El plan del alcalde Brandon Johnson de alojar temporalmente a los solicitantes de asilo en campamentos provocó críticas la semana pasada, incluso cuando el número de recién llegados estuvo a punto de agotar las ya de por sí congestionadas comisarías de policía. Al final de la semana, los concejales progresistas también dirigieron su indignación al gobernador J.B. Pritzker, después de que éste expresara su preocupación por el plan.
El viernes por la mañana, miembros del público y concejales criticaron el plan de los campamentos en una agitada audiencia del Comité de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados del Concejo Municipal. Esa tarde, unas cincuenta personas protestaron contra el plan en la Plaza Daley. El único consenso entre todos es que el Presidente Biden y el gobierno federal tienen que hacer mucho más para apoyar a los solicitantes de asilo.
En Chicago llegaron el viernes nueve autobuses procedentes de Texas con unos 500 solicitantes de asilo, lo que aceleró una situación ya difícil. Ese mismo día, la Oficina de Gestión de Emergencias y Comunicaciones alertó a los voluntarios de ayuda mutua de que, a partir del mediodía, no había espacio disponible y preguntó si algún distrito de policía tenía espacio. Durante el fin de semana se esperaba la llegada de quince autobuses más.
Desde el pasado agosto, han llegado a Chicago más de 15,000 solicitantes de asilo. La semana pasada, más de 9,000 migrantes estaban alojados en el sistema de refugios de la Municipalidad, que la administración Johnson ha ampliado rápidamente desde que asumió el cargo en mayo. Otros 1,600 dormían en comisarías de policía, que han servido como refugios improvisados para los que esperan ser ubicados en refugios.
Detener el uso de las comisarías de policía como alojamiento para migrantes es la prioridad número uno de la Municipalidad, dijo la alcaldesa adjunta de Derechos de los Inmigrantes, Migrantes y Refugiados, Beatriz Ponce de León, en la reunión del viernes, y la creación de campamentos es una solución.
Gran parte de la preocupación sobre los campamentos se debe al hecho de que el contrato municipal de $29 millones para instalarlos y gestionarlos es con GardaWorld Federal Services, una empresa multinacional de seguridad privada. El público y los concejales han expresado su preocupación por el papel de GardaWorld en la detención de migrantes en Canadá y un contrato con el gobernador Ron DeSantis para trasladar a los migrantes fuera de Florida, así como el proceso de contratación municipal.
“Es por algo que no hay que apresurar los contratos”, dijo el concejal Scott Waguespack el viernes, en referencia a las acusaciones de que GardaWorld cometió fraude en un contrato federal en Georgia. “Eso es una señal de alarma”.
La declaración del grupo de 33rd Ward Working Families felicitó a Johnson por trabajar con recursos limitados para mantener el compromiso de Chicago como una ciudad acogedora. “Nadie quiere ver a los solicitantes de asilo en los pisos de las estaciones de policía”, decía. “Pero la posibilidad de que estas estructuras resulten inadecuadas y dejen a la gente a la caridad de policías y soldados privados no es menos preocupante. Si la administración cree sinceramente que estas son las mejores opciones disponibles, pedimos transparencia radical”.
La concejala Rodríguez Sánchez dijo que se comprometía a visitar los campamentos de campaña y a veces dormir en ellos para asegurarse de que las condiciones cumplan las normas. “No vamos a contratar a alguien y abandonar el caso”, dijo. Añadió que en su oficina de distrito ha trabajado con voluntarios de ayuda mutua para garantizar que el alojamiento temporal en el Parque Brands en Avondale, en el lado norte, tenga evaluaciones de las necesidades y que esas necesidades se están cumpliendo.
“Creo que estandarizar este tipo de protocolos, involucrando a los grupos de ayuda mutua y a las organizaciones comunitarias, nos dará los mejores resultados”, afirmó. “Vamos a asegurarnos de que el movimiento de la comunidad y otras personas de nuestras comunidades que quieran demostrar su apoyo y solidaridad puedan hacerlo”.
