Una residente del sureste de Chicago enfrenta la deportación a pesar de ser elegible para una visa U. Pero los abogados del Centro Nacional de Justicia de Inmigración de Chicago (NIJC, por sus siglas en inglés) dicen que Ana Navarro, de 31 años, cumple los requisitos para obtener una visa U porque es una sobreviviente de abuso sexual infantil y violencia domestica, y ha cooperado con las autoridades para investigar esos crimenes. Una visa U le concedería permiso para permanecer en los Estados Unidos, trabajar y poder solicitar la residencia permanente.
Navarro nació en México, pero vive en los Estados Unidos desde que tenía dos años. Lleva detenida en Wisconsin desde febrero y podría ser deportada este verano. Activistas de inmigración locales y nacionales están pidiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la ponga en libertad porque Navarro tiene una solicitud de visa U pendiente desde febrero de 2022.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una visa U está “reservada para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso mental o físico y son útiles para las autoridades policiales o gubernamentales en la investigación o el enjuiciamiento de actividades criminales.”
Para contar la historia de Navarro, es importante conocer la historia de los abusos sexuales que sufrió cuando era niña, dicen sus abogados. Estaba en segundo grado cuando le confió a un maestro que su padrastro había abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años. Su madre también abusaba físicamente de ella. El <i>Weekly</i> no ha revelado sus nombres a petición de su abogada.
Según Olivia Abrecht, la abogada de inmigración de su caso, Navarro cooperó en la investigación policial, lo que dio lugar al arresto y condena tanto de su padrastro como de su madre, que cumplieron condenas por estos delitos.
Tras quedar en libertad supervisada, la madre de Navarro recibió clases de maternidad que le permitieron obtener permiso para ver a Navarro y a sus tres hermanas menores.
A lo largo de su niñez, Navarro dijo que luchó con el trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) y la depresión debido al abuso. Dijo que asistió a algunas sesiones de terapia, pero sentía que no podía hablar libremente con su abuela presente, a la que quería mucho. “No podía tener sesiones individuales. Mi abuela siempre estaba allí. Así que nunca me sentí cómoda desahogándome sobre lo que realmente sentía”.
A los 16 años, Navarro quedó embarazada mientras mantenía una relación consensual. Dos años después, dijo que su madre la envió a ella y a su hija a vivir con un hombre de más de 20 años, situación en la que Navarro enfrentó más abuso.
Navarro dijo que el hombre fue controlador y abusivo tanto física como verbalmente con ellas durante los cuatro meses que vivieron en su casa. “Controlaba cómo me vestía, nunca me daba dinero para las cosas más básicas. Tenía muchas expectativas sobre a qué hora podía irme a dormir, y siempre que se levantaba, yo tenía que levantarme con él. No tenía dónde ir para mantener a mi hija, hasta que él abusó de ella”.
Navarro se refiere a un día en el que encontró a su hija, que en ese entonces tenía dos años, golpeada dentro de un armario de juguetes del apartamento. “Recuerdo que huí de él porque estaba intentando arrebatármela”, relata. “Porque se enteró que yo la había encontrado [en ese estado]. Y a partir de ahí, su familia se involucró porque oyeron todo lo que pasó”.
Según el resumen de su caso, Navarro intentó llevarse a su hija y huir, pero no pudo escapar, ya que él y algunos miembros de su familia le impidieron salir del apartamento por miedo a que denunciara los abusos.
Durante dos semanas, Navarro y su bebé estuvieron cautivas en uno de los dormitorios del apartamento. La familia vigilaba todos sus movimientos, dijo. Durante ese tiempo, le dijeron a Navarro que atara a su hija con bufandas para que no intentara salir. El hombre la amenazó con hacerles daño a las dos si no accedía, así que lo hizo, dijo.
Navarro dijo que pudo escapar convenciendo finalmente a la familia de que no lo iba a denunciar a la policía. Su prima y su mejor amiga llevaron a Navarro y a su hija al hospital. Sin embargo, Navarro fue detenida poco después.
“Me arrestaron porque dijeron que yo era responsable de los actos de él”, dijo Navarro. “Porque dijeron que yo decidí vivir con él y que yo pensaba que estaba bien”.
La abogada de Navarro, Abrecht, dijo que los fiscales acusaron a Navarro de complicidad por el daño infligido a su hija y fue condenada junto con él.
Abrecht dijo que, al no haber sido informada de sus derechos y de la posibilidad de deportación, Navarro se declaró culpable de intento de asesinato y fue condenada a 15 años. Más tarde intentó apelar su sentencia, pero no tenía abogado para el caso y la apelación se presentó demasiado tarde.
Navarro dijo que dio a su hija en adopción cuando supo que tenía que ir a prisión. “Era lo correcto”, dijo. “Mi hija era una niña tan dulce y cariñosa. Me dio una razón para vivir cuando supe que estaba embarazada de ella”.
“El hecho de que una persona sea indocumentada a menudo se utiliza en su contra para mantenerla cautiva en relaciones abusivas”, dijo Alexis Mansfield, asesora principal del Women’s Justice Institute y directora del Incarcerated Survivors Project. “Y, sin embargo, no es un factor que se tenga en cuenta cuando se juzga o condena a alguien”.
Mansfield conoció a Navarro cuando estaba en el Centro Correccional Logan con su organización para un evento durante el Mes de Concienciación sobre la Violencia Doméstica en octubre. Allí se enteró que Navarro era una sobreviviente criminalizada.
En Logan, donde Navarro cumplió su condena, ella se convirtió en defensora y mentora de otras víctimas de la violencia. Enseñó clases de círculo, resolución de conflictos, arte y arteterapia, y también formó parte de un programa de horticultura.
