Originally published on June 23, 2020, in English
Traducido por Gisela Orozco
Durante años, una y otra vez, el destino del terreno baldío ubicado en la esquina de la calle 31st y la avenida Kedzie, en el barrio de La Villita, es inseguro. Lo que antes fuera el Washburne Trade School, es desde 2009 un lote que ha permanecido vacío acumulando polvo y escombros.
Por casi una década los ejecutivos del Hospital Saint Anthony, a pocas cuadras al noroeste de la 31st, en el barrio vecino de North Lawndale, han presionado a la municipalidad y a los funcionarios estatales para que les concedan el lote así como millones en fondos, a fin de desarrollar un proyecto de uso mixto con un hospital nuevo, negocios y áreas de recreación y que llevaría por nombre Focal Point Community Campus.
A pesar de haber conseguido exitosamente el apoyo de políticos de alto perfil al contar con el respaldo de algunas comunidades e incluso, de haber negociado la venta del lote por un dólar, el proyecto Focal Point permanece estancado.
Cuando el verano pasado la Junta de Educación de Chicago —la dueña del lote— anunció un periodo de licitación, se demoró con las propuestas y mantuvo a los solicitantes sin saber lo que sucedía.
Un email interno obtenido por el Weekly, muestra que para febrero, la situación era terrible: los ejecutivos de Saint Anthony estaban considerando demandar a la ciudad por el lote y si todo fallaba, cerrarían las instalaciones del hospital.
A principios de junio, los portavoces de la ciudad y de Saint Anthony le dijeron al Weekly que estaban en negociaciones para el desarrollo del lote, pero no dieron más detalles. Sin embargo, la incertidumbre rodea todo el proyecto, desde su prolongada cronología, los problemas financieros del hospital frente a la pandemia de COVID-19, hasta otros obstáculos que los ejecutivos de Saint Anthony deben enfrentar antes de que comience la construcción. La oposición de un grupo local al desarrollo, su contrapropuesta y el vacío continuo en medio de una de las arterias más transitadas de la ciudad, muestran lo complicado que puede ser el desarrollo en las comunidades marginadas de Chicago.
El hospital Saint Anthony se ubica en el extremo sur de Douglass Park, y desde ese mismo edificio durante más de 125 años, sus empleados han servido a las comunidades cercanas.
Se trata de un hospital de red de seguridad social, lo que significa que las personas pueden acceder a los servicios de salud independientemente de su seguro médico o de su capacidad de pago. La mayoría de sus pacientes provienen de La Villita y North Lawndale, además de Pilsen, Brighton Park y otros barrios con grandes poblaciones de personas de “color” y de bajos ingresos que, a menudo, están lidiando con contaminantes ambientales y otros peligros para la salud.
Los hospitales de la red de seguridad de Illinois tienen más pacientes de Medicaid, de caridad y de auto-pago que otros hospitales. Y como consecuencia, dependen más de la financiación pública y a menudo tienen dificultades financieras. En 2007, Guy Medaglia, un consultor de negocios, llegó a Saint Anthony para administrar el hospital durante ocho semanas, esto durante un período financiero crítico. Medaglia decidió permanecer en el hospital como presidente y director general después de que en 2009, cortara los lazos con el grupo de salud Ascensión; desde entonces, ha logrado mantenerse a flote e incluso, por primera vez en años, generar ingresos positivos netos.
Pero hubo problemas con el edificio. Había sido diseñado para la práctica de la medicina en el siglo XIX, y el mantenimiento era caro. Según Jim Sifuentes, vicepresidente de misión y desarrollo comunitario de Saint Anthony, la idea de Focal Point fue de Richard M. Daley, ex alcalde de Chicago.
“En su último año [como alcalde] visitó Saint Anthony [por primera vez]. Dijo: ‘tengo once acres… quiero dárselos. Quiero que construyan un hospital nuevo’, refiriéndose al viejo lote de Washburne.” Medaglia agradeció a Daley por la oferta, pero señaló que el hospital no tenía los fondos necesarios. “Y el alcalde dijo: ‘Bueno, quiero que construyas uno. Quiero que averigües cómo hacerlo’”.
