Originally published on July 20, 2021 in English
“Estoy cansada”, dijo Elizabeth Cervantes desde el podio en una demostración de inmigración frente al Thompson Center en el centro de Chicago el 8 de julio. “Estoy cansada de esperar a tener los mismos derechos básicos que todos los demás. ¿Cuánto más debemos esperar?”
El viernes, 16 de julio, un juez federal de Texas bloqueó nuevas solicitudes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). DACA brinda alivio temporal de deportación y da autorización de trabajo a aproximadamente 800,000 jóvenes indocumentados en todo el país.
El Juez de distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, junto con un grupo de estados demandaron para poner fin al programa. Ellos argumentan que DACA fue creado ilegalmente por el ex presidente Barack Obama en 2012. Los defensores de inmigrantes dicen que un camino hacia la ciudadanía evitaría que DACA sea atacada y suspendida constantemente.
No se espera que la decisión afecte a los beneficiarios actuales de DACA, sólo a aquellos que van a solicitar por primera vez.
Los manifestantes hablaron de las barreras que enfrenta el programa durante el evento “We Can’t Wait” (‘No podemos esperar’) para exigir la ciudadanía para todos y detener las deportaciones. Organizaciones como Casa Michoacán, Arab American Action Network, Coalition for a Better Chinese American Community, Alliance of Filipinos for Immigrant Rights y muchas más asistieron al evento y levantaron carteles de colores que decían “No podemos esperar”, “Fin a las deportaciones” y “Ciudadanía para todos”.
Según la demanda contra DACA que se presentó en noviembre de 2020 durante la presidencia de Donald Trump, argumenta que los estados enfrentan daños irreparables y que DACA es una carga adicional ya que los estados tienen que brindar atención médica, educación y protección policial a los beneficiarios.
Sin embargo, la demanda no menciona el valor del programa para el gobierno, la economía o la pandemia en cuanto a los trabajadores esenciales. Una investigación del American Action Forum muestra que otorgar autorización de trabajo a los beneficiarios de DACA ha generado enormes beneficios económicos. Se estima que 380,000 beneficiarios de DACA empleados contribuyen un valor promedio de $109,000 cada uno a la economía por año.
Adicionalmente, al menos cinco millones de trabajadores esenciales han jugado un papel fundamental en la recuperación pandémica del país. A pesar de eso, los trabajadores esenciales que son indocumentados han sido en gran parte excluidos del alivio de COVID-19, están sujetos a condiciones explotadoras en el trabajo y más de dos tercios de los trabajadores indocumentados de los Estados Unidos desempeñan trabajos de primera línea en industrias esenciales. “Estos trabajadores esenciales deberían tener un camino a la ciudadanía en el país al que llaman hogar. Ellos han estado ahí para todos nosotros, ahora es el momento de que todos estemos ahí para ellos”, dijo el representante por Illinois, el congresista Jesús” Chuy “García (D).
“La decisión de DACA fue una señal de alerta”, dijo Marcelo Ferrer, director de servicios de inmigración de Logan Square Neighborhood Association. “Estamos cansados de la confusión que nuestros hermanos y hermanas con DACA han soportado durante los últimos años. Es por eso que pedimos al Congreso que apruebe un Dream Act independiente o que incluya una reforma migratoria en el presupuesto y la apruebe mediante la reconciliación presupuestaria. Estamos en la lucha de nuestras vidas”.
En la manifestación, los activistas de la organización Brighton Park Neighborhood Council corearon el lema “La gente unida, jamás será vencida”. Llevaban camisas anaranjadas y hacían ruido golpeando tapas de ollas, latas y cucharas de madera. La multitud en el Thompson Center comenzó a cantar y levantó los puños bajo el cielo fosforescente de verano.
“La primera vez que asistí a una acción de ICIRR para exigir la ciudadanía era una estudiante universitaria indocumentada de veinte años, y aquí seguimos luchando…”, dijo Cervantes. Ahora tiene treinta y dos años y está protegida por DACA. Además, Cervantes forma parte de la junta de ICIRR (Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois) y cree que existe una posibilidad de aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria que cree un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes. “Tenemos una oportunidad… pero necesitamos que nuestros miembros del Congreso luchen. Y no lo harán a menos que los presionemos”.
