Traducido por Jacqueline Serrato
A medida que la administración de Trump ha intensificado las operaciones de control migratorio en Chicago y otras ciudades grandes, miles de personas, incluyendo muchas sin antecedentes penales, han sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias federales.
La rapidez de estas detenciones expone un sistema donde el debido proceso a menudo está fuera de alcance, dejando a las familias en un ciclo de incertidumbre, miedo y pérdida. Para las familias y las comunidades, comprender el proceso puede ser difícil, ya que cada caso puede desarrollarse de manera diferente.
Diana Rashid, abogada gerente del Proyecto de Detención del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, y Xanat Sobrevilla, organizadora de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, son testigos directos de la realidad de la detención. Rashid brinda representación legal a las personas detenidas, mientras que Sobrevilla responde a llamadas de emergencia en la Red de Apoyo Familiar y la línea directa de OCAD, ayudando a las familias cuando un ser querido es detenido.
“Muchas de las llamadas que recibimos son de familias que intentan encontrar a sus seres queridos después de un arresto por parte de ICE”, dijo Sobrevilla. “Llaman porque no saben a dónde se han llevado a su familiar ni qué hacer a continuación”.
Cuando el ICE arresta a alguien en el área de Chicago, primero lo llevan a un centro de procesamiento en Broadview, un suburbio a varias millas al oeste de los límites de la ciudad. Este lugar es un centro de admisión a corto plazo, no un centro de detención.
La Oficina de Control y Deportación de Chicago (ERO) gestiona las operaciones de ICE en Illinois, Missouri, Kansas, Wisconsin, Indiana y Kentucky. Aquí, los funcionarios toman las huellas dactilares, procesan la documentación legal y determinan si un detenido será liberado, se le asignará una fianza o será transferido a un centro de detención para continuar con los procedimientos.
Es en estos centros de procesamiento donde los funcionarios de ICE pueden solicitar a las personas que firmen documentos de salida voluntaria, “lo que les indica a los detenidos que pueden salir de EE.UU. ‘voluntariamente’ en lugar de ser deportados”, dijo Rashid. “Pero lo que muchos no saben es que firmar esta forma significa renunciar al derecho a defender su caso”.
Según Rashid, algunos detenidos, sin saberlo, renuncian a su derecho a una audiencia o aceptan la deportación sin darse cuenta. Le recomienda encarecidamente a las personas no firmar nada sin consultar con un abogado.
Si bien ya no se detiene a las personas en las cárceles del Condado de McHenry ni en otras cárceles de Illinois desde que se firmó la Ley Forward Act de Illinois en 2021, quienes están bajo custodia ahora son transferidos a centros fuera del estado contratados por el ICE. Estos incluyen centros en el Condado de Dodge, Wisconsin; el Condado de Clay, Indiana; el Condado de Boone, Kentucky; y lugares recientemente agregados como el Condado de Grayson, Kentucky.
“Las personas detenidas en el área de Chicago son enviadas inicialmente a cárceles del condado con contratos con ICE”, dijo Rashid. “Pero hemos visto que las transfieren fuera de la región a lugares como Missouri, Kansas, Oklahoma o incluso Luisiana. No hay una regla establecida; es muy arbitrario dónde terminan las personas”.
Rashid explicó que los detenidos deberían tener la oportunidad de hacer su primera llamada telefónica en el centro de procesamiento de Broadview. Sin embargo, no todos los detenidos tienen ese derecho, según Rashid. “No consideramos que [no obtener una llamada] sea una práctica común, pero puede suceder”, dijo.
ICE no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
Según Rashid, el sistema de detención opera según capacidades cambiantes, lo que significa que las personas pueden ser transferidas de un centro a otro sin previo aviso. Por ejemplo, los detenidos en un centro del Condado de Clay, Indiana, pueden ser trasladados posteriormente a centros fuera del estado; estos traslados suelen complicar la representación legal y la comunicación familiar.
En una entrevista con el Weekly, Manuel, un padre inmigrante de Back of the Yards que fue detenido en 2017, durante el primer gobierno de Trump, y liberado en 2018 (usamos un seudónimo para proteger su identidad), compartió que los funcionarios de ICE intentaron presionarlo para que firmara documentos sin un abogado.
