Este reportaje fue realizado en colaboración con la sala de redacción sin fines de lucro Type Investigations, con el apoyo del Wayne Barrett Project.
Traducido por Gisela Orozco. Lea en inglés aquí.
CHICAGO — Cuando la mujer venezolana llegó a la ciudad en diciembre de 2023 con sus tres hijos, buscaba estabilidad y una vía para mejorar su situación. Un amigo la recomendó a un hombre que afirmaba poder gestionar solicitudes de asilo. Confiando en él, le pagó $500 para que presentara la documentación de ella y de sus hijos.
Sólo más tarde, la mujer, que habló con South Side Weekly y Type Investigations, bajo condición de anonimato debido a su estatus migratorio, descubrió que su solicitud de asilo había sido mal gestionada, lo que le impidió obtener un permiso de trabajo.
“Cuando llegó el momento de obtener el permiso de trabajo, resultó que la solicitud de asilo que él presentó era incorrecta”, dijo. “Muy, muy incorrecta”.
Al no poder trabajar legalmente, a veces ha aceptado trabajos clandestinos para mantener a su familia. Y en lugar de la estabilidad y la tranquilidad que pudo haber obtenido al obtener rápidamente un permiso de trabajo, la mujer señaló que la precariedad de su situación le ha causado mucho estrés.
“Soy madre responsable de tres hijos; estoy sola y esto me ha afectado mucho económicamente”, destacó.
En una investigación realizada durante meses, el Weekly y Type Investigations descubrieron que los inmigrantes que buscan una vía legal para obtener la residencia o la ciudadanía deben navegar por un panorama confuso de proveedores de servicios de inmigración. Algunos negocios, que por lo demás son preparadores de impuestos o notarios públicos legítimos, pueden tergiversar los servicios que están legalmente autorizados a ofrecer, eludiendo la línea entre hablar sobre opciones de inmigración y ofrecer asesoramiento legal para el que no tiene licencia. Y los estafadores pueden fugarse con el dinero de las víctimas tras no prestar los servicios prometidos, no estar autorizados para ofrecerlos o incluso amenazar a los inmigrantes con sacarles dinero. La aplicación de la ley es inconsistente de un estado a otro, y los estafadores que acumulan quejas a veces reubican o renombran sus negocios para evitar rendir cuentas.
Michael Wildes, socio director de Wildes & Weinberg, P.C., un importante bufete de abogados especializado en inmigración de la ciudad de Nueva York, afirmó que, si bien puede parecer que llenar formularios de inmigración es una tarea sencilla que puede realizar cualquier persona sin ser abogado, cuando los notarios brindan asesoramiento incorrecto, inconsistente o desactualizado sobre el estatus migratorio que deben solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los formularios que presentan “nunca podrán ser borrados”.
“Una persona nunca puede decir: ‘No sabía lo que hacía’. En última instancia, la responsabilidad recae sobre ti”, afirmó Wildes. “El desconocimiento de la ley, cometer un error o la elección del profesional equivocado lo acompañan en el ámbito migratorio”.
Este tipo de fraude es generalizado, en parte, debido a la idea errónea de que los notarios en Estados Unidos son abogados, como en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, en México, un notario público debe contar con un título en derecho, trabajar para otro notario público y aprobar un examen riguroso. Altamente acreditados, estos notarios mexicanos pueden ofrecer asesoría legal y una amplia variedad de servicios jurídicos.
En cambio, en Estados Unidos, los notarios públicos sólo pueden certificar documentos y firmas, transcribir respuestas o traducir instrucciones, traducir preguntas o respuestas en formularios gubernamentales.
Si bien muchas estafas están vinculadas a notarios, no son los únicos actores maliciosos. Algunas personas se presentan como conocidos de confianza que afirman saber cómo funciona el sistema de inmigración. Cada vez más, el fraude también ocurre a distancia, a través de llamadas telefónicas, redes sociales o aplicaciones de mensajería, donde los estafadores se hacen pasar por policías o funcionarios de inmigración para exigir dinero.
