Illustration by Shane Tolentino

Read in English

Los funcionarios del Condado de Cook dijeron que están investigando cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está trabajando con las compañías de bases de datos con el fin de identificar a los inmigrantes indocumentados. Durante la primera audiencia pública sobre este tema, los defensores de los inmigrantes dijeron que el ICE está evadiendo las leyes de santuario mediante la compra de información personal de empresas de datos como LexisNexis, Appriss y Thomson Reuters. Los documentos obtenidos por los grupos activistas, Just Futures Law y Mijente, han mostrado que ICE realizó más de 1.2 millones de búsquedas en LexisNexis durante un periodo de siete meses en 2021.

El estado de Illinois es hogar de más de 425,000 indocumentados y la ordenanza de detención de ICE del Condado de Cook, y leyes santuario similares en otros estados, limitan la cooperación entre ICE y las autoridades locales. La ordenanza del condado, establecida en 2011, les prohíbe a la policía o a los empleados preguntar a las personas sobre su estatus migratorio, así como ayudar a ICE a transferir a los inmigrantes a centros de detención y a deportarlos después de que hayan sido liberados de una cárcel local. Por eso, los defensores de los inmigrantes están urgiendo a los legisladores a que revisen y modifiquen la ordenanza para cubrir un vacío legal existente que ponga a los inmigrantes en riesgo de detención y deportación. Los defensores también piden al condado que revise y modifique todos los contratos con compañías de datos.

Community groups gather during a press conference in Chicago to bring attention to the ways in which U.S. Immigration and Customs Enforcement uses data brokers to bypass sanctuary laws and target immigrants. Photo by Alma Campos

Según Dinesh McCoy, abogado de Just Futures Law, entre marzo y septiembre de 2021, los oficiales de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de ICE en Chicago utilizaron LexisNexis para realizar más de 13,000 búsquedas de personas que generaron más de 1,800 reportes sobre personas para propósitos de inmigración —la mayor cantidad de búsquedas en los Estados Unidos después de San Diego. 

ERO gestiona todos los aspectos del proceso de aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la identificación, el arresto, la detención y la deportación. “Estas búsquedas proporcionan información extremadamente intrusiva y personal sobre los miembros de la comunidad que ICE tiene como objetivo”, dijo McCoy. “Los reportes pueden incluir información sobre transacciones privadas, como registros telefónicos, de internet y de servicios públicos, así como de fuentes gubernamentales, como registros para votar, registros de conducir y registros de licencias profesionales. La mayoría de las personas no son conscientes de que esta información se comparte con LexisNexis, y nunca han dado su consentimiento para que se comparta con las fuerzas del orden.” 

Aunque no está del todo claro cómo ICE adquiere estos datos específicos, Julie Mao, cofundadora y subdirectora de Just Futures Law, explicó que el Condado de Cook comparte indirectamente información sobre el encarcelamiento y liberaciones en tiempo real con ICE a través de un contrato que tienen con la empresa de datos Appriss. Appriss recopila y empaqueta estos datos en un producto llamado Justice Intelligence y lo vende a las agencias policiales y a empresas privadas como LexisNexis, que luego lo vende a ICE. 

“A veces, los funcionarios locales se sorprenden al saber que los datos que podrían haber estado compartiendo con un contratista para un propósito particular, en realidad llegan a la plataforma de LexisNexis y se comparten con terceros, y más aún con ICE para fines de deportación”, dijo Mao. “Los llamo intermediarios sospechosos que compran y venden diferentes tipos de datos de otros datos públicos. [Los datos] pueden revelar la dirección actual de alguien o su fecha de juicio para que ICE pueda recogerlo en la corte o en su última dirección conocida.” 

LexisNexis tiene varios productos, algunos de los cuales son utilizados por estudiantes, abogados, bibliotecarios y periodistas. Pero estos productos en particular están hechos específicamente para fines policiales. Estos productos forman parte del paquete Accurint Virtual Crime Center, el cual LexisNexis vende a agencias como ICE.

Según Cinthya Rodríguez, organizadora nacional de Mijente, la organización que encabeza la campaña #NoTechforICE y que obtuvo los registros de FOIA, LexisNexis tiene actualmente un contrato con ICE con un valor de hasta 22.1 millones de dólares con que incluye los datos de registro de la cárcel en tiempo real, además de nombres, direcciones, registros judiciales, información de la licencia de conducir, datos telefónicos y mucho más.