“Me llevaron a una de sus oficinas para tomarme las huellas dactilares y hacerme firmar unos papeles”, dijo Manuel. “Me dijeron que, como ya había sido deportado una vez, debía firmar el papel”. Dijeron: “Firma el documento y, como quiera, te deportaremos para que puedas irte rápido”.
Cuando se negó, los funcionarios de ICE le dijeron que su salida voluntaria previa les daba la autoridad para deportarlo independientemente de si firmaba los nuevos documentos o no. Manuel no los firmó.
En el centro de procesamiento, Manuel dijo que también les preguntó a los funcionarios de ICE si podía llamar a un abogado y a su esposa, pero no se lo permitieron. No fue hasta que fue transferido al centro de detención del Condado de McHenry que pudo hacer esas llamadas, dijo.
Muchos detenidos no tienen números de teléfono memorizados, lo que les dificulta contactar a sus familias. Las familias a veces pasan semanas sin tener noticias de su ser querido porque no recibieron una llamada o no pudieron comunicarse con nadie. “Es una de las partes más difíciles… la gente simplemente desaparece en el sistema y sus familias no saben dónde están”, dijo Rashid.
Cuando un familiar es detenido, puede localizar a sus familiares mediante el localizador de detenidos de ICE en internet (locator.ice.gov/odls/#/search), que requiere el Número A (Número de Registro de Extranjero) de la persona o una coincidencia exacta de su nombre, país de nacimiento y fecha de nacimiento. Sin embargo, debido a errores e inconsistencias en la entrada de datos que cometen los funcionarios, localizar a las personas puede ser difícil, explicó Rashid.
Otra opción para localizar a sus seres queridos una vez arrestados y detenidos es enviar un correo electrónico al Localizador de Clientes de Broadview (bit.ly/Client_Locator). Los familiares también pueden intentar comunicarse con los centros de detención individuales de ICE, cuyas ubicaciones e información de contacto se pueden encontrar en línea en ice.gov/detention-facilities.
Manuel comentó que las llamadas desde el centro de detención eran costosas y que al principio era confuso usar el sistema. “Al principio, al llegar, lo normal es que, como ya hay muchos inmigrantes como tú, les preguntes: ‘¿Me dejan hacer una llamada?'”, recordó. Y así pudo contactar a su familia.
Sobrevilla comentó que el sistema de detención también es lucrativo para algunos. “Hay empresas privadas que contratan a ICE para brindar servicios telefónicos dentro de los centros de detención y cobran tarifas extremadamente altas por las llamadas”.
Comentó que una llamada de diez minutos puede costar entre $10 y $15, lo que dificulta que las familias se mantengan en contacto. “Las familias deben llamar al centro de detención para saber cómo agregar dinero a su cuenta”, explicó. Cada centro tiene su propio proceso para configurar cuentas telefónicas para que los familiares puedan llamar. Sobrevilla explicó que para pagar las llamadas telefónicas y las necesidades básicas, los detenidos dependen de las cuentas de “comisaría”, a menudo financiadas por el dinero que envían sus familiares. Algunos detenidos son incluidos en programas de trabajo, ganando mínimo $1 al día.
Una vez detenidos, las personas son puestas en proceso de deportación ante la Corte de Inmigración de Chicago, ubicado en 55 E. Monroe, a menos que su caso sea transferido a otra jurisdicción debido a una reubicación. Las familias de quienes tengan una audiencia próxima pueden encontrar información en el Sistema Automatizado de Información de Casos (acis.eoir.justice.gov). Las audiencias suelen realizarse por video en la Corte de Inmigración de Chicago y las familias pueden encontrar más información en su sitio web (justice.gov/eoir/chicago-immigration-court).
Rashid enfatizó que las personas con órdenes de deportación previas, expulsión acelerada o restablecimiento de expulsión no tienen acceso a una audiencia; ICE puede deportarlos de inmediato.
Para quienes reciben fianzas, la cantidad mínima es de $1,500, sin límite máximo, dijo Rashid. El monto total debe pagarse antes de la liberación, luego su caso pasa a un expediente judicial de no detenidos, lo que significa que deben continuar asistiendo a las audiencias de inmigración o se arriesgan a una orden de deportación.
