En septiembre, un especialista en alojamiento y preparación de emergencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un afiliado de las Naciones Unidas, le advirtió a la Comisión de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de la Ciudad de Chicago que los campamentos para migrantes podrían durar mucho más de lo planeado.
Otros expertos que hablaron con el Weekly estuvieron de acuerdo que los campamentos de invierno que el alcalde Brandon Johnson planea como albergues temporales son susceptibles a covertirse en vivienda a largo plazo.
Unos correos electrónicos obtenidos por el Weekly revelan que el presidente del comité, el concejal Andre Vasquez, del Distrito 40, habló de los campamentos con Joseph Ashmore, el especialista de la OIM, el mes pasado. En un intercambio de correos electrónicos luego de la discusión, Ashmore le proporcionó materiales informativos sobre el alojamiento masivo que explican cómo es la preparación, la prevención de la violencia y la participación de la comunidad en estos sitios.
Ashmore recalcó que los campamentos son “un último recurso”, y añadió en su correo electrónico a Vásquez: “Pueden ser insostenibles, pueden durar mucho más de lo previsto y son caros de gestionar y mantener.” Ashmore negó ser entrevistado por el Weekly.
Vásquez dijo que habló con personas con experiencia internacional en ese tipo de campamentos “que reiteraron que seguir esa vía debería ser el último recurso, debido a su experiencia de las cosas que podrían salir mal”. Como resultado de esas conversaciones, dijo que expresó sus preocupaciones “directamente a la administración [de Johnson]” antes de hacer una declaración pública.
Desde agosto de 2022, más de 18,500 migrantes solicitando asilo han llegado a Chicago, la mayoría de ellos transportados en autobús por las autoridades de Texas. Tras llegar a la zona de desembarco en la ciudad, son enviados a las estaciones de policía a la espera de ser alojados en uno de los albergues públicos de la ciudad. Algunos llevan meses en las comisarías por falta de espacio en el sistema de albergues, que Johnson ha ido ampliando rápidamente para tratar de mantener el ritmo de la llegada de autobuses procedentes de los estados fronterizos. Más de 3,000 personas se encuentran actualmente alojadas en comisarías de policía, y en muchos casos duermen afuera. Unas 500 personas se encuentran en los aeropuertos de O’Hare o Midway.
En septiembre, Johnson firmó un contrato de $29 millones con la compañía GardaWorld Services y su subsidiario Aegis Defense Systems para construir y dotar de personal los “campamentos base invernales”.
Los funcionarios municipales han dicho en repetidas ocasiones que los campamentos son temporales. En una polémica reunión pública el 24 de octubre en la secundaria Thomas Kelly College Prep, en Brighton Park, sobre un campamento que la Municipalidad está planeando en la 38th y California, la concejala Julia Ramírez dijo: “La Ciudad está pidiendo mucho de Brighton Park con este plan. Esto es temporal, pero todos nos quedamos aquí, somos de aquí, y estaremos aquí”. En la reunión, la alcaldesa adjunta de Derechos de los Inmigrantes, Migrantes y Refugiados, Beatriz Ponce de León, y la jefa adjunta de personal, Cristina H. Pacione-Zayas, insistieron en que tienen la intención de que los campamentos sean temporales.
Pero en otras ciudades, este tipo de campamentos han durado mucho más de lo anticipado originalmente, y los expertos que hablaron con el Weekly dijeron que esto podría ocurrir también en Chicago.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define los campos de refugiados como “instalaciones temporales” y “una solución a corto plazo para mantener seguras a las personas durante emergencias específicas”, a la vez que señala que “las situaciones de emergencia pueden comenzar a prolongarse y resultar en personas viviendo en campamentos durante años o incluso décadas”.
“Para empezar, no son campos de refugiados”, dijo Pacione-Zayas, describiendo el campamento de Brighton Park. “Desgraciadamente, esa no es la denominación que el gobierno federal les ha dado a las personas que solicitan asilo y a otros migrantes”.
“Refugiado”, “solicitante de asilo” y “migrante” son términos que tienen diferentes ramificaciones legales. Un solicitante de asilo es alguien que ha salido de su país buscando protección ante la persecución, pero cuya solicitud de asilo aún se está tramitando y todavía no ha sido reconocido como refugiado. No todos los solicitantes de asilo serán reconocidos por un juez como refugiados, aunque todas las personas reconocidas como refugiadas fueron en algún momento solicitantes de asilo.
El proceso de solicitud de asilo puede durar años. A nivel nacional, más de 4 de cada 10 casos de asilo presentados en 2000 seguían pendientes en 2021, según datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. En septiembre, 8,546 solicitantes de asilo venezolanos en Chicago tenían una corte pendiente, para quienes el tiempo promedio de espera era de más de dos años y medio.