Desde 2015, en Illinois docenas de personas han presentado denuncias ante el fiscal general del estado alegando haber sido defraudadas en casos de inmigración, con pérdidas que ascienden a casi $200,000, según los registros obtenidos por el Weekly y Type Investigations de la oficina del fiscal general.
Más de la mitad de esa cantidad se atribuyó a dos mujeres de Chicago y de Melrose Park, Illinois. Según diez denuncias, entre 2022 y 2023 se enfocaron en personas, supuestamente cobrando entre $6,000 y $25,000 por asistencia con las solicitudes de residencia permanente (“green card”), y en ocasiones advirtiendo a las víctimas que si hablaban sobre sus prácticas, se arriesgaban a ser deportadas.
Varias denuncias indican que una de las mujeres afirmó falsamente trabajar para las autoridades de inmigración y conocer a algunos de los altos mandos de inmigración, recurriendo a recomendaciones de boca en boca para encontrar nuevos clientes. En algunos casos, una de ellas recomendaba a la otra directamente, o amigos y familiares las conectaban entre sí.
Una denuncia de 2023 describió cómo una de las personas conoció a una víctima a través de una recomendación personal y se presentó como alguien que “colaboraba estrechamente con inmigración” para obtener la residencia permanente para personas.
En una denuncia, una persona afirmó que la estafadora “garantizó que recibiría mi permiso de trabajo en un año y mi residencia permanente en dos años una vez que le entregara todo el dinero del servicio en efectivo”.
“Me dijo que no podía hablar con nadie al respecto o haría que me deportaran. Luego desapareció durante casi un año y nunca recibí mi permiso de trabajo. En julio, me llamó para programar una cita y me exigió $2,000 más o, de lo contrario, mi trámite de residencia permanente se cancelaría. Me reuní con ella en un McDonald’s con mi cuñado, a quien también ayudaba, y le di el dinero”, destaca la denuncia.
La Fiscalía General de Illinois se negó a responder preguntas sobre el estado de estas quejas o si la oficina había tomado alguna medida al respecto.
Cuando se confunde la información con la asesoría
“Algunos de estos notarios se asocian con abogados con licencia”, dijo Gina Amato Lough, abogada directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel en Los Ángeles. “Lo que hacen es tomar el dinero de la persona, hacer todo el papeleo, pero luego, por supuesto, no pueden presentarse en la corte. Así que se asocian con un abogado con licencia que sí se presentará en la corte y realizará la audiencia”.
Sin embargo, este modelo puede dificultar que los clientes comprendan cuándo el trabajo trasciende la línea de la asistencia administrativa legítima —por ejemplo, el tipo de trabajo que los asistentes legales en los bufetes de abogados realizan constantemente— y se convierte en un ejercicio no autorizado de la abogacía.
“Los asistentes legales realizarán consultas, eso no es un problema. Se encargarán de la recepción de casos, pero siempre bajo la supervisión de un abogado”, afirmó Amato Lough.
Los proveedores de servicios de inmigración que brindan asesoramiento legal sin la licencia correspondiente se arriesgan a recibir órdenes judiciales, multas, cargos penales o sanciones por fraude al consumidor, o incluso cargos penales según la ley estatal, y el fiscal general puede solicitar la suspensión o revocación de la autorización para operar del negocio. Para los clientes, las consecuencias son aún mayores: pueden perder miles de dólares, enfrentarse a la deportación o a la imposibilidad permanente de obtener beneficios migratorios si se presentan formularios incorrectos, cometer perjurio sin saberlo y perder tiempo valioso en sus casos.
En Franklin Park, un suburbio de Chicago, Servicios Leyva se anuncia ofreciendo asistencia en casos de inmigración y preparación de impuestos. Si bien la letra pequeña en el sitio web de la empresa indica que no es un bufete de abogados y no puede brindar asesoramiento legal, a veces puede ser difícil para los clientes comprender la diferencia entre simplemente ofrecer información y brindar orientación legal, especialmente para inmigrantes que hablan español y que tienen poco conocimiento del sistema legal estadounidense. “Somos honestos y directos, y le ayudamos en su proceso de inmigración hacia su camino hacia la ciudadanía”, afirma el sitio web de Servicios Leyva.