Durante su presidencia, Trump amenazó a los derechos y la libertad de los inmigrantes y refugiados. En repetidas ocasiones criminalizó a los mexicanos para justificar la creación de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y reforzó la detención de miles de niños centroamericanos que buscaban asilo.
En 2017 impuso una prohibición de viaje que prohibía emitir visas a inmigrantes de siete países mayoritariamente musulmanes, y en 2020 la amplió a trece. Ese año también terminó abruptamente el programa DACA, lo que provocó múltiples demandas en contra. El Servicio de Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) bloqueó todas las solicitudes nuevas y renovaciones recibidas después de ese octubre. En 2020, la Corte Suprema concluyó que la administración Trump no podía continuar con sus planes de suspender el programa porque no dio una justificación adecuada.
Ahora bajo Biden, los políticos progresistas creen que pueden aprobar una reforma migratoria y se basan en la llamada reconciliación presupuestaria como una forma de hacerlo. Se necesitan al menos sesenta votos en el Senado para aprobar un proyecto de ley, pero la reconciliación presupuestaria proporciona otra forma de aprobar legislación con una mayoría de votos en la Cámara y el Senado durante un lapso de veinte horas. Este proceso generalmente solo se utiliza cuando el mismo partido controla tanto la cámara del Congreso como la presidencia.
Hace varias semanas, García anunció que no respaldaría la reconciliación presupuestaria si no se incluía un camino hacia la ciudadanía. “Tenemos la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, el momento es ahora”, dijo.
García le dijo al Weekly que espera que la propuesta se enfoque en un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes de DACA, inmigrantes bajo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que enfrentan conflictos armados o desastres ambientales en su país, trabajadores agrícolas, y otros trabajadores esenciales.
Un proyecto de ley presentado en febrero define el tipo de trabajo esencial. Los inmigrantes indocumentados que trabajan en la atención médica, la manufactura, el trabajo doméstico, la industria de comida y la hostelería, el almacenamiento, y más, podrían ser elegibles.
“Nos alienta ver que los demócratas del Senado responden a las llamadas por un camino hacia la ciudadanía que se llevan a cabo aquí en Illinois y en todo el país”, dijo Brandon Lee, director de comunicaciones de ICIRR. “Aunque este es un paso crítico, todavía estamos en las primeras etapas de las negociaciones con muchos pasos por recorrer antes de que se apruebe un presupuesto final. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el organizarse funciona… ”.
A finales de este verano, se espera que el gobernador J.B. Pritzker apruebe una propuesta que pondría fin a los contratos entre ICE y los centros de detención en Illinois y limitaría la forma en que la policía interactúa con ICE. Pritzker asistió a la manifestación afuera del Centro Thompson y prometió firmar el proyecto de ley que convertiría a Illinois en el tercer estado en poner fin a los contratos de detención con ICE. “Nuestro momento es ahora. Quiero que nuestra comunidad de inmigrantes sepa que Illinois es y siempre será su hogar”, afirmó. Pero los defensores de inmigrantes se preocupan porque esto no detendrá las deportaciones, solo las interrumpirá.
La última vez que hubo un camino hacia la ciudadanía en los Estados Unidos fue hace treinta y cinco años cuando el entonces presidente Ronald Reagan firmó una amnistía. Pero esa misma reforma migratoria también impuso una seguridad más estricta en la frontera mexicana y sanciones para los empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados. Sin embargo, el proyecto permitió la residencia permanente a unos dos millones de inmigrantes.
Si la política en consideración solo aplica a beneficiarios de DACA, de TPS, trabajadores agrícolas, y trabajadores esenciales, aún dejaría fuera a personas como Bo Thai del centro HANA en Chicago, una organización sin fines de lucro que empodera a inmigrantes coreanos, asiáticos y multiétnicos.