Saint Anthony comenzó a trabajar con HDR Architecture, una firma de diseño especializada en arquitectura y servicios para la construcción, esto, para llevar a cabo una encuesta en La Villita y las comunidades cercanas. Las encuestas revelaron que había interés en una serie de servicios. Además de los servicios hospitalarios, los que participaron en la encuesta expresaron que deseaban espacios para parques y opciones comerciales.
A partir de estas encuestas, Focal Point se concibió como un proyecto de uso mixto en el que los servicios hospitalarios estarían disponibles, junto a los parques, tiendas, guarderías y más, a fin de abordar así las diversas necesidades de la comunidad. “Escuchamos [ideas] para los espacios, desde [sitios] para realizar eventos, graduaciones, quinceañeras… incubadoras de negocios”, dijo Sifuentes.
Si se desarrollara según lo previsto, Focal Point no sólo daría a Saint Anthony un nuevo edificio hospitalario, sino que también se ocuparía de algunos de los otros problemas que enfrenta La Villita, tal y como refleja un informe realizado en 2013 por Enlace Chicago, una organización sin fines de lucro. El informe detectó que la falta de espacios abiertos en La Villita contribuyó a la violencia en los barrios, ya que dejó a “los jóvenes sin acceso seguro a actividades positivas entre amigos o con la familia”.
A estas dificultades se suma el hecho de que muchos en la comunidad tienen dificultades económicas por los bajos sueldps y la escasez de empleos significativos y de calidad. Focal Point, con su plan para un parque, negocios y campos atléticos, podría abordar ambos.
El proyecto también sería financieramente autosostenible, o al menos eso esperaban los ejecutivos de Saint Anthony.
Conforme el proyecto se ha ido ampliado, los costos previstos de Focal Point han aumentado constantemente, pasando de doscientos cincuenta ($250) millones de dólares en su concepción en 2010, a la estimación más reciente, que fue de poco menos de seiscientos ($600) millones de dólares. Se esperaba que el dinero público y las subvenciones ayudaran a cubrir los costos iniciales, pero renta de los inquilinos de Focal Point, uno de los cuales sería el hospital, a largo plazo mantendría tanto el proyecto como el hospital.
Una vez que Saint Anthony terminara de mudarse a la ubicación en La Villita, el antiguo edificio en North Lawndale probablemente se entregaría al Distrito de Parques de Chicago, como una extensión de Douglass Park, o se convertiría en un complejo de vivienda para personas de la tercera edad, según Sifuentes.
En 2012, Medaglia fundó la Corporación para el Desarrollo del Suroeste de Chicago (CSDC por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro encargada de coordinar cómo sería el proyecto Focal Point, cabildeando por terrenos y fondos, y finalmente, desarrollando y manteniendo el campus y la fundación..
Desde que se fundó, la CSDC ha comprado gran parte de los terrenos cercanos al lote de Washburne. Según los registros de propiedad, en 2014 CSDC solicitó y obtuvo un préstamo de uno punto quince ($1.15) millones de dólares de la Saint Anthony Foundation para comprar una propiedad ubicada al sur del lote Washburne. En 2017, CSDC adquirió Action Metal and Iron Inc., ubicadas en los lotes al oeste y suroeste, y en 2018, con la ayuda de la ciudad compró Azteca Mall, ubicada justo al sur del lote. En conjunto, CSDC posee más de novecientos (900) mil pies cuadrados que rodean el lote, un poco menos de veintiún acres.
El sitio de Washburne se encuentra en la esquina de todo ese terreno: es la última pieza de un rompecabezas multimillonario.
Los ejecutivos de Saint Anthony también estaban muy ocupados consiguiendo el apoyo de políticos poderosos como el entonces alcalde Rahm Emanuel, los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, los congresistas Chuy García y Danny Davis, así como el de los concejales cercanos. “Focal Point es un gran cambio para las comunidades del oeste y suroeste de Chicago”, dijo Durbin. “El campus será el primero de su tipo y puede servir en toda la nación como un modelo para el desarrollo comunitario”.