Los reporteros de El Weekly visitaron tres de estos negocios en el área de Chicago para comprender cómo operan. (Los negocios no tienen relación con las dos mujeres de Chicago y Melrose Park). Haciéndonos pasar por posibles clientes, les presentamos información específica sobre María, una persona real que buscaba orientación sobre cómo obtener la residencia estadounidense.
Un día de entre semana durante el verano, hablamos con una secretaria asistente de Servicios Leyva que irradiaba calidez y tranquilidad, y escuchó atentamente los detalles compartidos. Nos explicó cómo María podría obtener la residencia legal mediante un trámite consular y una exención, dado que está casada con un ciudadano estadounidense, y estimó que el proceso duraría cuatro años.
La mujer, que no es abogada, comentó que ella o su colega podrían encargarse de todo el papeleo por sí solas, sin necesidad de un abogado. Nos entregó la tarjeta de presentación de un abogado para llamar en caso de emergencia, como en el caso de que María fuera detenida o tuviera que comparecer ante una corte de inmigración.
Luego hizo preguntas detalladas sobre el historial migratorio de María, incluyendo si alguna vez había sido deportada, y nos dio una lista de documentos para traer para iniciar el caso, incluyendo fotos y un certificado de matrimonio.
El trámite consular tardaría aproximadamente un año, explicó. Para ello, indicó que la tarifa del USCIS era de $675 y que Servicios Leyva cobraría $990 por preparar y presentar la documentación, dando un total de $1,665.
Debido a que María había ingresado a Estados Unidos sin autorización, la mujer dijo que también tendría que solicitar una exención por presencia ilegal una vez aprobada la petición. Ese trámite, explicó, tardaría otros tres años. Cotizó la tarifa gubernamental para la exención en $795, mientras que la tarifa por servicio de Leyva sería de $950, lo que eleva el total a $3,410 en honorarios tanto para USCIS como para Servicios Leyva.
Brindar asesoramiento legal sobre un caso de inmigración queda fuera del alcance de las funciones de los notarios según la ley estatal de Illinois. Según la Ley de Notarios Públicos de Illinois, los notarios que no sean abogados o representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ) tienen prohibido prestar servicios legales de inmigración u ofrecer asesoramiento que requiera un dictamen judicial. Los proveedores de servicios de inmigración deben estar registrados ante el fiscal general del estado. Solo pueden realizar tareas muy limitadas: pueden entregar materiales legales y formularios en blanco, mecanografiar o presentar documentos exactamente como lo indique el cliente y notificar documentos a otras partes. Sin embargo, no pueden recomendar qué formularios usar, qué tipo de ayuda migratoria solicitar ni brindar ningún otro tipo de asesoramiento legal. Los proveedores de servicios de inmigración en Chicago también deben obtener una licencia del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor (BACP) de la Municipalidad. Las reglas de la Municipalidad sobre el tipo de servicios que pueden prestar estas empresas son igualmente restrictivas.
Las autoridades federales plantean un punto similar: la guía del USCIS establece que sólo los abogados con licencia y los representantes acreditados por el Departamento de Justicia, no los notarios, pueden brindar asesoramiento legal de inmigración. En algunos casos, los estudiantes de derecho y los graduados de las facultades de derecho pueden hacer lo mismo.
Los representantes de Servicios Leyva no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En la Agencia y Notaria Cadena, en el barrio de Las Empacadoras de Chicago, el hijo del dueño proporcionó el número de celular de su papá a una reportera del Weekly que buscaba ayuda para María. En una llamada realizada unos días después, Rogelio Cadena, el dueño, dijo que si bien un abogado se encargaría de la parte del caso relacionada con la exención, él mismo podría preparar la documentación inicial y describió un proceso de inmigración de varios pasos. Recomendó comenzar con una petición I-130 de patrocinio familiar, que dijo que prepararía él mismo, así como una Declaración Jurada de Apoyo. En total, calculó que todo el proceso costaría aproximadamente $7,000, distribuidos a lo largo de varios años. Cadena no es abogado de inmigración.