Los campamentos de Chicago probablemente alojen a solicitantes de asilo y migrantes independientemente de los procedimientos de sus casos, por lo que técnicamente no serían considerados campamentos de refugiados.
Una ex empleada del ACNUR con más de cinco años de experiencia en la respuesta a los refugiados en Kuwait y Zambia, afirmó que el contexto nacional importa a la hora de evaluar la permanencia de los campamentos. Aunque los campamentos llegan a ser permanentes en la mayoría de las crisis de refugiados, la mayoría de los refugiados (el 76 por ciento) son recibidos por países con menos recursos, y existen diferencias entre las opciones disponibles a una nación occidental, como los Estados Unidos, y a otra con menos recursos, explicó. Añadió que un país como los Estados Unidos puede detener a los migrantes en la frontera y devolver a las personas a su país de origen, lo que puede reducir la necesidad de campamentos.
Sin embargo, los centros de recepción de solicitantes de asilo y migrantes en países del Occidente podrían “comenzar a ser una especie de ‘ghetto’”, dijo la experta, que se negó a ser nombrada en este reportaje. “Probablemente se empezarían a integrar a la ciudad como un barrio, pero un barrio que surge de la pobreza, y [tendrían] muchas dificultades para superar esas condiciones”.
Ya sea un campamento de refugiados o de solicitantes de asilo, todos estos lugares están destinados a ser temporales, afirmó Melissa Gatter, antropóloga de la Universidad de Sussex que ha estudiado las dinámicas en los campamentos para refugiados.
“Al final, no importa lo temporal que se pretenda que sea un lugar de refugio, en la mayoría de los casos la gente acaba teniendo que quedarse más tiempo porque no tienen muchas más opciones”, dijo Gatter. “Ese es el caso de la mayoría de los campamentos de refugiados y probablemente será el caso de este campamento independientemente de cómo le llamen”.
La exempleada del ANCUR afirma que los campamentos temporales comienzan a prolongarse cuando las personas que se alojan en ellos se quedan estancadas, cosa que dependerá de las políticas de inmigración del país. Y si los inmigrantes no se integran en la economía local, pueden desesperarse y recurrir a la actividad ilícita para sobrevivir.
“Cuando la gente no tiene acceso a cosas como un trabajo, o no puede salir físicamente del campamento o no puede realmente tener tanta movilidad, es cuando empiezan a establecerse donde están”, afirma Gatter. “Se trata menos de los campamentos y más de las oportunidades económicas que tiene la gente”.
El hecho de que GardaWorld sea ante todo una empresa de seguridad sugiere que “va a haber un alto nivel de vigilancia, ya sea formal o informal”, añadió. “Cualquier lugar en el que haya miles de personas en camas, catres, lo que sea… siempre que haya gente en filas, va a estar militarizado o vigilado de alguna manera”.
Además, los campamentos pueden ser extremadamente burocráticos, y las cortes estadounidenses pueden tardar en tramitar a los solicitantes de asilo porque la infraestructura nacional de reasentamiento se ha reducido en años recientes. Los servicios de refugiados durante la administración de Trump han visto el cierre de 134 oficinas de reasentamiento nacionales desde 2017, lo que representa un recorte del 38 por ciento. “Creo que el estado ‘en espera’ de estas personas podría prolongarse más que en otros lugares”, dijo Gatter.
A la pregunta de cómo pretende la administración local garantizar que los campamentos no se hagan permanentes, Pacione-Zayas reiteró que las estructuras son prefabricadas y diseñadas para ser temporales. “Nuestra intención, como siempre hemos dicho desde el principio, es el reasentamiento. Queremos que la gente sea autosuficiente, tenga autonomía y se supere”, afirmó.
“Así que, mientras les proporcionamos los servicios adecuados de asistencia y de gestión de sus casos, y dispongamos de un sistema de vivienda en el que podamos ofrecerles a los solicitantes de asilo ayuda temporal de emergencia para la renta, conseguiremos que sean autosuficientes y que salgan de un campamento para instalarse en una vivienda temporal”.
La permanencia estructural de un campamento aún puede durar más del tiempo que la gente permanezca en él o que la duración de una crisis migratoria. El material que Ashmore le proporcionó a la Comisión de Inmigración incluye ejemplos detallados de la respuesta europea a la llegada de más de un millón de migrantes en 2015 y 2016.
Alemania construyó en 2015 centros de acogida invernales, que incluían carpas familiares y estructuras prefabricadas, para alojar a los refugiados a corto plazo mientras esperaban un alojamiento más permanente. Los centros pasaron de ser lugares de alojamiento a corto plazo a lugares de alojamiento a medio plazo para proporcionar apoyo adicional durante el proceso de solicitud de asilo. En total, más del 90 por ciento de las personas pasaron menos de 24 horas en las instalaciones y para julio de 2016, todos los refugiados habían sido reubicados. Pero los centros siguen hoy en modo de espera, listos para funcionar dentro de treinta días si llegan más migrantes.