Entre los años 2014 y 2017, en varias ocasiones, la CSDC estuvo a punto de adquirir el lote. En 2014, el ayuntamiento votó para vendérselo por un ($1) dólar si CSDC cumplía con varios requisitos, entre ellos, demostrar que había asegurado el ochenta (80) por ciento de los fondos para el proyecto. En 2017 una vez más, la Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC) votó a favor de una medida para vender la propiedad a CSDC, de nuevo por un ($1) dólar.
Pero el lote quedó sin venderse y sin desarrollarse, probablemente porque CSDC no fue capaz de conseguir la financiación necesaria para ello. En una declaración al Weekly, un portavoz de Saint Anthony dijo que “las condiciones para la venta de los terrenos han avanzado con cada administración municipal”, y que las instituciones financieras no podían “cerrar el financiamiento de proyectos”, porque la CSDC no tenía el título de toda la propiedad. Aparentemente, esto es un círculo vicioso. En 2017, cuando miembros de la CDC y periodistas les presionaron sobre la cantidad de financiación que se había asegurado, los representantes de la CSDC no respondieron.
Para financiar el proyecto, la CSDC tenía previsto adquirir una deuda de ciento setenta y cinco ($175) millones de dólares y obtener asistencia financiera del gobierno estatal y federal. En 2017, en la reunión de CDC, uno de sus representantes dijo que esperaba recibir cincuenta ($50) millones de dólares en fondos federales para el proyecto, mientras que el ex senador estatal Martín Sandoval pidió ochenta ($80) millones de dólares del gobierno estatal para ayudar a financiarlo.
Otro obstáculo es que el terreno requiere una limpieza ambiental debido a la contaminación industrial. En 2018, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) le otorgó a la CSDC una subvención de doscientos ($200) mil dólares destinados para limpiar el terreno. Pero CSDC no puede empezar hasta que tenga derechos sobre la propiedad, y según el portavoz, la CSDC no puede “cerrar el financiamiento” hasta que se realice la descontaminación.
Fue a partir de 2018 que un contrincante entró en escena: Cinespace Chicago Film Studio, el segundo estudio de televisión y cine más grande del país. Cinespace se encuentra a solo un par de cuadras hacia el este de Saint Anthony, en North Lawndale. Ese año, compró Crown Steel, una propiedad justo al oeste del sitio Washburne, por dos punto ocho ($2.8) millones de dólares. Cinespace tenía planes para construir otro estudio, pero para completar el proyecto necesitaba el lote de Washburne.
Cinespace tenía vínculos estrechos con la administración del alcalde Emanuel y otros poderosos de Chicago. En 2016, su presidente, Alexander Pissios, cooperó con el FBI para ayudar a derribar de su cargo a John Coli, entonces jefe del sindicato de camioneros de Chicago, por extorsión. Desde entonces, como ha puesto en evidencia el Sun-Times, Pissios tenía una deuda de un ($1) millón de dólares que desapareció y Cinespace fue capaz de comprar varias propiedades durante la administración de Emanuel ubicadas a unas millas de su estudio, entre ellas una para un proyecto valuado en setenta y cuatro ($74) millones de dólares con la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA por sus siglas en inglés), de los cuales cuatro ($4) millones de dólares en honorarios serían para Pissios y sus socios.
Pero la principal frustración de los residentes de La Villita es que Cinespace tomó posesión de las calles públicas cercanas a su ubicación actual, obstruyendo así a las rutas diarias de los residentes para ir al trabajo o a la escuela, y atravesar caminando, conduciendo o andando en bicicleta.
A pesar de los años que los ejecutivos de Saint Anthony pasaron tratando de obtener el terreno, “el plan de Pissios… parecía llevar la ventaja con Emanuel a cargo”, reportó el Sun-Times. El portavoz de Saint Anthony le dijo al Weekly que la administración de Emanuel “planteaba muchos más obstáculos” para obtener el terreno, más que los de Daley o Lori Lightfoot (la actual alcaldesa de Chicago).
En 2019, la Junta de Educación de Chicago abrió al público la posibilidad de adquirir el lote y anunció que aceptaría propuestas de desarrollo. Tanto Saint Anthony como Cinespace presentaron sus planes y los compartieron a los residentes locales en la primera reunión pública sobre el futuro del lote, organizada el 22 de agosto por el concejal del distrito 22, Michael Rodríguez.
