Traducido por Alma Campos
En la mañana del miércoles 4 de junio, varios inmigrantes llegaron a la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés) en el South Loop, en el centro de Chicago, después de recibir una notificación inesperada para presentarse a una cita de verificación. Al parecer, todo era una trampa.
Estas diez personas, que habían estado cumpliendo con la supervisión de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
fueron detenidas por funcionarios del ICE en lo que testigos describieron como una situación caótica.
El ISAP, una alternativa a la detención de inmigrantes, es administrado por contratistas privados bajo la supervisión de ICE. Requiere que las personas en proceso de deportación cumplan con estrictas condiciones de monitoreo, tales como monitores electrónicos en el tobillo, vigilancia telefónica y presentarse regularmente en persona mientras permanecen en la comunidad en lo que se resuelve su caso.
Los abogados de Beyond Legal Aid y los miembros de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), que acompañaron a los clientes ese día, dijeron que los agentes de ICE violaron el protocolo normal al negarles la entrada al edificio para proporcionar apoyo legal o interpretación. Las personas que llegaron para registrarse fueron esposadas sin previo aviso, según testigos y organizadores.
Defensores y funcionarios electos se situaron frente a las salidas del edificio para impedir que ICE se llevara a los detenidos. Algunos familiares lloraban al ser separados de sus seres queridos. Otros intentaban comprender qué estaba pasando mientras los agentes de ICE se apresuraban a sacar a los detenidos, los subían a vehículos sin distintivos y se los llevaban.
A medida que el grupo de manifestantes crecía, la Policía de Chicago acudió al lugar y tomó medidas para controlar a la multitud.
La noticia de las detenciones se difundió rápidamente. Más tarde esa misma semana, el 6 de junio, los manifestantes se reunieron en el Centro de Procesamiento de Broadview en Broadview, Illinois, donde habían llevado a los inmigrantes. Los activistas y los familiares exigieron la liberación de los detenidos y trataron de concientizar a la gente sobre lo que consideran una táctica engañosa e injusta.
No había letreros, ni marcas oficiales, ni nada que indicara que allí era el lugar donde ICE procesa a las personas tras su detención antes de trasladarlas a centros de detención fuera del estado. Hombres enmascarados en vans blancas y sedanes negros sin distintivos entraban y salían por un portón alambrado.
“Estamos aquí para exigir la liberación de Gladis Yolanda Chávez Pineda”, dijo Antonio Gutiérrez, miembro de OCAD. “Y por la liberación de todos los que han sido detenidos y que se encuentran actualmente en el edificio detrás de mí”, añadió.
Chávez Pineda, madre y organizadora de OCAD, es una de las diez personas que fueron detenidas durante los controles rutinarios en la oficina del ISAP el 4 de junio.
Según AJ Johnson Reyes, abogado y parte del equipo legal de Chávez Pineda con Beyond Legal Aid, ella recibió un aviso de última hora para presentarse a una cita el lunes anterior, 2 de junio, a través de la aplicación ISAP en su teléfono, que utilizaba para hacer videollamadas semanales como parte de sus controles con ISAP.
Gutiérrez dijo que era “extraño” porque ella había acudido a una cita apenas dos semanas antes y había cumplido plenamente con sus citas.
Chávez Pineda fue detenida ese día y no se supo nada de ella durante dos días. Según los agentes del centro de procesamiento, no habían podido actualizar sus registros debido al número de detenciones que hubo en el transcurso de dos días, dijo el equipo legal después de que se les permitiera verla.
Esta nueva táctica se produce después de que la administración de Trump impusiera a ICE el objetivo de aumentar el número de detenciones diarias. Estas medidas de control más estrictas, que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en California y las amenazas de la administración de desplegarla también en Illinois, contribuyeron a protestas masivas en todo el país para exigir el fin de las deportaciones y las detenciones.
La concejala del distrito 33, Rossana Rodríguez-Sánchez, fue testigo de las acciones de ICE el 4 de junio y se pronunció en contra de las tácticas de ICE que provocaron la detención de Chávez Pineda, vecina y votante de su distrito.
“Es muy importante señalar que en este momento se están violando los derechos constitucionales. Todos estamos viendo cómo se violan sistemáticamente los derechos constitucionales, no hay un proceso justo y todo el mundo tiene derecho a un proceso justo bajo la Constitución”, dijo Rodríguez-Sánchez.
ICE afirmó que las diez personas que detuvieron en el ISAP tenían órdenes finales de expulsión, lo que significa que un juez de inmigración ha determinado que una persona que no es ciudadana de EE.UU. debe salir del país. Sin embargo, Xanat Sobrevilla, de OCAD, dijo lo contrario.
“Es mentira. Ninguna de las personas que están aquí tiene órdenes finales de expulsión. Son personas que estaban cumpliendo con la ley. No son las personas que están tratando de pintar”, dijo.
El ICE no respondió a las solicitudes de comentarios del Weekly.
Chávez Pineda llegó de Honduras con su hija hace diez años en busca de refugio y lleva muchos años en proceso de solicitud de asilo.
Hace unos dos meses, Chávez Pineda fue citada para una cita al azar. Abogados y un grupo de unas quince personas acudieron a la cita en apoyo a Chávez Pineda, pensando que podría ser detenida. Ese día no fue detenida, pero le colocaron un monitor en el tobillo.
Según Reyes, Chávez Pineda no tiene convicciones penales y ha cumplido con sus citas y los requisitos de vigilancia desde 2017. En el momento en que fue detenida durante su cita con el ISAP, tenía una apelación pendiente.
