Traducido por Gisela Orozco
La semana pasada, los residentes de un edificio de apartamentos en South Shore se despertaron sobresaltados cuando casi 300 agentes federales, respaldados por helicópteros y granadas aturdidoras, irrumpieron en sus hogares en una redada masiva de inmigración.
Un video publicado en redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió la redada en el 7500 S. South Shore como una operación de estilo militar para capturar a jóvenes morenos. En realidad, la madrugada del martes los agentes federales detuvieron a todos los residentes del edificio de 130 unidades, incluyendo a bebés y niños, colocándolos en correas y separándolos por raza en camionetas durante más de dos horas.
En un video de NewsNation, cuyo equipo de camarógrafos fue invitado a unirse a la redada, se muestra a agentes enmascarados con uniformes verdes, chalecos y letras amarillas que forman las palabras “U.S. Customs and Border Patrol” rodeando el edificio.
Algunos oficiales apuntaron al edificio con pistolas equipadas con linternas tácticas; otros portaban rifles largos y llevaban cascos equipados con cámaras y linternas. Helicópteros sobrevolaban el cielo y los agentes en tierra lanzaban granadas aturdidoras. Los residentes, que se despertaron repentinamente, sólo tuvieron unos segundos para abrir antes de que los agentes derribaran las puertas y entraran a la fuerza, según grabaciones de residentes que presenciaron la redada.
En las imágenes de NewsNation, los agentes parecen cortar y dañar una valla en una propiedad de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) antes de usarla como entrada para detener a las personas y trasladarlas al estacionamiento de la escuela, que se convirtió en un área de estacionamiento y preparación improvisada para el operativo de inmigración.
En una entrevista con NewsNation, el agente jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, declaró que ciudadanos estadounidenses también fueron detenidos durante la redada por razones de seguridad. “Generalmente no determinamos si son extranjeros dentro del edificio”, y añadió que “hoy no se ha violado ningún derecho”.
Agentes enmascarados hicieron que la gente se formara en fila frente al edificio, donde les preguntaron a cada residente su nombre y país de origen antes de levantarles la camisa para revisar si tenían tatuajes. Después procedieron a preguntarles si tenían documentos que acreditaran su residencia legal en Estados Unidos. Uno a uno, los residentes del edificio, incluyendo ciudadanos estadounidenses afroamericanos, fueron subidos a camionetas donde fueron interrogados más detalladamente.
Según un comunicado del DHS, treinta y siete personas fueron arrestadas, incluidos cuatro niños. Al momento de este informe, los vecinos aún no han podido localizar a todos los arrestados.
Los vecinos informaron que la redada comenzó a eso de las 12:30 a.m. y se prolongó hasta aproximadamente las 4:00 del martes. Los videos publicados en la aplicación Citizen muestran que oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD) se encontraban cerca, lo cual el departamento confirmó posteriormente en un comunicado al Weekly. Los residentes que hablaron con el Weekly dijeron haber visto a agentes del CPD bloqueando el tráfico cerca del edificio horas antes de que comenzara la redada.
Una reportera del Invisible Institute llegó al edificio a eso del mediodía del martes, horas después de la redada. Al entrar por las puertas principales abiertas, no encontró a ningún residente adentro.
El edificio parecía haber estado abandonado durante mucho tiempo. El olor rancio a moho se mezclaba con el hedor a basura podrida y orina. Había fugas de agua casi por todas partes, y los cables de extensión serpenteaban por los pasillos y entraban en los apartamentos donde los residentes habían estado desviando la electricidad. Un equipo de limpieza de tres personas limpió el agua estancada en el pasillo del primer piso.
El ascensor estaba averiado; la escalera tenía un olor a podrido. Arriba, el hedor se intensificaba. Todas las puertas fueron derribadas o arrancadas de sus bisagras, dejando madera recién astillada en los marcos. En el interior había colchones volteados, ropa y juguetes esparcidos y lámparas tiradas.
De regreso al exterior, un reportero de NBC habló con un residente que dijo haber estado detenido durante dos horas. Detrás del edificio, dos trabajadores tiraban sus pertenencias a la basura. Un oso de peluche gigante estaba en el contenedor.