Representantes de dos organizaciones de voluntarios dijeron en la reunión del viernes que no han recibido ninguna ayuda económica de la Municipalidad. En una presentación, un representante de ayuda mutua del Equipo de Respuesta en la Comisaría de Policía estimó que los voluntarios han gastado unos $2.4 millones en alimentos y agua para los migrantes y casi un millón de dólares en suministros. También han aportado unos $2.9 millones en mano de obra gratuita, según la estimación.
“La forma en que la alcaldía utiliza el término ‘ayuda mutua’ parece marketing”, le dijo Mari, voluntaria de la Red de Ayuda Mutua de Edgewater, al Weekly. “Tener ayuda mutua es trabajar en solidaridad con la gente. Es saber que la gente es experta de sus propias condiciones… La ayuda mutua no significa asumir trabajos municipales. Toda la relación entre la Municipalidad y los voluntarios es explotadora, y los que más sufren son los solicitantes de asilo.”
Erika Villegas, líder de los voluntarios en la comisaría del distrito 8, le dijo al Weekly que está “personalmente preocupada” por el tiempo que los solicitantes de asilo permanecerán en los campamentos de campaña, ya que las familias llevan meses alojadas en los distritos policiales. “Necesitamos saber cuál es el plan antes de que la gente se quede estancada por más de seis meses en los campamentos.”
En la reunión del viernes, los funcionarios abordaron directamente las preocupaciones sobre los campamentos. Pacione-Zayas dijo que los campamentos tienen “paredes sólidas, insuladas y prefabricadas” y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con generadores de reserva que pueden mantener temperaturas de al menos 70 grados en climas fríos.
“He oído que a la gente le preocupa que éste sea un campamento militarizado, que vaya a estar dirigido por guardias armados”, dijo Ponce de León en la reunión. “No es así como se operará”. Los campamentos estarán sujetos a las mismas políticas que aplica el Departamento de Familia y Servicios de Apoyo (DFSS) a los albergues, y los solicitantes de asilo serán “libres de ir y venir”, explicó.
Ponce de León enfatizó que los campamentos son apenas una solución y que la Municipalidad aún está “multiplicando sus esfuerzos para abrir espacios [de refugio]”, incluyendo ver propiedades de la Municipalidad ya que son la opción más económica, y que intentarán usar parte de los nuevos espacios para servir a la “comunidad de habitantes de Chicago sin vivienda”.
Otra preocupación es cómo dotarán de personal a los campamentos. Cuando Johnson anunció el plan el 7 de septiembre, no quedó claro quién construiría o gestionaría los campamentos. La agencia Favorite Healthcare Staffing, que la administración anterior contrató para dotar de personal a los refugios, recurrió a contratistas fuera del estado.
“Por mucho dinero que gastemos, ¿cuánto estamos reciclando realmente en nuestra comunidad?”, preguntó la concejala Jeanette Taylor del Distrito 20.
El concejal Pat Dowell del Distrito 3 expresó preocupación así como Taylor, diciendo francamente: “Esto es un negocio y queremos ser parte de este nuevo negocio.” Ella preguntó cuáles son los servicios específicos para los cuales GardaWorld necesitará subcontratar a entidades locales.
Pacione-Zayas dijo que GardaWorld proporcionará dormitorios, comedores y lavandería, y contratará a proveedores locales para los servicios de apoyo después de los primeros treinta días de la instalación del campamento. La ubicación exacta de los campamentos aún no se ha determinado, dijo, reconociendo que la Municipalidad está atrasada en este proceso.
Pacione-Zayas le dijo al Weekly que la administración está alentando a GardaWorld a que contrate personal local para los campamentos. Para apoyar aún más la economía local, Ponce de León anunció durante la reunión del viernes la publicación de dos nuevas propuestas que sustituirán los contratos existentes y le darán prioridad a negocios locales, uno para los servicios de suministro de alimentos y el segundo para los operadores de refugios comunitarios.