El proceso de fianza es complicado, y al hablar con las familias, Sobrevilla les aconseja que soliciten la fianza a un abogado en lugar de que lo hagan ellos mismos. “Normalmente, les decimos a las personas que no soliciten la fianza por sí mismas”, dijo. La experiencia legal es crucial en estos casos, ya que un abogado puede presentar la solicitud estratégicamente, aumentando las posibilidades de liberación y evitando posibles riesgos.
La elegibilidad para la fianza depende de varios factores, explicó Rashid. Algunas personas, incluyendo aquellas con órdenes de deportación previas o cruces fronterizos recientes, no son elegibles. Sus antecedentes penales también pueden impedir que los detenidos sean elegibles para la fianza. “Si alguien tiene ciertas condenas, especialmente las consideradas ‘delitos graves’ según la ley de inmigración, está sujeto a detención obligatoria y un juez no puede otorgarle la fianza”, dijo Rashid.
La Ley Laken Riley (LRA), aprobada por el Congreso en enero, añade aún más delitos que pueden invalidar la libertad bajo fianza, incluyendo delitos no violentos como robo. Estar en una base de datos de pandillas plagada de errores también ha expuesto a personas a procedimientos migratorios en el pasado.
Rashid afirmó que la realidad es diferente a la que informa ICE. “Se está deteniendo a personas sin antecedentes penales, y a quienes deberían ser elegibles para la libertad bajo fianza se les está negando”, afirmó. “En este momento, nadie está a salvo de la aplicación de la ley”.
¿Qué sucede si los agentes de inmigración entran en la casa de alguien sin una orden judicial? ¿Podrían argumentar que se violaron sus derechos? Rashid explicó que estos argumentos son más efectivos para las personas que nunca han tenido contacto previo con las autoridades migratorias. “Pero eso es poco común”, señaló, “porque la mayoría de las personas indocumentadas tienen algún historial migratorio, incluso si solo se trató de una interacción en la frontera”.
Añadió que muchas personas detenidas en redadas domiciliarias ni siquiera tienen la oportunidad de ver a un juez de inmigración. Si ya tienen una orden de deportación previa, ICE puede deportarlos inmediatamente sin necesidad de procedimientos judiciales. En esos casos, no hay posibilidad de impugnar una entrada ilegal porque no tienen acceso a una audiencia.
Si una persona recibe una orden de deportación definitiva, es devuelta al Centro de Procesamiento de Broadview antes de ser trasladada a un aeropuerto para su deportación. Las familias deben coordinar con los oficiales de ICE para confirmar la hora de entrega y los artículos permitidos. Pueden dejar algo de equipaje y dinero en Broadview antes de que deporten a su ser querido. Las restricciones sobre el tipo de equipaje, el peso y el horario hacen que sea importante que las familias coordinen con los oficiales de ICE con anticipación. “El proceso es muy temprano en la mañana, generalmente alrededor de las 4 o 5 de la mañana”, explicó Rashid.
Desde allí, son trasladados al aeropuerto de Gary, Indiana, y trasladados en avión a instalaciones cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México, “donde luego cruzan la frontera caminando”, explicó Rashid. En el caso de los centroamericanos y sudamericanos, “generalmente son transferidos a Luisiana, donde ICE reúne suficientes detenidos para llenar un vuelo de deportación a su país de origen”, explicó.
El horario depende de cuántas personas estén esperando ser deportadas, por lo que algunos podrían permanecer detenidos por más tiempo. Según Rashid, ICE no rastrea ni monitorea a las personas deportadas después de su expulsión. Una vez que llegan a su país de origen, se las arreglan solos. La única excepción son quienes salieron bajo la modalidad de salida voluntaria, quienes deben reportar su salida a la embajada de Estados Unidos para evitar una orden de expulsión.
Explicó que los ciudadanos mexicanos son dejados en la frontera y, a menudo, el gobierno mexicano los transporta en autobús a sus países de origen; en ocasiones, tienen que encontrar su propio camino a casa. En el caso de otros, ICE los transporta en avión a la capital de su país y los libera en el aeropuerto sin más supervisión.
Manuel tiene un mensaje claro para cualquier persona que esté pasando por el proceso de detención: “Lo más importante es no firmar ningún documento, ni decir nada sin un abogado”, dijo. “Quieren hacernos desaparecer en el sistema, pero seguimos aquí, yo sigo aquí”.
Alma Campos es una editora principal del Weekly.