“Ayudamos a la gente”, dijo Cadena en una llamada de seguimiento con una reportera del Weekly realizada en noviembre. “Tenemos licencia para trabajar en asuntos de inmigración”. La Agencia y Notaria Cadena está registrada como proveedor de servicios de inmigración en la Municipalidad. Sin embargo, al igual que otras empresas similares, es posible que no ofrezca asesoramiento legal.
En un correo electrónico posterior, Cadena explicó que, como notario público, no podía manejar el caso directamente y recomendó consultar con un abogado. “Les estaba dando mi opinión (no un consejo) sobre cómo se desarrolla el proceso”, destacó. La conversación, explicó, tenía como único objetivo recopilar información sobre el caso. “Necesito saber cuál es la situación posible de mi cliente para ver si puedo ofrecer servicios de inmigración limitados”, dijo. “Cualquier servicio o pregunta adicional debería consultarla con un abogado”.
Una historia similar sucedió en las oficinas de Dávila Tax Services en La Villita, un vecindario predominantemente mexicano del lado sur de Chicago, donde las paredes de la sala de espera estaban adornadas con volantes que anunciaban fotos de pasaporte, preparación de impuestos y servicios de inmigración. Los clientes potenciales, con sus comprobantes numerados, esperaban en silencio su turno para hablar con Jesús Dávila Jr., quien fundó la empresa de servicios legales hace 38 años y es su presidente.
En su oficina, Dávila explicó que María podría necesitar un perdón, calculó cuánto tiempo tendría que permanecer en México y predijo que el proceso tomaría de tres a cuatro años. Ofreció una tarifa fija de $7,500 para el caso. Sin embargo, señaló que no era abogado y que una abogada de su oficina, Helen Lesczynski, se encargaría del caso.
En una llamada telefónica posterior con una reportera del Weekly, Lesczynski afirmó que Dávila había proporcionado “información, no asesoramiento” y negó que la empresa hubiera actuado de manera inapropiada. Dávila “con frecuencia se reúne con mis clientes potenciales de habla hispana y les cuenta un breve resumen del proceso y la estructura de precios”, dijo Lesczynski en un correo electrónico posterior.
Las redadas de inmigración podrían agravar el problema
El fraude en los servicios de inmigración no se limita a Illinois. El Weekly y Type Investigations presentaron solicitudes de registros públicos a los fiscales generales estatales de los 50 estados para comprender la magnitud del problema. Encontramos casi 170 casos de fraude migratorio desde 2020 en denuncias e informes policiales de 14 estados. Los demás estados denegaron nuestras solicitudes o no contaban con registros que las respaldaran.
Los registros muestran que cientos de personas en todo el país afirman haber sido víctimas de fraude en servicios legales de inmigración, perdiendo supuestamente al menos $800,000 en el proceso. En algunos casos, las personas afirmaron que los estafadores pusieron en riesgo sus casos de asilo o de inmigración, arriesgándolos a un proceso de deportación.
Los datos de los fiscales generales estatales no reflejan la magnitud total del problema. Sólo en Los Ángeles, se han presentado más de 300 denuncias de este tipo de fraude ante el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado desde 2012. Las víctimas reportaron pérdidas superiores a $400,000.
Estos hallazgos podrían verse afectados por la receptividad que los estados brindan a los inmigrantes. Un estudio de 2022 reveló que en zonas con sólidas redes de seguridad social, organizaciones comunitarias y abogados de inmigración con experiencia, los inmigrantes son más propensos a presentar acusaciones de fraude.
El miedo, la falta de familiaridad con el proceso de inmigración estadounidense y la gran necesidad de servicios de inmigración asequibles hacen que los inmigrantes sean susceptibles al fraude, según los expertos. Además, es probable que las redadas de inmigración realizadas por agentes federales agraven el problema, ya que las víctimas pueden dudar en buscar ayuda de las fuerzas del orden.