Verónica Castro, subdirectora de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), describió lo que vio su equipo cuando llegaron a eso de la 1:00 p.m. del martes.
“El estado del edificio era realmente difícil de ver”, contó. “No tenía servicio. Había problemas de agua y electricidad, y las puertas estaban derribadas a patadas, hasta el punto de que era imposible saber si se debía al incidente policial ocurrido ese mismo día o si era así. Vimos cunas y adornos de cumpleaños que la gente había dejado allí y que se los llevaron en plena noche”.
El edificio fue comprado por Trinity Flood, inversionista con sede en Wisconsin, en enero de 2020, según los registros del Condado de Cook. El 1 de octubre, al día siguiente del allanamiento, un juez revisó una moción de emergencia de Wells Fargo que buscaba nombrar a Matthew Tarshis, de Frontline Real Estate Partners, como administrador judicial de la propiedad.
En 2020 Flood compró tres propiedades multifamiliares en South Shore. El vecindario, que registró el mayor número de solicitudes de desalojo en Chicago entre 2015 y 2019, según el Centro Legal para una Mejor Vivienda, ha experimentado un aumento en la cantidad de inversores inmobiliarios externos desde el anuncio en 2017 de la construcción del Centro Presidencial Obama en el vecino Jackson Park.
A mediados de 2024, Wells Fargo Bank ejecutó la hipoteca del edificio, interponiendo una demanda de $27 millones contra Flood por incumplimiento de pago de préstamos. A finales de 2024, la Municipalidad comenzó a cerrar sus albergues para migrantes más grandes y, gracias a la asistencia financiera estatal distribuida a través de Caridades Católicas y al apoyo para mudanzas de la Iglesia Nueva Vida, reubicó a muchas familias en edificios como este.
Al día siguiente de la redada, el 1 de octubre, un juez consideró una orden de emergencia de Wells Fargo para designar a Frontline Real Estate Partners como administrador judicial del edificio. The Real Deal, medio de noticias inmobiliarias, informó que los inspectores de la ciudad visitaron el edificio dos semanas antes de la redada. El concejal Greg Mitchell (7º Distrito) no respondió a la solicitud de comentarios del Weekly.
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración en ciudades lideradas por demócratas con leyes santuario como Chicago, realizando operaciones cuyo alcance y ejecución se han vuelto cada vez más militarizados.
“La misma administración que los trajo en autobús hasta aquí es la misma que los está persiguiendo para deportarlos”, dijo Castro, refiriéndose al gobernador de Texas, Greg Abbot, republicano que envió a miles de migrantes a Chicago, a quienes el gobierno federal concedió asilo, en 2023.
“Hay una gran cantidad de venezolanos en el área de South Shore. Muchos de ellos solicitaban algún tipo de arreglo de estatus, ya sea asilo u otras medidas… Intentaban arreglar su estatus siguiendo las directrices establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)”.
El 1 de octubre, el DHS declaró que arrestó a más de 800 personas desde el lanzamiento del “Operativo Midway Blitz” el 8 de septiembre. Se desconoce cuántas de estas personas tenían antecedentes penales o una orden judicial firmada, ni cuántas fueron detenidas en detenciones aleatorias y controles de vehículos. Según TRAC, proyecto de transparencia de datos de la Universidad de Syracuse, que publica estadísticas federales sobre la aplicación de la ley, el 71.5% de las personas que se encuentran actualmente en detención migratoria no tienen antecedentes penales.
En una moción presentada en marzo y una notificación judicial federal presentada en septiembre, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al DHS de violar un decreto de consentimiento sobre detenciones migratorias sin orden judicial al detener y arrestar a docenas de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, durante recientes operativos de control migratorio en Chicago.
“Siempre ha existido el temor de que, debido a que el gobierno tenía su información y a que recibían apoyo, pudieran ser objeto de persecución por parte de esta administración”, declaró Castro.
Ese miedo se hizo realidad cuando [los agentes federales] aparecieron buscando gente.