Rodríguez, en cuyo distrito se ubica el lote y quien ya había expresado su apoyo a Focal Point cuando todavía era director en Enlace, parecía receptivo a ambas propuestas.
“Ambos ofrecen un número significativo de trabajos bien pagados para la gente de la clase trabajadora”, dijo Rodríguez en una entrevista con el Weekly. “Estamos hablando, esencialmente, de dos industrias —un hospital y la industria del cine—; ambas son productivas para que la gente trabajadora consiga empleos con sindicato”.
Al final, la junta dejó las propuestas en espera durante casi seis meses, sin actualizaciones, hasta diciembre de 2019, cuando, según el portavoz de Saint Anthony, anunciaron que no otorgarían el terreno a ninguno de los licitadores.
En febrero 2020, Medaglia envió un correo electrónico a los empleados de Saint Anthony con una actualización sobre el proyecto de Focal Point. Después de afirmar que “la administración de Emanuel detuvo el proyecto dando instrucciones a la Junta de Educación de poner fin al proceso de licitación por la última pieza de la propiedad”, Medaglia afirmó que si no podían obtener el sitio de Washburne, “es muy probable que Saint Anthony tendrá que cerrar. Esto dejaría sin un hospital a una zona pobre y sin la tan necesaria atención médica que proporciona”.
Medaglia continuó, compartiendo que había contratado a Michael Shakman, “un abogado de Chicago que en el pasado, ha entablado acciones legales contra la municipalidad”, (es el abogado detrás de los Decretos Shakman, las órdenes judiciales federales que limitan el patrocinio en las contrataciones de la ciudad) para “iniciar un diálogo” con la administración de Lightfoot. Si la administración rechaza la iniciativa, “él y su firma han sido autorizados a demandar a la municipalidad ante la corte federal, a fin de obtener la propiedad de Washburne”.
El portavoz de Saint Anthony reconoció que Medaglia había enviado el correo electrónico, pero afirmó que “nunca se ha mencionado nada sobre el cierre del hospital… Iniciamos esa conversación [efectivamente] y desde entonces hemos estado comunicándonos con la municipalidad”.
Mientras tanto, un portavoz de Cinespace declaró que “hace tiempo… CPS devolvió el dinero del depósito de garantía por el proceso de licitación para el lote vacante. Cinespace entiende que la propiedad ya no está disponible. Si vuelve a estarlo, tenemos la intención de considerarla como una opción para la expansión del estudio”.
En la reunión del 22 de agosto, Saint Anthony y Cinespace no fueron los únicos que presentaron un plan para el antiguo sitio de la Washburne. Algunos residentes de La Villita, que se reúnen libremente bajo el nombre de “Mi Villita”, llegaron a expresar su oposición a ambas propuestas. Quieren que la municipalidad conserve el terreno y lo utilice para el bien público.
Howard Ehrman, fundador del grupo y quien reside desde hace años en La Villita, teme que los avances puedan acelerar la gentrificación en el barrio. “Principalmente es por eso que nos oponemos”, dijo. “Creemos que los terrenos públicos deben seguir siendo públicos”. No deberían ser entregados a un desarrollo que describió como “principalmente un proyecto inmobiliario y, secundariamente, un hospital”.
Dolores Castañeda, quien reside desde hace varios años en el barrio y quien es voluntaria de Mi Villita, estuvo de acuerdo con Ehrman. “Queremos algo que sea para y por la comunidad, que le pertenezca. Todo lo que se construya en ese terreno debe provenir de las voces de la comunidad”, dijo.
Ehrman y otros de Mi Villita quieren que la municipalidad construya una nueva escuela vocacional en el lugar, una que sea “acorde al siglo XXI”. En un comunicado de prensa emitido en septiembre pasado, Mi Villita propusó una escuela que podría ofrecer capacitación en “oficios tradicionales y oficios del siglo XXI” de “energía renovable, informática, cuidado de salud, construcción, arquitectura, manufactura, agricultura urbana y (oficios como) electricista, carpintero, fontanería, (técnicos de) calefacción y aire acondicionado”. Además, se mencionó la necesidad de un programa de arte integral, ya que se señala que es algo que “hace falta en las escuelas secundarias de CPS, especialmente para los estudiantes de color de los lados sur y el oeste”.