“Con la agresividad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la aprensión que sienten las personas al salir a la luz pública, estos notarios son oportunistas y empeoran las cosas”, afirmó Wildes.
En ocasiones, los notarios defraudan a personas en comunidades inmigrantes explotando el nombre y la reputación de organizaciones respetables. La American Bar Association (ABA) no ofrece asesoramiento legal ni representa a clientes ante las cortes. Pero Adonia Simpson, subdirectora de políticas y pro bono de la Comisión de Inmigración de la ABA, dijo que más de una docena de personas se han comunicado con la organización desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, alegando que la ABA había acordado representarlos en los procedimientos de inmigración.
“Recibimos la documentación, que consiste en contratos con nuestro logotipo y nuestra dirección postal o de Washington D.C.”, destacó Simpson. “Hay personas que pagan miles de dólares y, en esencia, estos estafadores están desapareciendo”.
En Nuevo México, en 2020, una trabajadora de Caridades Católicas declaró a las autoridades que había oído hablar repetidamente de dos individuos que se hacían pasar por proveedores de servicios legales cerca de Santa Fe y cobraban a inmigrantes miles de dólares por presentar documentos que no estaban cualificados para gestionar. Ese año una mujer pagó varios miles de dólares por una solicitud que estaba destinada a ser rechazada desde el principio, sólo para ser denegada y puesta en alto riesgo de deportación, según una denuncia presentada ante el fiscal general del estado. La trabajadora añadió que uno de los presuntos estafadores operaba desde una oficina que anteriormente albergaba Caridades Católicas, atrayendo a clientes que creían erróneamente que la organización seguía operando allí.
“Están estafando a personas vulnerables con una gran cantidad de dinero y poniendo sus vidas en riesgo, especialmente bajo este gobierno”, escribió en la denuncia.
En Houston, Texas, una mujer alegó que en 2023 pagó $6,000 a un proveedor local de servicios de inmigración que le prometió representación legal completa en su caso de asilo, pero nunca cumplió. Según su denuncia ante la fiscalía general de Texas, el proveedor afirmó trabajar con abogados y le aseguró que sus trámites judiciales, su permiso de trabajo y su solicitud de Seguro Social serían gestionados. Sin embargo, ningún abogado se presentó en su nombre y su solicitud de asilo nunca fue presentada, lo que la exponía al riesgo de deportación.
“Soy víctima de fraude notarial”, escribió la denunciante. No se pudo contactar al proveedor para obtener comentarios.
La incertidumbre en torno a la ley también puede dejar a los inmigrantes vulnerables a otras estafas. Gwendolyn Estrada, directora de servicios legales de Latinos Progresando, organización sin fines de lucro de Chicago, explicó que las estafas han evolucionado con las nuevas tecnologías y las redes sociales, lo que dificulta su detección. Comentó que casos recientes involucraron a personas que fueron víctimas de fraude a través de WhatsApp, TikTok Live o Facebook.
Algunas víctimas incluso recibieron recibos falsos y números de seguimiento que parecían provenir del USCIS, lo que hacía que las estafas resultaran más convincentes.
“Inmigración te envía una carta”, destacó Estrada. “No te van a enviar un mensaje de texto; no te van a llamar y mucho menos te van a pedir dinero”.
Una víctima, un residente indocumentado de Chicago de 31 años de edad, originario de Oaxaca, México, perdió más de $700 —todos sus ahorros— a manos de estafadores que se hicieron pasar por policías. Pidió permanecer en el anonimato debido a su estatus migratorio. Le dijo a Weekly y Type Investigations que desconoce cómo los estafadores encontraron su número de teléfono o cómo conocían su estatus migratorio. Sin embargo, las llamadas comenzaron a primera hora de la tarde del 12 de junio de 2024 y continuaron hasta casi las 11:00 p.m. Al principio, los estafadores le extrajeron pequeños fragmentos de información. Luego, le dijeron que había una orden de arresto contra el hombre y lo amenazaron con la deportación si no les pagaba.