Eboni Watson, vecina que grabó la redada que duró varias horas en el edificio de apartamentos, declaró al Weekly que acababa de acostarse y cerró los ojos cuando oyó un fuerte estruendo, seguido del zumbido característico de drones, un sonido que había llegado a reconocer tras notarlos sobrevolando su casa durante las últimas tres o cuatro semanas.
Un momento después, el teléfono de Watson se iluminó con una notificación de la aplicación Citizen que decía que había habido un accidente automovilístico afuera. El zumbido se hizo más fuerte. Agarró el teléfono y se levantó de la cama para mirar por la ventana.
Había agentes por todas partes: algunos corrían por la calle mientras otros saltaban de vehículos de alquiler de Budget. Sobre el edificio de enfrente, agentes descendían en rápel desde helicópteros. Watson contó las luces intermitentes de casi diez drones y vio hombres en los techos más abajo en la cuadra.
También despertados por la conmoción, algunos vecinos de Watson se habían reunido en su patio. Pronto se les acercaron policías militarizados enmascarados. En ese momento, Watson salió, donde vio que los agentes habían invadido toda la cuadra y sus alrededores.
“Se veían hombres con chaquetas y chalecos del FBI (Buró Federal de Investigaciones), la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la DEA (Administración para el Control de Drogas)”, contó. Se veían agentes vestidos de civil. Se veía a oficiales de la Policía de Chicago bloqueando el tráfico, redirigiéndolo, ayudándolos, y ni siquiera se supone que deban coordinarse con ellos.
La Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago prohíbe al CPD colaborar con ICE en los arrestos por inmigración, pero el departamento ha mantenido que puede dirigir el tráfico y vigilar a los manifestantes cerca de la actividad migratoria por razones de seguridad pública.
En un comunicado, un portavoz del CPD afirmó que acudieron al lugar de los hechos después de que las autoridades federales les notificaran la detención de una persona con una orden de arresto vigente. La policía arrestó a un hombre de cuarenta y seis años de edad. “Para ser claros, el Departamento de Policía de Chicago sólo acudió al lugar de los hechos para cumplir con las leyes penales relacionadas con la orden de arresto vigente del delincuente”, se indica en el comunicado. “No participamos ni colaboramos en la aplicación de las leyes de inmigración”. Añadió que el CPD actúa “de conformidad con… la Ordenanza de la Ciudad Acogedora”.
Mientras Watson interrogaba a los agentes sobre las órdenes de arresto y la legalidad de la redada, los vecinos le rogaban que guardara silencio por su propia seguridad. Ella se negó a ceder.
“¿Ustedes afirman tener órdenes de arresto, pero tienen una orden para confiscar todo el edificio?”, le preguntó a los agentes. “¿Tienen órdenes de arresto para todo el edificio?”. Según Watson, dos agentes federales le informaron que estaban tomando fotos de todos los detenidos para compararlas con bases de datos de visas u órdenes de arresto. Cuando Watson dio la vuelta a la cuadra para grabar la redada, notó que agentes federales usaban los estacionamientos de Excel South Shore Academy, escuela contratista de CPS, para subir a los residentes a las camionetas. En ellas, Watson vio a ciudadanos estadounidenses negros, mujeres y niños. Los sacaron de sus camas y no les permitieron vestirse antes de atarlos con correas y llevarlos a las camionetas que los esperaban.
En la Primaria Powell, ubicada justo enfrente de la redada, los niños comparten un temor similar. Una fuente, que solicitó el anonimato porque trabaja en Powell, describió la escuela, de mayoría negra, como una escuela acogedora para los recién llegados. Si bien existen barreras lingüísticas, afirmó que los niños se apoyan mutuamente.
En las semanas previas a la redada, la fuente y otros empleados vieron lo que parecían agentes federales estacionados en autos y camionetas cerca de la escuela. Esto les preocupó por la seguridad de los estudiantes mientras caminaban a casa. Algunos niños han dicho tener “miedo de caminar a casa y que los agarren en el camino”, dijeron, y agregaron que desde que el programa de Paso Seguro de CPS perdió fondos, la escuela solo tiene un guardia de cruce en 75th St..
