Durante la semana pasada, un número no determinado de residentes de Chicago recibió llamadas anónimas pidiendo apoyo para una propuesta para hacer cambios a la ordenanza de ‘Ciudad Acogedora’, o ciudad santuario, que podría permitirle a la Policía de Chicago cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Las llamadas contienen información engañosa sobre el contenido de una enmienda propuesta por el concejal del distrito 15 Raymond López, quien niega haber enviado la llamada.
Los mensajes pregrabados afirman que la enmienda “permitiría que la policía coopere con los funcionarios federales para que los extranjeros ilegales criminales puedan ser detenidos por el gobierno y deportados después de cumplir su sentencia de cárcel en Chicago”.
La llamada termina pidiendo a residentes que demuestren su apoyo a la propuesta marcando el número uno, o el dos “si no la apoyan.”
La oficina del concejal López declaró que ellos no pagaron, produjeron ni enviaron el mensaje, y que su oficina también ha recibido la llamada telefónica. No dio más detalles sobre su propuesta.
Recientemente, se han producido tensiones entre los recién llegados que viven en los refugios de la ciudad y sus alrededores y los residentes de la ciudad que viven cerca de esos refugios. Las propuestas de abrir más refugios han provocado la reacción de algunos residentes de Chicago, que se han opuesto a tener refugios en Kenwood y West Roseland por motivos de seguridad pública y supuesto comportamiento inadecuado.
Según la Comisión Federal de Comercio, una “robollamada” (robocall en inglés) es una llamada telefónica con un mensaje grabado en lugar de una persona. La Ley Federal de Protección del Consumidor Telefónico prohíbe las llamadas automáticas o las voces pregrabadas a teléfonos móviles a menos que el destinatario haya dado previamente su consentimiento expreso por escrito o verbal, aunque las llamadas a los teléfonos fijos están permitidas sin consentimiento previo.
Sarah Bates, residente en Rogers Park, afirma que recibió la llamada automática a las 6:29pm el 12 de septiembre en su teléfono móvil desde el número (708) 740-7002. Bates escuchó la llamada por unos seis segundos antes de colgar.
Bates declaró que nunca ha vivido en el distrito de López y no está suscrita a su boletín, y no tiene claro cómo consiguieron su número para pedirle su opinión sobre la propuesta de López. Otro destinatario de la llamada la recibió en su teléfono móvil el mismo día a las 4:19pm.
Las llamadas que han recibido los residentes no identifican explícitamente a la persona que llama ni proporcionan un número de teléfono de contacto. Aunque el mensaje grabado atribuye a López, no le atribuye la llamada en sí. Las llamadas devueltas al número de la robollamada no son contestadas.
Las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones exigen que “todas las llamadas pregrabadas, incluyendo las de estudios de mercado o encuestas, identifiquen a la persona que llama al principio del mensaje e incluyan un número de teléfono de contacto”.
López lleva desde finales de agosto hablando con los medios de comunicación sobre su propuesta de enmienda. En varias entrevistas con periodistas, ha declarado que tenía la intención de presentar la enmienda durante la reunión del Concejo Municipal del 13 de septiembre, pero no terminó haciéndolo.
En una entrevista con ABC 7 News, López describió el contenido de su enmienda, que parece dirigirse a un grupo demográfico más amplio que el de los inmigrantes convictos e indocumentados, como se indica en la llamada telefónica.
Su propuesta afirma con pocos detalles que permitiría a la Municipalidad trabajar con ICE si “los recién llegados participan en cuatro áreas de delitos específicos, que incluyen la actividad relacionada con las pandillas, la actividad relacionada con las drogas, la actividad relacionada con la prostitución y los delitos sexuales contra menores”, según el artículo.
Fred Tsao, asesor político de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR, por sus siglas en inglés), afirmó que “la llamada es engañosa”. Mientras que la llamada insinúa que la ordenanza se aplicaría a quienes sean declarados culpables de un delito, la propuesta de López afecta a las personas que han sido detenidas y acusadas de ciertos delitos sin ni siquiera requerir que sean condenados…”
Tsao también expresó su preocupación por el hecho de que “el momento de la llamada [aumentará] la confusión entre el público. Mientras que gran parte del diálogo público reciente se ha centrado en los [migrantes] recién llegados, la ordenanza de López iría mucho más allá de los recién llegados y se aplicaría a cualquier persona de esta ciudad que aún no sea ciudadano”.
Antes de 2021, la Policía de Chicago podía cooperar con las autoridades federales de inmigración bajo ciertas excepciones, como si una persona bajo investigación tenía una orden criminal pendiente o había sido incluida en base de datos pandillas del Departamento de Policía. Esto significaba que las personas indocumentadas podían ser deportadas antes de tener la oportunidad de defenderse en la corte o si aparecían en la problemática base de datos de pandillas.
Pero en febrero de 2021, los concejales votaron 41 contra 8 a favor de eliminar estas exenciones en la ordenanza de ciudad santuario de Chicago bajo la alcaldesa Lori Lightfoot. Organizaciones locales de periodismo de investigación descubrieron que la base de datos de pandillas se enfocaba de forma desproporcionada en los habitantes negros y latinos de Chicago, y la Comisión Comunitaria de Seguridad la eliminó definitivamente a principios de este mes.
Tsao sugirió que “el objetivo final de la llamada es eliminar protecciones para los inmigrantes. Las comunidades se esforzaron mucho para exigir protecciones para todos a través de políticas de ‘bienvenida’ en la ciudad y en el estado, y esta [enmienda] es un intento de deshacer décadas de progreso bajo seis administraciones”.
“[La llamada] es preocupante porque está… calificando a cualquier persona que tenga cualquier interacción con la policía, sea por la razón que sea, como un extranjero criminal”, dijo Xanat Sobrevilla, que lidera la campaña y el trabajo de coalición de Comunidades Organizadas Contra la Deportación (OCAD, por sus siglas en inglés). OCAD, que es una organización que lucha contra la deportación y criminalización de los inmigrantes, está al tanto de las robollamadas. “El lenguaje es muy deshumanizador e incorrecto”.
Sobrevilla critica la llamada y la propuesta de López porque ambas “fomentan la colaboración entre ICE y la policía, lo que sabemos que puede ser muy peligroso. Nos esforzamos como comunidad durante cinco años para deshacer aquellas medidas que permitían a la policía interactuar con ICE”.
Para proteger a los residentes indocumentados de Chicago, según la actual ordenanza de ‘Ciudad Acogedora’, los agentes y agencias de Chicago, incluyendo la policía, no pueden trabajar ni compartir información con las autoridades federales de inmigración. Los agentes y agencias de la ciudad no les pueden conceder a los agentes de ICE acceso a una persona detenida.
“Somos muy conscientes y estamos dispuestos a seguir garantizando que [la ordenanza actual] se mantenga. Creemos que lo que él intenta hacer… esperamos que [la ordenanza] también esté protegida por el TRUST Act”, dijo. El TRUST Act de Illinois limita la participación de las autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
En cuanto a los orígenes desconocidos de la llamada, Sobrevilla tiene curiosidad por saber cómo consiguen la información de la gente”. Ella caracteriza la robollamada “como un truco de relaciones públicas, como una forma muy confusa de aprovecharse de un momento de división”.
Los habitantes de Chicago que hayan recibido esta o cualquier otra llamada no deseada pueden presentar sus quejas a la FCC en fcc.gov/complaints. La FCC publica información sobre cómo identificar y evitar las llamadas, que también está disponible en español en ftc.gov/llamadas.
Wendy es editora de la sección de inmigración de South Side Weekly.