“Ya me habían infundido miedo”, dijo. “En ese momento, ya no pude controlarme”.
La estafa lo sumió en una depresión que duró meses hasta noviembre. No fue hasta que se enteró de que su solicitud de visa U, que había presentado en 2022, había sido aceptada y que su permiso de trabajo estaba en camino, que volvió a sentir esperanza.
“Trabajaba un rato y luego… sólo dormía. Ya no hacía nada, ya nada me importaba, sólo dormía. Y a veces pensaba… ya no más”.
La aplicación de la ley es inconsistente
Amato Lough dijo que una de las realidades más frustrantes que ha presenciado es la reticencia de las fuerzas del orden a actuar. Una de sus clientas, María Gutiérrez Aragón, una inmigrante de Oaxaca, México, fue manipulada por un conocido de confianza de su familia. El notario, Fidel Márquez Cortés, defraudó a Gutiérrez Aragón por docenas de miles de dólares a lo largo de una década.
Gutiérrez Aragón explicó que el fraude comenzó cuando sufrió violencia doméstica por parte de su pareja de muchos años, una experiencia que la dejó vulnerable y en busca de seguridad. Márquez Cortés intervino presentándose como un “representante legal” de confianza que podría solucionar rápidamente su situación migratoria. Elaboró varios esquemas para defraudar a Gutiérrez Aragón, incluyendo amenazas de quitarle a sus hijos. Con el tiempo, comenzó a acosarla.
Gutiérrez Aragón contactó al Departamento de Policía de Los Ángeles en 2011, pero ella y Amato Lough afirman que tuvieron que presionar a la policía para que tomara una denuncia. Un juez finalmente ordenó a Márquez Cortés que pagara $66,000 en restitución y cumpliera un año en la cárcel del condado si completaba los pagos, o dos años en una prisión estatal si no lo hacía. Pero en cuestión de semanas, Márquez Cortés huyó a México. Las autoridades mexicanas lo arrestaron posteriormente, pero no ha sido extraditado a Estados Unidos.
El caso de Gutiérrez Aragón ilustra tanto la magnitud de la devastación financiera como la dificultad de responsabilizar a los delincuentes. Los estafadores “pueden operar con impunidad debido a la falta de aplicación de la ley contra el fraude notarial”, destacó Amato Lough.
La renuencia de las fuerzas del orden y la falta de recursos hacen que el enjuiciamiento sea poco frecuente, incluso cuando las víctimas proporcionan recibos o múltiples testimonios, afirmó. Los registros públicos que revisamos también revelaron que las autoridades en todo Estados Unidos abordan este problema de manera desigual. En algunos estados, como Utah y Texas, las fuerzas del orden han llevado a cabo investigaciones penales sobre fraude notarial. En otros, no está claro qué medidas se tomaron, si es que se tomó alguna, tras la presentación de las denuncias.
La fiscalía general de Illinois afirmó que revisa todas las denuncias de los consumidores y ofrece recomendaciones sobre los siguientes pasos, como llamar a la policía o llevar el asunto ante una corte de reclamos menores. Si las personas consideran que un abogado ha actuado de forma inapropiada, también pueden presentar una queja ante la Comisión de Registro y Disciplina de Abogados, que puede enviar cartas de cese y desistimiento a los presuntos responsables.
En Chicago, las personas también pueden presentar denuncias ante el BACP. Los registros públicos indican que, entre 2019 y 2024, el BACP impuso multas a dos empresas y a una persona afiliada a una tercera, por presuntas infracciones de las leyes municipales relacionadas con los servicios de inmigración.
El BACP también afirmó que combate el fraude notarial mediante investigaciones y su campaña “Infórmate. Protégete”, que incluye una serie de folletos informativos.