Otra dinámica que suele surgir es la tensión entre los migrantes y el país acogedor por las preocupaciones económicas y las narrativas perjudiciales sobre los migrantes que son influidas por la desinformación, que a veces pueden volverse violentas.
En la reunión pública del pasado martes, una mujer y voluntaria de Colombia que habló en nombre de varios migrantes dijo que los recién llegados a Chicago quieren trabajar, pero muchos están a espera de permisos federales de autorización de trabajo. Aunque la administración de Biden aprobó permisos de trabajo para los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio, la situación de los que llegaron después de esa fecha está en el aire. 30,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua podrán entrar en Estados Unidos cada mes con permisos de trabajo de dos años, y otros 40,000 solicitantes de asilo podrán utilizar una aplicación telefónica del gobierno para conceder citas con los funcionarios en las fronteras.
El anuncio de Biden de permisos de trabajo fue seguido de otro en el que afirmaba que empezaría a deportar a los migrantes venezolanos que no tienen base legal para permanecer en el país. El Secretario de Estado, Antony Blinken, describió la nueva política de deportaciones como “una pieza clave” de la política migratoria de la administración. El primer vuelo partió hacia Caracas, Venezuela el 18 de octubre con 127 personas a bordo.
En la reunión del 24 de octubre sobre el campamento en Brighton Park, los residentes que hicieron comentarios públicos estaban divididos en partes iguales. Los que se oponían citaron la preocupación por el valor de sus propiedades y el temor a un aumento de la delincuencia, mientras que los que estaban a favor hablaron de la importancia de que Chicago siga siendo una ciudad santuario para inmigrantes.
Carolyn Brown, que ha sido maestra en la secundaria Kelly desde 2003, dijo que le “preocupa lo temporal que es realmente la situación”, y añadió que todos los residentes de Chicago necesitan vivienda más estable. Dijo que toda su carrera ha enseñado a estudiantes que han enfrentado la inestabilidad de la vivienda. Los migrantes necesitan “la dignidad de vivir bajo un techo”, afirmó.
Independientemente del lado en que estaban, la mayoría de los asistentes a la reunión de Kelly coincidieron en la necesidad de un alojamiento más permanente y digno para los recién llegados, y de más dinero federal y estatal para lograrlo. Sin embargo, recibir dinero federal se trataría de alinearse con la política federal.
Gatter afirmó que es probable que el gobierno estadounidense no esté interesado en ofrecerle alojamiento permanente a los nuevos migrantes. Explicó que, a ojos del Estado, los migrantes que no han sido aceptados oficialmente como solicitantes de asilo no tienen base legal para estar en el país, por lo que técnicamente no hay ningún interés político en sacarlos de los refugios temporales, donde pueden ser controlados y vigilados más fácilmente para su deportación.
Las leyes internacionales ofrecen algunas protecciones para los solicitantes de asilo que aún no han recibido el estatus oficial de refugiado, pero son limitadas. Una de las expertas explicó que, aunque la ley internacional tiene un principio fundamental de “no devolución” que le prohíbe a un país devolverlos a su país de origen, donde es probable que sean víctimas de persecución, este principio no aplica si los administradores de los casos determinan que no existe una amenaza directa contra su vida.
Dijo que en términos legales, “el asilo no es realmente aplicable si te vas a morir de hambre a causa de no poder encontrar un trabajo.”
De enero de 2019 a diciembre de 2020, el gobierno de los Estados Unidos devolvió a cerca de 70,000 solicitantes de asilo y migrantes a condiciones peligrosas en México para esperar la decisión de su solicitud de asilo bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). Un reporte de Médecins Sans Frontières reveló que el 75 por ciento de los migrantes devueltos a México bajo el MPP habían sido víctimas de intentos de secuestro.
Aunque los Estados Unidos trabaja y financia proyectos del ACNUR en los países del sur, no colabora con él en su propia gestión de la migración dentro de las fronteras estadounidenses, dijo Gattner. “En su lugar, se convierten en sus propios mecanismos gubernamentales, siguiendo y controlando a la gente hasta que averiguan qué hacer con ellos”.
Lo “último” que debe hacer la Municipalidad es tratar a los solicitantes de asilo como una especie de carga para la comunidad. “Hay que verlos como posibles contribuyentes y colaboradores”, dijo Gattner. “Creo que cualquier cosa que le permita a la gente la libertad de movimiento y la capacidad de verse a sí mismos como posibles contribuyentes a la ciudad, como personas valoradas… eso va a tener un efecto positivo en cómo se maneja esto, y cómo van a ser recibidos, y cómo van a ser percibidos también por sus vecinos en Chicago.”