Navarro está orgullosa de un proyecto de arte en el que participó durante su tiempo allí. “Pude ayudar a pintar y decorar la sala de visitas de Logan para que fuera un lugar más amigable para que los niños vinieran a visitar a sus madres. Pintamos diferentes personajes de caricaturas para que fuera un lugar más agradable”, dijo.
En noviembre de 2022, Navarro fue puesta en libertad debido a su buen comportamiento.
Mansfield y Navarro siguieron trabajando juntas tras ser puesta en libertad. “Ana se involucró en un centro de justicia para mujeres, Women’s Justice Institute, de inmediato porque quería ayudar a otras mujeres”, dijo Mansfield. “Es una artista increíble. Animó a sus amigas a venir y participar en actividades, como nuestros círculos de reintegración, que son nuestros círculos mensuales, dirigidos por y para mujeres que fueron encarceladas para que retomen el control de sus vidas.”
Pero en febrero de 2023, apenas unos meses después de su liberación, ICE localizó a Navarro en Hardin House, un hogar para mujeres recién salidas de prisión. Vivía allí para recibir servicios que la ayudaran a integrarse en la sociedad.
Navarro iba a participar este año como becaria de política con el centro Women’s Justice Institute para defender la legislación estatal en favor de las sobrevivientes. También fue entrenadora de mujeres a través del programa Women Initiating New Directions, financiado por la Universidad Northwestern.
Pero ahora Navarro espera su juicio en la Cárcel del Condado de Dodge, en Wisconsin.
En la cárcel, comparte la unidad con otras 16 personas. No se le permite salir a tomar el aire. “Las ventanas están cubiertas y no se puede ver para afuera. No se ve nada, si acaso quizá el cielo”.
Desde que se levanta a las 6:30 am todos los días, aparte de un tiempo limitado de recreación con las demás, dice que se sienta sola en un cuarto sin nada que hacer. En el centro no se ofrecen servicios de salud mental y Navarro dice que la cárcel no ofrece comida fresca. Los alimentos cotidianos incluyen fruta enlatada o congelada.
El 10 de marzo, la agencia de inmigración emitió una Orden Administrativa Final de Expulsión (FARO, por sus siglas en inglés) por parte de ICE, dijo Abrecht. Una FARO le permite a ICE deportar a alguien sin tener que comparecer ante una corte de inmigración. ICE emitió una FARO contra Navarro porque su condena se considera un delito agravado, según la ley de inmigración.
Pero su abogada explicó que, como Navarro tiene miedo de regresar a México, fue puesta en un procedimiento de retención, que es un procedimiento limitado ante un juez de inmigración. En esta situación, Navarro puede presentar una demanda basada en su miedo de regresar a México, que podría permitirle permanecer en los Estados Unidos basándose en la Convención contra la Tortura que es un tratado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exige que los países firmantes investiguen todas las denuncias de tortura.
“Si Ana estuviera en un procedimiento de expulsión ordinario”, explicó Abrecht, “el juez de inmigración podría conceder la exención necesaria para que se le concediera la visa U y podría ser puesta en libertad a la espera de que USCIS concediera su solicitud. Pero el juez no tiene esa autoridad” en este tipo de procedimiento.
Los abogados de Navarro y los defensores de inmigrantes señalan que, según la Directiva 11005.3 de ICE, se supone que ICE debe analizar este tipo de casos con un “enfoque centrado en la víctima” y considerar la discreción del fiscal. La discreción del fiscal se refiere al poder que tienen las agencias de inmigración de EE.UU., como ICE, de decidir el resultado de un caso de inmigración.
Esto significa que ICE podría retirar la FARO y someter a Navarro a un procedimiento de expulsión ordinario, pero ICE se negó, según Abrecht.
El <i>Weekly</i> contactó a ICE sobre el caso de Navarro y para preguntar cómo utilizan su discreción en este tipo de casos. Un portavoz respondió, “Debido a la privacidad, no podemos hacer comentarios sobre este caso.”
“Los Estados Unidos no invierte en sistemas para apoyar adecuadamente y no criminalizar a los sobrevivientes”, dijo Karina Solano Suárez, coordinadora de la organización Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés). “Es un problema inmenso que inmigrantes, como Ana, que fueron encarcelados y cumplieron su condena puedan enfrentarse a más tiempo en la cárcel al ser puestos bajo custodia de ICE debido a su estatus”.
“La aplicación de la ley de ICE es arbitraria y fomenta los ciclos de violencia. No podemos confiar en una agencia que no sigue su propio memorando de prioridades. OCAD se une en solidaridad con Ana que está luchando por su libertad, sanación y habilidad de apoyar a otras sobrevivientes como ella.”
“Sé que mucha gente no cuenta su historia, especialmente los inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica”, dijo Navarro por teléfono. “Tienen miedo porque piensan que aquí se meterán en problemas y no recibirán ayuda. Siento que esos tres meses en los que pude estar en casa, tuve una muestra de lo que podría ser mi vida si todo sale bien, y si recibo la bendición de quedarme aquí [en el país].”
Mansfield le dijo al <i>Weekly</i> que Navarro se preocupaba demasiado, no sólo por ella, sino por cambiar las cosas para las personas que la rodean. “La necesitamos de vuelta en la comunidad para que siga luchando por un mejor Chicago y un mejor Illinois”.
Navarro espera salir en libertad y seguir con su labor de ayudar a las sobrevivientes de la violencia de género y abuso sexual. “Quiero ayudar a la gente que ha pasado o está pasando por lo que yo pasé y ayudarles a sanar. Tengo un propósito y sé que Dios no me va a apartar de él”.
OCAD está pidiendo a la gente que apoye la liberación de Navarro a través de una petición en línea.
Alma Campos es editora del Weekly y reportera independiente.