Dijeron que de los setenta y cinco estudiantes de inglés (ELL) en la escuela, de mayoría negra, sesenta no asistieron al día siguiente de la redada. Al menos dos estudiantes de la escuela vivían en el edificio allanado y, al momento de este informe, la escuela no había podido contactarlos. En un comunicado, un portavoz de CPS afirmó que el distrito no comparte estatus migratorio ni coopera con ICE. Sin embargo, no respondieron preguntas sobre la asistencia a Powell después de la redada.
Al día siguiente de la redada, una carta dirigida a la comunidad por la administración de la Primaria Powell decía: “Como recordatorio, nuestra escuela y CPS NO cooperarán con representantes federales, y NO permitiremos el acceso de agentes de ICE ni de ningún otro representante federal a nuestra escuela a menos que presenten una orden judicial penal firmada por un juez federal”.
Yesenia López (Dist. 7B), miembro de la Junta de Educación, declaró al Weekly que, si bien las escuelas con opción de contrato, como Excel, desarrollan sus propias políticas al margen de CPS, se encargará de investigar el estado de las políticas de las escuelas chárter y con opción de contrato con respecto a ICE.
Castro, de ICIRR, alienta a las familias a elaborar sus “paquetes de preparación” para dejar en caso de detención, incluyendo instrucciones para la tutela y un poder notarial si tienen hijos, y una exención de privacidad del Departamento de Seguridad Nacional (“Formulario ICE 60-001”) que permite que alguien solicite una consulta al Congreso para localizarlos dentro del sistema de detención en su nombre.
Desde la redada, Watson dijo que ella y sus vecinos sólo han visto a unas pocas personas regresar al edificio de apartamentos ubicado en el 7500 South Shore. Comentó que cree que las personas negras que no tenían órdenes de arresto fueron liberadas, pero que ha visto a muy pocos inmigrantes. Castro comentó que ha oído que un par de personas fueron liberadas con grilletes electrónicos. “Regresaron al edificio, pero ya estaba tapiado”.
El jueves, Block Club Chicago informó que los residentes liberados estaban comenzando a regresar al edificio y a reparar los daños.
“Quienes están saliendo regresan a casa y no tienen hogar”, agregó Watson. Según ella, después de la redada, la administración del edificio robó o tiró las pertenencias de los residentes, incluyendo visas y documentos importantes.
ICIRR todavía está tratando de determinar la identidad de todas las personas detenidas en la redada. Castro dijo que la organización generalmente puede hacerlo haciendo seguimiento a familiares o seres queridos. “En este caso, no quedaba nadie con quien trabajar”, dijo. El único nombre del detenido del que están seguros es el de una persona que le entregó su pasaporte venezolano a un vecino mientras se lo llevaban.
A finales de la semana pasada, otros incidentes de alto perfil que involucraron a agentes federales habían sacado de los titulares la redada en 7500 S. South Shore. Se vio a agentes estrangulando a un hombre negro en el lado oeste y el miércoles realizaron una redada frente a un albergue para personas sin hogar en Bronzeville. Dispararon e hirieron a una mujer el viernes, hospitalizaron al menos a dos personas durante el fin de semana, esposaron a un concejal de Chicago y durante toda la semana, dispersaron gas lacrimógeno y gas pimienta en enfrentamientos con residentes de Chicago por toda la ciudad.
“No sólo afecta a la comunidad inmigrante”, destacó Castro. “Todos estamos en riesgo. [Estos agentes federales] están haciendo de Chicago un lugar más peligroso”.
“Todos están asustados”, destacó Watson. “Esa [redada] provocó trastorno de estrés postraumático a mucha gente”.
Añadió que los agentes federales ya no se centran sólo en los inmigrantes.
“No”, destacó. “Están deteniendo a cualquiera”.
Maira Khwaja es periodista con el Invisible Institute. Anteriormente, reportó sobre el patrón de allanamientos de viviendas de la Policía de Chicago para el Weekly. José Abonce es un reportero independiente del Weekly que se especializa en los temas de inmigración, seguridad pública, política y cuestiones raciales.