de policías.

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