Photo credit: Kelly Garcia

El hermano del concejal Cárdenas ganó miles rentando el estacionamiento de escuelas de La Villita para Riot Fest

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Un acuerdo para rentar el estacionamiento de dos escuelas primarias conjuntas en La Villita durante Riot Fest, un festival de música en Douglass Park, ha resultado ser una sorpresa y una inconveniencia para los residentes locales.

En un contrato obtenido por South Side Weekly, la escuela María Saucedo y la escuela Telpochcalli, que comparten el edificio y el estacionamiento, acordaron rentar el estacionamiento a José Cárdenas, hermano del concejal George Cárdenas (12°), por la duración del festival privado en la comunidad vecina. 

José Cárdenas pagó una tarifa de $3,000 dividida entre ambas escuelas mientras cobraba a los asistentes entre $10 a $30 por cada espacio de estacionamiento, forzando a los residentes, que normalmente tienen acceso gratuito al estacionamiento cuando la escuela no está en sesión, a estacionarse en otro lugar. El concejal Cárdenas negó saber del contrato, pero dijo que habló con su hermano para “disuadirlo de hacer eso”.

José Cárdenas no respondió a nuestra solicitud de comentarios. 

Mientras tanto, los residentes del bulevar Marshall Blvd, donde se ubican las escuelas, dicen que la administración nunca les dijo que no iban a poder estacionarse ahí durante Riot Fest. Se enteraron a través de volantes colocados por activistas alrededor de la escuela, advirtiendo a los asistentes del festival que no usaran el estacionamiento porque el dinero se iría a la familia del concejal. 

“Prácticamente abusaron de su autoridad para hacer negocio con este lugar y no se sabe qué se hizo ese dinero”, dijo María Rivera, una residente de La Villita que vive al cruzar la calle.

Un representante del distrito escolar dijo que estaban al tanto del contrato con la compañía de José Cárdenas, pero que no estaban obligados a notificar a los residentes locales y que el estacionamiento no era para uso público. 

El liderazgo de las escuelas individuales negociaron los términos del contrato. En una reunión del concejo escolar local (LSC) de Telpochcalli el 2 de septiembre, los miembros del LSC inicialmente no aprobaron el contrato debido a la falta de comunicación de Cárdenas en años anteriores. En 2019, José Cárdenas no notificó a Telpochcalli que estaba usando el estacionamiento con solo la aprobación del LSC de Saucedo. 

Este año, los miembros del concejo escolar de Telpochcalli dijeron que sintieron que la decisión fue apresurada y sentían que no tenían más remedio que aprobar el contrato, ya que el concejo escolar de Saucedo ya lo había aprobado. Los miembros finalmente votaron a favor.

El 26 de agosto, los miembros del concejo escolar de Saucedo votaron 7-1 para aprobar el contrato. El único que no lo aprobó fue el representante comunitario del LSC, Miguel Blancarte, Jr.

“Mi preocupación era el bienestar de la comunidad”, dijo Blancarte. “En el pasado, los miembros de la comunidad no han estado contentos de que se rente el estacionamiento para Riot Fest debido a la perturbación que le causa a la comunidad y a los que viven en el camino hacia Douglass Park”.

Blancarte dijo que no sabía que el estacionamiento estaba siendo alquilado al hermano del concejal Cárdenas o cuánto le cobraron a los asistentes. “Creo que debería haber más transparencia sobre un evento en nuestra comunidad”, dijo Blancarte. “Creo que debería haber transparencia sobre quién organiza un festival. Yo no sabía nada de esto y no estoy seguro si las directoras tampoco sabían”. 

Un representante de la Junta de Ética de Chicago dijo que no podían dar una opinión sobre si el concejal Cárdenas violó el código de ética, pero dijo que la ley “no prohíbe que los funcionarios o empleados de la Ciudad o sus familiares tengan contratos con agencias hermanas como CPS”.

En un acalorado intercambio en Twitter con la concejala Rossana Rodríguez-Sánchez (33°) sobre el trato, el concejal Cárdenas tuiteó: “Te sugiero que aclares los hechos. ¡Llama a las directoras!” 

Durante una junta del Concejo Municipal, Rodríguez-Sánchez dijo que Cárdenas la amenazó luego del intercambio que tuvieron en Twitter. “Me pidió que hablara sobre lo que sucedió en Twitter”, dijo. “Dijo que yo no sabía los hechos y que él no sabía sobre el contrato de su hermano”. Luego, dijo la concejala que él comenzó a gritarle y le dijo: “Lo que estás haciendo tiene consecuencias”. 

El concejal Cárdenas dijo que se acercó a la concejala Rodríguez-Sánchez a causa de sus comentarios para que hubiera un entendimiento mutuo de que él “no tenía nada que ver” con ese trato.

La directora de Telpochcalli, Tamara Witzl, y la directora de Saucedo, Virginia Hiltz, no respondieron a nuestras solicitudes de comentarios.

Esta no es la primera vez que el concejal Cárdenas ha sido criticado por mezclar negocios familiares con la política. 

El año pasado, el Sun-Times informó que el concejal Cárdenas fue nombrado en una demanda por un médico de Chicago que acusaba a su socio de usar los fondos de la compañía para sobornar al concejal Cárdenas con contribuciones de campaña, un reloj caro y viajes a Miami y Los Ángeles. El reportaje también mostró que el concejal recomendó que la misma compañía, Omni Medical Student Training, contratara a su hermano, José Cárdenas, para que fuera su contador, lo cual hicieron. 

En 2009, el Tribune informó que varios miembros del Concejo, incluido el concejal Cárdenas, usaron fondos públicos para contratar a sus familiares. Descubrieron que Cárdenas estaba usando el fondo secreto para pagarle a su padre para hacer trabajos en su oficina.

Su padre todavía está empleado por la Municipalidad como ayudante del concejal Cárdenas, según el Portal de Datos de Chicago. 

El concejal Cárdenas tiene la intención de postularse para la Junta de Revisión en 2022, una junta de tres miembros que supervisa las apelaciones de impuestos a la propiedad. Su mandato actual como concejal termina en 2023; aún no ha indicado si tiene la intención de postularse para la reelección.

“Ha hecho muchas promesas pero no las cumple”, dijo Rivera. “Más que nada, la comunidad ha sido engañada y necesitamos un cambio”.

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Kelly García es una periodista freelance de educación y anteriormente fue becaria de reportaje cívico en City Bureau y becaria de verano en Injustice Watch. Escribió anteriormente para el Weekly sobre los estudiantes de educación especial desatendidos durante COVID.

 

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