Sus abogados intentaron entregar una copia de la orden de suspensión de la deportación emitida por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito el jueves a los funcionarios del centro de procesamiento mientras presionaban por su liberación.
También se presentó una suspensión de su deportación a ICE, pero aún estaba pendiente. Sin la aprobación de ICE, Chávez Pineda no podía ser liberada, a pesar de que el Séptimo Circuito ya había concedido una suspensión.
“Al hacer esta solicitud hoy, se nos dijo que los funcionarios de este edificio ya no tienen la libertad ni la discreción para liberar a las personas. Que todas esas solicitudes deben pasar por la sede”, dijo Reyes.
Según los abogados, no se proporcionó ninguna orientación adicional sobre cómo ponerse en contacto con la oficina central.
Nadia Singh, abogada de Beyond Legal Aid, dijo que tardaron unos veinte minutos en poder entrar al centro de procesamiento de Broadview después de que les dijeran que tocaran un timbre que no podían encontrar. Cuando les dejaron entrar, les dieron un momento para ver a Chávez Pineda.
“No nos permitieron darle un abrazo. Tuvimos que permanecer al menos a tres metros de distancia. Estaba esposada. Quería expresar su agradecimiento. Cuando empezó a hablar de su hija, se puso a llorar”, dijo Singh.
Abogados y defensores informaron a los medios de comunicación de las condiciones precarias en las que se encontraban Chávez Pineda y otras personas en el centro de procesamiento de ICE, y señalaron que no había camas, solo sillas.
El equipo legal de Chávez Pineda cree que la orden de permanencia otorgada por la Corte del Séptimo Circuito, junto con la suspensión presentada ante ICE que estaba pendiente, deberían haber sido suficientes para su liberación. Sin embargo, las conversaciones con los funcionarios del centro de procesamiento sugirieron que había niveles adicionales de burocracia y retrasos en el procesamiento que pudieron no haberlo hecho posible.
A pesar de que Chávez Pineda ha vivido en los Estados Unidos durante más de una década, tiene la custodia exclusiva de su hija y ha cumplido con los mandatos judiciales, fue considerada un riesgo de fuga, se le colocó un monitor en el tobillo y posteriormente fue detenida, según Singh.
“Una gran parte de lo que está pasando es que no vemos ninguna legalidad ni racionalidad en las decisiones de ICE en este momento. Es como si dijeran: si creemos que tenemos alguna forma de deportarlos, lo haremos”, dijo Singh.
Al finalizar la conferencia de prensa, los defensores y las personas que los apoyaban recibieron la noticia de que ICE estaba recogiendo a personas del centro de procesamiento y las estaba llevando a un lugar desconocido.
Agentes de policía y vehículos de Broadview patrullaban por la calle Beach St. y se situaban frente a la entrada del centro de procesamiento, así como junto a la cerca. Cuando los defensores les preguntaron por qué parecía que la Policía de Broadview estaba ayudando o trabajando con ICE, los agentes respondieron que estaban controlando el tráfico.
Dentro de la cerca, se vio a decenas de detenidos salir del centro de procesamiento, formados en una fila y caminando hacia vans blancas sin distintivos en el estacionamiento.
Las personas que apoyaban a los detenidos gritaban desde fuera de la cerca: ¡”No están solos, aquí estamos!”.
Entre siete y ocho vans conducidas por agentes de ICE enmascarados, cada una con entre diez y doce personas a bordo, salieron por la cerca y se dirigieron por un camino despejado que la policía de Broadview les había abierto. A medida que los vehículos se alejaban, llegaban más personas recién detenidas al centro de procesamiento.
La conferencia de prensa y la muestra de apoyo a Chávez Pineda y a otras personas detenidas en el centro de procesamiento terminaron sin su liberación.
“Ella tenía un mensaje que compartir”, dijo Reyes. “Quería expresar su agradecimiento y aprecio por todo el apoyo que han recibido ella y su familia, y a todos los que están aquí hoy. Eso es todo lo que pudo decir antes de perder la compostura”.
Tras días de incertidumbre tras la manifestación del viernes pasado, ICE actualizó su herramienta de localización el lunes, confirmando que Chávez Pineda se encuentra detenida en la Cárcel del Condado de Grayson, en Kentucky.
OCAD organizó un llamado a la acción y comenzó a recolectar firmas para una petición en apoyo a Chávez Pineda y exigiendo su liberación de la custodia de ICE. La petición ha recolectado más de 10,000 firmas desde la semana pasada.
Desde entonces, miles de residentes de Chicago y organizaciones aliadas se han unido en manifestaciones que continúan exigiendo un alto a las detenciones y deportaciones de ICE, sumándose a la creciente resistencia en el país contra la administración de Trump.
Al menos tres personas fueron detenidas por agentes de ICE el Día del Padre en la oficina de ISAP, luego de otras dos que fueron detenidas el día anterior. Los miembros de OCAD y las organizaciones aliadas presentes durante el fin de semana en el centro de procesamiento de Broadview afirman que algunas ochenta personas que recibieron alertas para acudir a sus citas durante el fin de semana salieron con monitores electrónicos en el tobillo o la muñeca.
José Abonce es el gerente principal de programas de la Iniciativa de Policía Vecinal de Chicago y reportero independiente especializado en seguridad pública, política, raza y planificación urbana. Es aprendiz del Proyecto de Investigación sobre Raza y Equidad y se graduó recientemente de la Escuela de Periodismo Arthur L. Carter de la Universidad de Nueva York.