Illustration by Julie Merrell

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Miles de inmigrantes procedentes de América Latina, especialmente de Venezuela, han llegado a Chicago entre mucha atención mediática. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado enviando a migrantes aquí y a otras ciudades acogedoras, como Washington D.C. y la Ciudad de Nueva York, para presionar a la administración del Presidente Joe Biden a que adopte políticas fronterizas más severas. 3,696 migrantes han llegado a Chicago hasta finales de octubre, según datos.

Abbott dijo que seguirá enviando solicitantes de asilo a estas ciudades hasta que el gobierno federal “haga su trabajo y asegure la frontera”. Pero funcionarios locales se han quejado de que no han sido adecuadamente notificados de la llegada de migrantes ni hay comunicación con los políticos de Texas. Como resultado, Chicago y otras ciudades demócratas se han movilizado para coordinar los servicios de ayuda sin los fondos federales que los estados fronterizos suelen obtener para recibir a los solicitantes de asilo.

En las conferencias de prensa, la alcaldesa Lori Lightfoot ha expresado su apoyo a los solicitantes de asilo. La ciudad ha proporcionado alojamiento temporal en albergues y hoteles, y ha puesto en contacto a los inmigrantes con ayudas tras su llegada a la estación Union Station del Greyhound. La Municipalidad también ha creado una página web en la que invita a los habitantes de Chicago a hacer donaciones a través de Amazon para artículos como ropa interior, pantalones, calcetines, brasieres deportivos y otras necesidades básicas. 

Además, Juan Salgado, rector de City Colleges de Chicago (CCC), anunció en un correo electrónico especial al personal de CCC a mediados de octubre que CCC ha proporcionado “una parte del Truman College” en el lado noreste de la ciudad como refugio temporal para los recién llegados, así como una parte del Instituto Arturo Velásquez en el lado suroeste. En el correo electrónico, Salgado dijo que algunos miembros del personal de CCC se han ofrecido para servir como traductores y aliados. 

Pero los empleados de muchas organizaciones que ayudan a los inmigrantes se sienten agobiados y dicen que se necesitan servicios sostenibles y a largo plazo. Juan Carlos Hernández, coordinador del programa de inmigración de la Red de Líderes Religiosos de Chicago para Latinoamérica (CRLN, por sus siglas en inglés), dijo que el apoyo legal y el alojamiento son los más necesarios, pero los más difíciles de conseguir porque son costosos. 

También dijo que obtener asilo no es sólo cuestión de solicitarlo: a nivel nacional, alrededor del 60% de los casos de asilo son rechazados. Cuando sus casos son rechazados, “la gente… suele desaparecer… acaban viviendo en las sombras como indocumentados haciendo su vida aquí”, dijo.

Pero la CRLN no tiene la capacidad de ayudar con los casos de asilo, dijo. Dependen de organizaciones asociadas como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) de Heartland Alliance, un proyecto de abogados gratuitos en Chicago, Indiana y otros lugares. 

ManoLasya Parepa, una abogada del NIJC en Chicago, dijo que sabe que han recibido algunos fondos municipales, pero que más fondos serían “beneficiosos para conseguir más personal y más gente trabajando en [los casos]”. En concreto, Parepa dijo que hay una escasez de abogados y personal para apoyar no sólo a los solicitantes de asilo recientes, sino también a los que ya viven aquí también. 

El concejal del distrito 22, Michael Rodríguez, que representa a partes de La Villita, un barrio que ha sido un puerto de entrada para muchas familias de inmigrantes durante décadas, dijo que las organizaciones comunitarias son las que han tomado la iniciativa y que no son suficientemente apoyadas con dinero por parte de la Municipalidad. Anualmente, La Villita aporta $900 millones a la economía de Chicago. “Tenemos que asegurarnos de que estamos atendiendo todas las necesidades. Obviamente, esto aumentó esas necesidades y ese dinero para imprevistos debería ir a las organizaciones sin fines de lucro”. 