Thai no tiene DACA. No es elegible porque llegó a los Estados Unidos en el 2009. Una de las reglas de DACA es que los solicitantes deben haber vivido en los Estados Unidos desde el 2007 hasta la actualidad.
Hay reglas estrictas para calificar para DACA. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no otorgará DACA a personas condenadas por un delito mayor o lo que USCIS llama un “delito menor significativo“, como robo, posesión ilegal o uso de un arma de fuego, conducir bajo la influencia del alcohol, y otros. Además, las personas no califican si no tienen un diploma de escuela secundaria, GED o no están inscritas en un programa para obtener un GED. Solicitar DACA también es un gasto enorme para los inmigrantes indocumentados y deben renovar cada dos años a un costo de $495 cada vez.
“Ser indocumentado me ha demostrado que no tengo acceso”, dijo Thai.
Thai ha luchado por encontrar trabajo y atención médica y no puede obtener una licencia de conducir debido a su estatus migratorio. Thai llegó a los Estados Unidos a la edad de trece años para vivir con su tía y su tío. Dice que la relación con sus padres y otros miembros de la familia se deterioró significativamente después de la separación.
El día de la manifestación, Thai dijo que recibió una llamada con la mala noticia de que el DACA de su amigo había expirado y que había sido despedido de su trabajo. “Este es un recordatorio de que DACA nunca fue suficiente”, dijo. El Instituto de Política Migratoria ha estimado que había alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos en 2018. Sin embargo, menos del 10 por ciento de la población de inmigrantes indocumentados califican para DACA.
Thai cree que el programa ha creado divisiones en la comunidad inmigrante. “DACA crea una narrativa de buenos inmigrantes que merecen estar en este país porque tienen un alto nivel educativo, versus malos inmigrantes”, dijo.
Aunque los defensores de los inmigrantes como los presentes en el centro de la ciudad dijeron que quieren la ciudadanía para todos. La representante de Illinois Jan Schakowsky (D), como García, dio a entender que es posible que no todos lo obtengan en este proyecto de ley. “Pero lo conseguiremos, y lo conseguiremos este año”, dijo.
La representante de Illinois, Marie Newman (D), dijo que como mínimo debería haber una oportunidad para los DREAMers y los trabajadores esenciales, pero que no termina ahí. “El hecho de que tengamos que pedir un camino a la ciudadanía [para trabajadores esenciales] es ridículo. Nos ayudaron a superar la maldita pandemia, por el amor de Dios. Conseguiremos que todos tengan un camino a la ciudadanía “.
En el mitin, tanto Schakowsky como Newman prometieron que también presionarían para reducir el financiamiento excesivo de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) e invertirlos en proyectos comunitarios para promover la ciudadanía.
Ambas también se comprometieron a presionar al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, para limitar en gran medida quién es una prioridad para la deportación a través de la discreción fiscal.
Para comenzar la marcha, los miembros de HANA se reunieron en la parte delantera tocando sus tambores y sus timbales. En 2006, en estas mismas calles se llevó a cabo una de las manifestaciones pro-inmigrantes más grandes en la historia de Chicago con cientos de miles de manifestantes que marcharon en las calles por esos derechos que nunca llegaron. Chicago fue el ímpetu inicial para muchas de las protestas por los derechos de los inmigrantes que le siguieron en todo el país ese año.
Esta vez, la gente marchó hacia Federal Plaza, y en Wabash Ave., entre la multitud, una madre empujaba a su bebé en un carrito. A un lado, su pequeña hija levantaba un letrero con el mensaje, “Legalización para todos” dibujado con corazones color de rosa alrededor. Su madre levantó el puño en solidaridad. Los niños y jóvenes de la Organización Africana Unida sostenían pancartas y gritaban: “Abolish ICE” (Abolir ICE).
Como en el 2006, la gente volvió a levantar una multitud de carteles con sus demandas, pero había uno nuevo: “No podemos esperar”.
Alma Campos es la editora de inmigración del Weekly. Ella escribió previamente sobre la disparidad de vacunas en los suburbios del sur de Chicago.