La disparidad racial en los recursos es otra de las razones por las que algunos están en contra de los campamentos. Algunos residentes en la junta del viernes se mostraron en desacuerdo con las grandes inversiones para alojar a los migrantes, como Zoe Lee. “Esta es la principal preocupación: encontrar todo este dinero para alojar [a los migrantes]”, declaró a los concejales. “El hecho de que ustedes lo acepten y que se jodan los negros, porque dicen que ‘tenemos que ayudar a los migrantes’ cuando nosotros aún lo necesitamos”.
A lo largo de la reunión, los comentaristas públicos y los presentadores que abogaban por un mayor apoyo de la Municipalidad para los migrantes fueron interrumpidos con abucheos, especialmente cuando se mencionaron las inversiones, lo que provocó que el concejal Andre Vásquez pidiera el orden varias veces.
El año pasado, Illinois recibió $53.5 millones de la ley federal American Rescue Plan Act para poner en marcha el Programa de Asistencia de Emergencia a Solicitantes de Asilo de la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda de Illinois, en el que los migrantes que cumplen los requisitos pueden recibir hasta seis meses de ayuda para la renta. El Departamento de Vivienda de Chicago destinó otros $4 millones a fondos de ayuda de emergencia para la renta para los migrantes.
En agosto, Illinois Answers Project reportó que la Municipalidad había gastado apenas el quince por ciento de los $52 millones presupuestados para programas locales para los residentes desamparados.
“Van a provocar una guerra racial”, advirtió Taylor, “porque están eligiendo de quiénes cuidar”.
Antonio Gutiérrez, coordinador estratégico de la organización Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés), declaró al Weekly que debido a que el plan es una solución temporal, les preocupa el plan a largo plazo.
“La crisis no son los migrantes recién llegados, sino la falta general de vivienda asequible en la Ciudad de Chicago”, dijo Gutiérrez. “Tampoco creemos que sea el mejor uso de estos millones de dólares… que podrían utilizarse de otra manera para crear realmente vivienda asequible permanentes”.
El jueves, la jefa de personal adjunta del alcalde, Cristana Pacione-Zayas, afirmó que la Municipalidad está avanzando con el contrato de GardaWorld. La administración tendrá en cuenta la opinión de “los grupos interesados, como los voluntarios de ayuda mutua y las organizaciones comunitarias”, le dijo Pacione-Zayas al Weekly. “Ese va a ser un esfuerzo que vamos a emprender en las próximas semanas”. También habrá un sistema para la presentación de quejas, dijo.
Al gobernador Pritzker se le preguntó sobre los campamentos en una conferencia de prensa ese mismo día. “Me preocupa, y seguimos manteniendo conversaciones al respecto”, dijo Pritzker. “Con la falta de edificios existentes para poner a la gente, sé que la Municipalidad ha visto esto como una de sus opciones. Pero no creo que sea la única opción”.
Los comentarios provocaron duras críticas tanto de los aliados del alcalde como de los organizadores, que afirmaron que el estado no ha hecho lo suficiente para apoyar a Chicago ni ha abierto ningún refugio en la ciudad desde que Johnson asumió el cargo.
Pritzker dijo el jueves que el estado ha gastado $328 millones para ayudar a Chicago a gestionar el flujo de solicitantes de asilo. El viernes, su oficina anunció otra subvención de $30 millones a la Municipalidad para ayudar a los inmigrantes.
El único refugio que el estado está ayudando a abrir en Chicago es una tienda CVS cerrada en La Villita, que ha tardado meses en establecerse, a pesar de haber sido aprobado en mayo, un punto que el concejal Carlos Ramírez-Rosa del Distrito 35 mencionó en Twitter el jueves y puntualizó en la reunión del comité en un apasionado discurso.