La propuesta de Mi Villita, aunque carece del apoyo financiero y organizativo que tienen Saint Anthony y Cinespace, recuerda a lo que se dedicaba y logró el inquilino anterior del lote, la Washburne Trade School, un microcosmo de la historia de Chicago.
Fundada en 1919 como la Escuela de Comercio y Continuidad Washburne, contaba con el apoyo de muchos sindicatos poderosos. La escuela se trasladó a una antigua fábrica de carbón líquido en la 31st y Kedzie en la década de 1930. Además de la instrucción impartida por hasta diecisiete sindicatos diferentes y una planta física para la capacitación en oficios de manufactura y servicios, los estudiantes que se graduaron de Washburne recibieron tarjetas de aprendizaje sindical. “Washburne desempeñó un papel vital en la regulación de la formación y la oferta de trabajadores calificados en los oficios de la construcción”, escribió el investigador David L. Green en la “Urban Review” de 1992.
Pero Washburne no estaba abierta a todo el mundo. Sus estudiantes eran todos de raza anglosajona y en su mayoría hombres. “Desafortunadamente, esta historia de éxito entre el sindicalismo empresarial y el capitalismo… también sirvió para reforzar la práctica de la exclusión racial en la mayoría de los sindicatos de la construcción”, escribió Green. “Los sindicatos pudieron continuar sus políticas de exclusión con la aprobación implícita de los funcionarios de Washburne, las Escuelas Públicas de Chicago y el gobierno federal”.
Cuando cerca de la década de los años 60 Washburne finalmente integró a estudiantes de otras razas y mujeres, muchos sindicatos de la construcción dejaron de participar en los programas. En 1965, había diecisiete sindicatos en la escuela; en 1978, había ocho, y en 1993, sólo quedaban dos sindicatos. Junto con la retirada de capital del centro de la ciudad por parte de instituciones empresariales, industriales y financieras (también conocida como desinversión estructural) y redirigida a los suburbios, la base manufacturera del país experimentó un declive general.
La escuela cerró en 1993, reabriendo un año más tarde bajo el sistema de City Colleges of Chicago antes de cerrar definitivamente en 1996. Los enormes edificios fueron demolidos entre 2008 y 2009, y desde entonces el terreno ha funcionado como un basurero extraoficial.
“Lo que le pedimos a CPS es que no le venda el terreno a nadie”, dijo Ehrman. “Debido a que este pedazo de terreno en particular, está a cuatro cuadras del centro geográfico de la ciudad y que está alrededor de [la avenida] California y [la calle] 31, creemos que es territorio clave no sólo para construir una escuela secundaria vocacional, sino para pensar en otros proyectos públicos”.
Sifuentes, quien es además vicepresidente de Saint Anthony, afirmó que Focal Point no traería la gentrificación al barrio. “En realidad, queremos asegurarnos de que somos parte de la estabilización [de la] comunidad”, dijo.
Agregó que la parte comercial ayudaría al proyecto a tener éxito, pero que no competiría con los negocios locales. “Será comercio que no afectará al de la calle 26 en La Villita. De hecho, es esa venta al menudeo de productos básicos por la cual la gente va a Cicero y North Riverside. Lo acercaremos a la comunidad”.
Rodríguez piensa que el desarrollo de cualquiera de los proyectos es el mejor camino para el barrio. “Creo que cada vez que se hace un desarrollo, hay que poner en una balanza el hecho de que tenemos comunidades como La Villita, que históricamente no han contado con la inversión”, dijo.
A través de estos proyectos, “tenemos la oportunidad de hacer algo realmente positivo para nuestro vecindario y nuestra comunidad”. Según Rodríguez, ambos proyectos de desarrollo han acordado verbalmente pactos de beneficios comunitarios (CBA por sus siglas en inglés).