Uno de los folletos, disponible en línea en inglés, español, árabe, coreano y polaco, detalla los derechos del consumidor y advierte a los inmigrantes de que los notarios no son abogados ni pueden brindar asesoramiento legal. Y explica que los proveedores de servicios de inmigración deben entregar a sus clientes contratos por escrito, informarles todos los costos por adelantado, devolver los documentos una vez finalizado el trabajo y permitirles cancelar los acuerdos dentro de las 72 horas. El folleto también advierte contra los cobros excesivos, señalando que la tarifa máxima por completar un formulario gubernamental es de $75 e indica a los consumidores que denuncien el fraude a través del sistema 311 de la Municipalidad.
Sin embargo, aún no está claro dónde, o siquiera, se publican estos folletos en los vecindarios con mayor probabilidad de verse afectados por el fraude notarial.
En ocasiones, los funcionarios estatales realizan investigaciones rigurosas e involucran a las fuerzas del orden para desmantelar esquemas de fraude notarial, o presentan demandas para obtener la restitución a las víctimas. En 2023, en Washington, la fiscalía general obtuvo casi $230,000 tras presentar una demanda estatal en nombre de las víctimas de un negocio de Seattle que se aprovechaba de inmigrantes brasileños. En 2022, agentes del orden público en Utah entrevistaron a más de 31 víctimas de dos fraudes migratorios distintos antes de atrapar a los presuntos responsables.
Ese mismo año, Aracelia Domínguez, una mujer de Chicago, fue condenada por robar casi $100,000 a las víctimas haciéndose pasar por abogada de inmigración.
Las hermanas Norma Sereño Martínez y Erika Mesa, quienes le pagaron a Domínguez casi $8,000 para que se encargara del caso de residencia de Sereño Martínez, comentaron que, a pesar de enterarse de la condena, nunca lograron cerrar el capítulo. El fraude les causó pérdidas emocionales y económicas, y cuando lo denunciaron inicialmente ante la policía, los agentes no las ayudaron. En un momento dado, intentaron visitar a Domínguez en prisión para obtener respuestas o una disculpa, pero sus solicitudes fueron rechazadas.
“Las dos únicas cosas que quería preguntarle eran: ‘¿Por qué me defraudaste?’ ¿Y qué te hice?’”, dijo Martínez. Si necesitabas dinero, pudiste habérmelo pedido. Te habría ayudado. Pero un robo descarado como este es imperdonable”.
Wildes, el abogado de inmigración, quien también es alcalde de Englewood, Nueva Jersey, y exfiscal federal, dijo que los funcionarios públicos deberían hacer todo lo posible por crear conciencia sobre el fraude de los notarios y enjuiciar a quienes se aprovechan de los inmigrantes.
Aconsejó a los inmigrantes que se aseguraran de que cualquier persona a la que recurrieran para obtener asistencia legal tuviera licencia para ejercer y que “debería de haber una señal inmediata de que te están aprovechándose” si un abogado externo firma la documentación sin haber conocido nunca al cliente.”
“Tengan cuidado con quién es su representante”, destacó. “Cuando se trata de abogados y médicos, deben elegir a los mejores, porque sólo tienen una oportunidad”.
Tras más de un año y medio viviendo en Chicago, la venezolana que perdió $500 a manos de estafadores intenta reencaminar su caso con la ayuda de un abogado pro bono. Dijo que su única meta es asegurar un estatus legal en Estados Unidos para poder darles a sus hijos “un buen futuro, para que puedan estudiar aquí”.
Advirtió a otros miembros de la comunidad inmigrante que no confiaran en los notarios.
“La gente debería buscar asesoramiento adecuado antes de iniciar su caso”, señaló. “Porque cuando llegas a un nuevo país, no sabes cómo funcionan las cosas y las leyes, y te dejas guiar por lo primero que te dice la gente”.
Alma Campos cubre inmigración y edita proyectos en South Side Weekly. Max Blaisdell trabaja como becario en el Invisible Institute, escribe para el Hyde Park Herald y hace investigación para South Side Weekly. Jinny Kim, reportera de datos y estudiante de posgrado en ciencias de la computación y políticas públicas en la Universidad de Chicago, elaboró el mapa nacional del fraude migratorio.