El lunes, Jordan Abudayyeh, la jefa de personal adjunta de comunicaciones del gobernador, dijo en un correo electrónico que el gobernador está “trabajando en estrecha colaboración con la oficina del alcalde” para abrir el CVS en La Villita.
Pacione-Zayas dijo que el total que Chicago ha gastado en la gestión de la llegada de migrantes desde agosto de 2022 podría estar entre $319 y $362 millones.
La congresista Delia Ramírez (D-4) afirmó, “También creo que esto va a requerir, aún más, liderazgo ejecutivo” por parte del Presidente Biden, dijo Ramírez. Biden “tiene ahora la oportunidad” de ampliar los permisos de trabajo mediante una acción ejecutiva al margen del proceso de apropiaciones para ponerlos a disposición de los solicitantes de asilo que llegaron antes del 31 de julio.
David Orlikoff, miembro del Consejo del Distrito Policial 14, que ha estado ayudando allí a los voluntarios de ayuda mutua, dijo que mientras no se levanten las sanciones, los venezolanos seguirán buscando asilo aquí. “No he escuchado suficiente discusión en nuestra ciudad demócrata sobre cómo nuestro Partido Demócrata federal está causando estos mismos daños que estamos experimentando”, dijo Orlikoff. “Sí, necesitamos su apoyo para encontrar más viviendas y recursos, pero también necesitamos que Joe Biden ponga fin a las sanciones estadounidenses contra Venezuela”.
Añadió que es “racista” que el gobierno federal haya ayudado a establecer a los refugiados ucranianos pero no a solicitantes de asilo venezolanos, “cuando la política exterior federal está causando directamente ambas crisis”.
Una voluntaria de ayuda mutua que asistió a la protesta pero se negó a dar su nombre le dijo al Weekly que la Municipalidad debería buscar opiniones de los solicitantes de asilo sobre posibles soluciones. “Cuando no se incluye a las personas en las decisiones que [afectan] su vida cotidiana, todo resulta desastroso”, afirmó.
El domingo, algunos solicitantes de asilo en el distrito 14 (Shakespeare) expresaron escepticismo sobre el plan del campamento. “Ninguno de nosotros quiere ir a la carpa”, dijo una mujer.
Pacione-Zayas dijo que el total que Chicago ha gastado en la gestión de los migrantes desde agosto de 2022 podría oscilar entre $319 y $362 millones.
En la reunión del viernes, Ponce de León expuso algunas solicitudes concretas que la Municipalidad le hará al gobierno federal, incluyendo fuentes de financiamiento más flexibles. Actualmente, “el gobierno federal nos exige que utilicemos estos fondos sólo para cubrir los costos de alguien en un refugio durante cuarenta y cinco días”, dijo.
La Municipalidad también solicitará una exención federal masiva para las solicitudes de permisos de trabajo posibles bajo el nuevo estatus de protección temporal, que puede costar más de $500 cada una. “Cuando uno puede trabajar, puede disminuir su dependencia del dinero público y, en este punto, necesitamos que la gente tenga la capacidad legal para trabajar”, dijo Ponce de León.
Joyner, un solicitante de asilo venezolano que se encuentra en la comisaría del distrito 14 desde el 12 de agosto, dijo que sólo quiere tener la oportunidad de trabajar.
“En verdad, esperamos… que nos ayuden con este tema de tener papeles lo más pronto posible para poder solicitar un empleo, un trabajo permanente, y poder tener nuestras cosas propias”, dijo Joyner. “Pagar con [nuestros] ingresos para no ser una carga tampoco para el estado, sino para uno mismo, es decir, cumplir las metas por las que vine [aquí], salir adelante y ser una mejor persona”.
Wendy Wei es la editora de inmigración del South Side Weekly y cubre la solidaridad interracial entre comunidades de color. Jim Daley es periodista de investigación y editor del Weekly.