Pero algunos miembros de Mi Villita se oponen a la idea de ceder terrenos y fondos públicos a intereses privados. Y a otros, como Lacourdaire Camargo, quien ha vivido en el barrio por años, le parece sospechosa la unión de entidades públicas y privadas.
“Sabemos por un registro público que el concejal recién elegido en el distrito ha recibido contribuciones de campaña de parte del grupo de cabildeo [Roosevelt Group con Víctor Reyes], que está buscando asegurar, o ayudar a asegurar, el financiamiento para este proyecto”, dijo Camargo. “Y sabemos que los empleados del hospital también han estado haciendo contribuciones a la campaña del concejal, además del grupo de cabildeo y el director general del hospital”.
The Roosevelt Group, Reyes Kurson (firma de Víctor Reyes), Sifuentes y Medaglia han contribuido a la campaña con un total de aproximadamente cuatro mil setecientos ($4,700) dólares en cantidades que van desde lo doscientos ($200) a los mil quinientos ($1,500) dólares. En 2019, las conversaciones de Víctor Reyes con el ex concejal Danny Solís en las que Reyes le pedía al concejal que le enviara más oportunidades de negocios, fueron infamemente grabadas por el FBI.
Rodríguez niega que como resultado de las donaciones exista alguna influencia inadecuada. “Estoy muy orgulloso de los límites que me he impuesto en cuanto a aceptar donaciones de desarrolladores”, dijo. “Y seguiré siendo un defensor progresista de la reforma de la financiación de las campañas. Creo que es necesario para que las grandes corporaciones no puedan controlar a sus funcionarios electos”.
La pandemia COVID-19 ha creado otra serie de desafíos para Saint Anthony, y ha originado otro nivel de incertidumbre, como ya informó el Weekly.
El hospital ha estado gastando más para responder a la pandemia, al mismo tiempo que ha recortado el número de cirugías electivas y otros procedimientos que normalmente aportan ingresos. Mientras tanto, Saint Anthony no ha recibido suficiente asistencia federal, porque no tiene suficientes pacientes en Medicare, uno de los factores utilizados en el acta CARES para determinar cómo se distribuye el dinero de estímulo a los proveedores de servicios médicos.
Entre marzo y abril, el hospital perdió diez ($10) millones de dólares, según un artículo de Business Insider que cubrió a Saint Anthony y a otros hospitales que durante la pandemia están batallando financieramente. Incluso antes de la pandemia, Saint Anthony ya enfrentaba problemas financieros. Los funcionarios del hospital afirman que el estado se ha retrasado en varias ocasiones en el reembolso de los pagos de Medicaid y que, a partir de mayo, les debía veintidós ($22) millones de dólares acumulados desde mediados de febrero. En respuesta y en un intento de recuperar parte de ese dinero, Saint Anthony demandó al Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois.
Tampoco está claro cómo afectará la pandemia a los gobiernos estatales y municipales durante el próximo año, y si habrá fondos para grandes proyectos de capital como Focal Point. Cuando se le preguntó si los funcionarios del hospital todavía esperaban recibir fondos federales y estatales, el portavoz de Saint Anthony escribió: “No podemos saber cómo es que Springfield distribuirá los fondos en todo el estado. Nuestra atención se sigue centrando en la adquisición de financiación a través de las fuentes tradicionales de crédito, la inversión privada y la filantropía”.
El portavoz también argumentó que la pandemia había “aumentado las desigualdades de la salud” y demostró por qué “las comunidades de bajos ingresos necesitan acceso a los mismos servicios de salud y bienestar de calidad que las comunidades más ricas suelen tener… La pandemia debe alentar a todos los interesados, incluida la municipalidad de Chicago, a actuar con rapidez y así ayudar a la CSDC para que obtenga el apoyo necesario para que avance el proyecto”.
Por ahora, los once acres permanecen sólo como el sitio de grandes proyecciones y sueños. Atrapada en el purgatorio burocrático y de salud pública, la comunidad de La Villita, quizás dividida en opinión, está unida en su lucha por el aporte comunitario.
Adam Przybyl contribuyó a este reportaje.
Josephine Wang es una escritora originaria de Chicago. Este es su primer artículo para el Weekly.