Rodríguez se refiere a los fondos que la alcaldesa prometió reservar para los inmigrantes recién llegados durante su presentación del presupuesto en octubre, donde propuso al Ayuntamiento un presupuesto de $16.4 mil millones para 2023. “Dado el reciente aumento en la necesidad de recursos disponibles para apoyar a los inmigrantes que llegan a Chicago”, dijo Lightfoot, “tenemos 5 millones de dólares reservados para ese trabajo y otras contingencias”.

Rodríguez dijo que sólo espera que este dinero se destine a las organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes. Y aunque dijo que la Muncipalidad solicitará dinero federal, y que esas organizaciones se incluirán en esas solicitudes, vigilará los $5 millones de dólares de fondos de contingencia “como un halcón”. También cree que debería ser de interés para la ciudad ayudar a los solicitantes de asilo. “A fin de cuentas, hemos estado perdiendo población en la ciudad… no estamos creciendo al mismo ritmo que otras grandes ciudades. Así que necesitamos más gente…”

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Los inmigrantes y las personas de color se han visto afectados de forma desproporcionada por el COVID-19. Durante su pico, ellos tuvieron dificultades para encontrar vacunas y acceder a información crucial. Por ello, la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) considera que se necesitan soluciones integrales a largo plazo. “Las desigualdades ya existentes se vieron agravadas por la pandemia para los inmigrantes y todas las comunidades de color”, dijo Brandon Lee, Director de Comunicaciones de ICIRR. “Abogamos por soluciones integrales y sostenibles a largo plazo que vayan más allá de treinta o sesenta días. Si los dos últimos meses nos han demostrado algo, es que es muy necesario un alto nivel de coordinación entre la ciudad, el estado y las organizaciones comunitarias.”

Lee señaló que la vivienda y la educación son la máxima prioridad y dijo que la razón por la que hay más protecciones para los inmigrantes y los recursos han aumentado es porque las comunidades de inmigrantes las han exigido.

La alcaldesa también ha recibido críticas sobre la coordinación de sus esfuerzos por parte de la concejal del distrito 20, Jeanette Taylor, según el Hyde Park Herald. En una reunión con la alcaldesa, Taylor se enteró de que la ciudad quería albergar a los recién llegados en una escuela vacía de Woodlawn. Taylor dijo que no se le avisó debidamente para que la comunidad aportara su opinión. La concejal dijo que buscó “alternativas que hicieran esta transición más cómoda” para los recién llegados. Y aunque la alcaldesa decidió en contra de la medida, Taylor señaló la ironía de cómo la Municipalidad les ha dado la espalda a los residentes desplazados en Woodlawn.

El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) también insta a la alcaldesa a que apoye a los estudiantes inmigrantes, afirmando que la llegada de solicitantes de asilo ha “intensificado la brecha de equidad que ya enfrentan los estudiantes de CPS”. El sindicato añadió que los estudiantes y sus familias “carecen de programas de educación bilingüe, recursos lingüísticos nativos, currículo culturalmente relevante y personal de Inglés como segundo lenguaje (ESL) y bilingüe.”

Cuando el Weekly insistió varias veces en obtener detalles sobre los esfuerzos coordinados de la Municipalidad en general y los planes para el futuro, el Director de Asuntos Públicos del Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo nunca respondió para dar una entrevista. 

“Durante las pasadas dos semanas, esto ha estado en la portada”, dijo Rodríguez. “Y…creo que la gente va a empezar a olvidarse de esto. Y eso me preocupa mucho”.

En septiembre, el gobernador J.B. Pritzker emitió una proclamación de desastre para acelerar la disponibilidad de fondos y recursos estatales para manejar la situación. Además, el Caucus Latino del Concejo Municipal instó a la alcaldesa a declarar un estado de emergencia el 12 de octubre, solo una semana después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declarara un estado de emergencia a la espera de más migrantes.

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Alma Campos es editora de Inmigración para el Weekly.

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