“Está claro que el ICE ha encontrado una nueva y secreta forma de eludir las protecciones por las que tanto se luchó y sabemos que esto está ocurriendo a través del voraz aparato de vigilancia privatizada construido por las empresas de datos, principalmente LexisNexis.” 

La recopilación de datos personales y su acceso parece ir más allá de lo que el público cree. Michelle García, miembra de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR, por sus siglas en inglés) y de Access Living, dijo que utilizó LexisNexis para investigar sus propios registros y encontró cuarenta y tres páginas de información sobre ella, su familia y sus conocidos, y cómo está asociada con ellos. Otros datos incluían sus direcciones actuales y pasadas, hipotecas y números de teléfono. Además, LexisNexis almacenaba información sobre veintisiete personas del complejo de apartamentos de Pilsen en donde vive, incluyendo personas que no conoce, y vio los números de seguro social de las personas que tienen uno. “Fue extremadamente perturbador, aterrador y agobiante ver todo lo que han recopilado por escrito sobre mi vida…”, dijo.

La comisionada Alma Anaya, que representa el distrito 7, es la primera legisladora que pide una investigación sobre el uso de ICE de las empresas de datos en todo el país. En abril, Anaya pidió a la Junta de Comisionados que investigara las formas en que se comparte y vende la información personal de los residentes del Condado de Cook. “Esto se convierte no solo en un tema de inmigración —aunque es donde vemos el mayor efecto, debido a la diferente vigilancia que está sucediendo a las comunidades de color, y claro, potencialmente llevando a la deportación y separación de familias— pero estamos viendo esto como una enorme violación de los derechos de todos nuestros residentes aquí en el Condado de Cook”, dijo durante la audiencia. 

Courtesy of Mijente

Rodríguez, de Mijente, le dijo a la Junta de Comisionados durante la audiencia que “ICE está evolucionando en la forma en que se dirigen a las comunidades de inmigrantes recurriendo cada vez más a los datos y la tecnología para acelerar sus detenciones y deportaciones, por lo que también tenemos que evolucionar en la forma en que nos mantenemos activos y en alerta sobre la protección de datos, la información personal y la seguridad de las comunidades de inmigrantes y todos los residentes del Condado de Cook.” 

La campaña #NoTechforICE empezó en 2018 después de que Mijente escuchara mucho de los miembros de la comunidad sobre las operaciones de deportación, tanto bajo los expresidentes Barack Obama, como Donald Trump, que estaban “muy personalizadas”, así como de “personas recogidas afuera de la escuela de sus hijos, afuera de sus trabajos o casas incluso en casos en que no estaba claro cómo o por qué ICE tendría esa información sobre las personas”, dijo Rodríguez.

Entonces Mijente comenzó a investigar cómo ICE estaba obteniendo datos para sus deportaciones. Rodríguez dijo que esto condujo a reportes de investigación sobre empresas como Palantir, Amazon, Microsoft, Anduril, Thomson Reuters, LexisNexis y más, “todas cuyas trabajan para ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para proveer una enorme fuente informática para la agencia”. 

Aunque la administración de Biden ha emitido pautas que prohíben este tipo de operaciones en “áreas protegidas”, como escuelas, hospitales y lugares religiosos, su administración ha aumentado el uso de otra aplicación de recopilación de datos, SmartLINK, implementada por la administración Trump para rastrear inmigrantes como parte de su programa de Alternativas a la Deportación destinado a mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de los centros de detención. Just Futures Law, Mijente y Community Justice Exchange presentaron una demanda contra ICE por no cumplir con una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) con respecto al uso de la aplicación.

La portavoz de LexisNexis, Jennifer Grigas Richman, no proporcionó detalles al Weekly sobre los tipos de productos que le vende a ICE y qué políticas lo permiten. En un comunicado, dijo que LexisNexis Risk se enorgullece del uso responsable de los datos y señaló al sitio web de la empresa, donde dice:

“Bajo la nueva Administración Biden, en marzo de 2021, LexisNexis Risk Solutions recibió un contrato para proporcionar una herramienta de investigación al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. del Departamento de Seguridad Nacional. Celebramos este contrato entendiendo que la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había cambiado bajo la nueva administración para enfocar los recursos de inmigración en personas con antecedentes penales graves”.

[break]

Alma Campos es la editora de inmigración del Weekly.

Leave a comment

Your email address will not be published.